El asesinato de la lideresa del pueblo Yanacona María Ovidia Palechor Narváez y del dirigente campesino y político James Flor encendió las alarmas en el Cauca y reavivó el reclamo de las organizaciones sociales para que las autoridades esclarezcan los hechos y garanticen la protección de quienes defienden los derechos humanos en el territorio.

El gobernador mayor del pueblo Yanacona, Ilmo Gabriel Palechor Narváez, despidió con dolor a la lideresa, a quien recordó como una mujer entregada a la defensa de los derechos colectivos, de las mujeres indígenas y campesinas y al fortalecimiento de los procesos organizativos.

"María Ovidia Palechor ha sido una dura luchadora, guerrera por la organización de nuestros pueblos", expresó la autoridad indígena, quien exigió a los organismos de investigación que el crimen no quede en la impunidad.

El gobernador mayor también lanzó un llamado al país: "Todos los colombianos necesitamos vivir en un país en paz, así tengamos que pensar diferente", dijo, al insistir en que el respeto por la vida debe imponerse sobre cualquier diferencia política o ideológica.

Walter Aldana, líder social y político del Cauca, calificó los hechos como una tragedia y advirtió que detrás de estos ataques estaría la intención de desarticular los procesos organizativos del departamento asesinando a sus dirigentes.

Aldana recordó que tanto María Ovidia como James dedicaron su vida a los sectores campesinos, indígenas, afrodescendientes y urbanos. Con ella compartió espacios en la Mesa Departamental de Víctimas y en la interlocución con el Gobierno Nacional; de él destacó su trayectoria política, su aspiración a la alcaldía y la humildad con la que construía sus propuestas comunitarias.

El defensor de derechos humanos Mauricio Capaz entregó una versión preliminar recogida desde las comunidades: los dos líderes habrían sido abordados en medio de la situación de violencia que atraviesa la zona, aunque subrayó que corresponde a las autoridades establecer con precisión las circunstancias de las muertes y determinar si ambos casos están relacionados.

Capaz pidió prudencia frente a las versiones que circulan y reclamó una investigación exhaustiva. Advirtió, además, que la violencia contra los liderazgos sociales trasciende a las víctimas directas: golpea los procesos organizativos y siembra miedo en las comunidades.

"La muerte de ambos dirigentes no puede convertirse en otro caso más sin resultados judiciales", enfatizó, al reclamar garantías para quienes siguen acompañando a las comunidades del Cauca.

Los hechos se inscriben en un contexto nacional alarmante.Son 103 líderes sociales asesinados durante Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado más de 1.600 asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz en el país, con el Cauca como uno de los departamentos más golpeados por este fenómeno.

Mientras las investigaciones avanzan, las comunidades del Cauca esperan respuestas claras: identificación de los responsables, establecimiento de los móviles y, sobre todo, garantías efectivas para que la defensa de los derechos humanos deje de ser una actividad de alto riesgo en Colombia.