El recrudecimiento del conflicto armado continúa dejando profundas consecuencias humanitarias en el departamento del Cauca. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo, al presentar un balance sobre las vulneraciones de derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en el que expuso cifras preocupantes de violencia contra la población civil.

El panorama está relacionado con las disputas territoriales entre diferentes organizaciones armadas ilegales, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las antiguas Farc agrupadas en el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y estructuras del crimen organizado.

Según la entidad, estos grupos mantienen confrontaciones por el control de corredores estratégicos utilizados para actividades relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal, los cultivos de uso ilícito y las rutas de conexión con la costa Pacífica. Esta disputa ha incrementado los riesgos para las comunidades, que enfrentan amenazas, restricciones a la movilidad, desplazamientos y confinamientos.

Durante un encuentro realizado en Popayán, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se reunió con autoridades regionales y locales, representantes institucionales y organizaciones sociales para examinar la persistencia de la crisis humanitaria, un año después de la presentación del informe Cauca: voces que resisten 2024-2025.

La funcionaria manifestó su preocupación por la continuidad de los homicidios, las masacres, las desapariciones forzadas y los ataques contra líderes sociales y personas firmantes del Acuerdo de Paz.

“Tristemente persisten los homicidios, las masacres, las desapariciones forzadas, las agresiones contra liderazgos sociales y contra personas firmantes del Acuerdo de Paz”, expresó Marín Ortiz, quien también destacó la valentía de quienes continúan apostándole a la construcción de paz pese a las amenazas y la violencia.

1.747 homicidios y 31 masacres

Las cifras recopiladas por los organismos de seguimiento reflejan la gravedad de la situación. De acuerdo con la Policía Nacional, entre 2024 y mayo de 2026 se contabilizaron 1.747 homicidios en el Cauca.

El registro corresponde a 827 asesinatos durante 2024, otros 848 en 2025 y 72 entre enero y mayo de 2026.

A este panorama se suman las masacres. Según Indepaz, entre 2024 y julio de 2026 se documentaron 31 hechos de esta naturaleza, que dejaron 134 personas asesinadas. Los municipios afectados incluyen Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Corinto, López de Micay, Miranda, Santander de Quilichao, Suárez y Toribío.

La violencia también ha golpeado a los sectores que trabajan por la defensa de los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz. Indepaz reportó el asesinato de 17 personas firmantes del acuerdo entre 2024 y el 9 de julio de 2026, mientras que la Defensoría registró 84 homicidios de líderes y lideresas sociales durante el periodo analizado.

Otro de los fenómenos que genera preocupación es la desaparición forzada. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) reportó 359 casos entre enero de 2024 y mayo de 2026.

Las mayores concentraciones se identificaron en Argelia, El Tambo, Patía, Suárez, Santander de Quilichao y Caloto.

En materia de desplazamiento forzado, la Defensoría del Pueblo contabilizó 15.492 personas afectadas por desplazamientos masivos entre enero de 2024 y junio de 2026. Argelia, López de Micay, Balboa y Suárez aparecen entre los municipios con mayores afectaciones.

La situación es todavía más compleja frente al confinamiento. Durante ese mismo periodo, 31.471 personas resultaron afectadas por restricciones a la movilidad y al desarrollo de sus actividades cotidianas. De ellas, 14.306 pertenecen a pueblos indígenas y consejos comunitarios.

El Pacífico caucano y el sur del departamento concentran algunas de las situaciones más críticas, debido a los enfrentamientos armados, la presencia de artefactos explosivos y las imposiciones de control territorial por parte de estructuras ilegales, circunstancias que dificultan el acceso de las comunidades a servicios básicos y atención institucional.

La vinculación y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de organizaciones armadas ilegales constituye otra de las graves preocupaciones expuestas por la Defensoría.

Entre enero de 2024 y mayo de 2026 se documentaron 595 casos de reclutamiento de menores de edad en el Cauca: 399 durante 2024, 182 en 2025 y 14 en los primeros cinco meses de 2026.

De acuerdo con el reporte, 389 de los casos corresponden a menores pertenecientes a comunidades indígenas, lo que evidencia el impacto particular de esta problemática sobre los pueblos originarios.

Páez, Corinto, Toribío, Argelia y Caldono figuran entre los municipios con mayores registros.

A estas vulneraciones se agregan las violencias basadas en género. La Defensoría atendió 758 casos entre enero de 2024 y junio de 2026, de los cuales 119 estuvieron relacionados con vulneraciones de derechos de mujeres lideresas, principalmente afrodescendientes e indígenas.

Frente a este escenario, el Ministerio Público mantiene 20 Alertas Tempranas vigentes que abarcan prácticamente todas las subregiones del departamento y advierten sobre los riesgos derivados de las disputas entre grupos armados ilegales.

Entre las advertencias más recientes se encuentran la Alerta Temprana 018 de 2026, correspondiente a Popayán, y la 022 de 2026, para el municipio de Mercaderes.

La Defensoría insistió en la necesidad de fortalecer las acciones institucionales para proteger a las comunidades, prevenir nuevas vulneraciones y recuperar las condiciones de seguridad en los territorios.

Finalmente, Iris Marín Ortiz recordó que el Cauca experimentó una reducción de la violencia después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y que esa experiencia demuestra que es posible recuperar condiciones de tranquilidad.

“El Cauca sí conoció la reducción de la violencia después de la firma del Acuerdo de Paz. Los años 2016, 2017 y 2018 demostraron que el Cauca pudo vivir en paz y que puede volver a hacerlo, al igual que el país”, afirmó.

La defensora concluyó que es necesario aprovechar las oportunidades para retomar una agenda territorial de desarrollo y conservación que permita enfrentar las causas estructurales de la violencia y ofrecer alternativas a las comunidades que permanecen atrapadas en medio del conflicto armado.