Concejal José Luis Diago interpone tutela por presunta privatización irregular del espacio público en el centro histórico de Popayán

La intervención habría afectado andenes públicos sin licencias ni autorización del Concejo del Municipio.

En defensa de los derechos fundamentales a la dignidad humana, el debido proceso, la accesibilidad y el uso adecuado del espacio público, el concejal de Popayán José Luis Diago Franco interpuso una acción de tutela ante el Juzgado Segundo de Familia de esta ciudad. La acción judicial está dirigida contra la Alcaldía Municipal, a raíz de la reciente adecuación de un parqueadero público en la manzana 99, predio donde anteriormente funcionó el centro comercial Anarkos.

Diago, quien ejerce como concejal por el Estatuto de la Oposición tras haber obtenido la segunda votación en las elecciones a la Alcaldía, denuncia que la intervención se realizó sin contar con autorización del Concejo Municipal, ni con las licencias urbanísticas exigidas, estudios de movilidad, ni conceptos técnicos sobre uso del suelo. Además, el predio se encuentra en el centro histórico de Popayán, declarado Bien de Interés Cultural de la Nación, por lo que cualquier obra requeriría aprobación del Ministerio de Cultura.

Uno de los puntos centrales de la tutela es la afectación al espacio público peatonal: los andenes que rodean el predio habrían sido ocupados parcialmente por la operación del parqueadero, impidiendo la libre circulación de personas en condición de discapacidad, adultos mayores y usuarios del espacio urbano en general. Esta situación, argumenta Diago, configura una forma de exclusión urbana.

“Popayán no puede seguir construyéndose desde la exclusión. El derecho a caminar con dignidad no puede sacrificarse en nombre del desarrollo. El espacio público no se negocia: se respeta y se protege”, afirmó el concejal.

Además del impacto en la movilidad peatonal, la tutela cuestiona la legalidad del uso comercial del predio, que genera ingresos como parqueadero sin que exista claridad sobre su regulación, registro mercantil o la destinación de los recursos recaudados. El predio es de naturaleza mixta: 30% de propiedad pública y 70% privada, situación que exige especial rigurosidad en la administración de su uso.

En el marco de la tutela, el concejal solicita que se vincule a la Secretaría de Planeación, para que informe si autorizó el cambio de uso del suelo, y a la Secretaría de Gobierno, para que aclare qué medidas ha tomado frente a la ocupación del espacio público. También pide remitir el expediente a la Procuraduría General, la Fiscalía y la Contraloría, con el fin de que se investigue la posible existencia de faltas disciplinarias, delitos o irregularidades fiscales.

La acción judicial, que invoca tanto normas constitucionales como tratados internacionales ratificados por Colombia, abre una discusión sobre el modelo de ciudad que se está consolidando en Popayán: si es uno basado en el respeto al interés general, el control institucional y la equidad en el uso del espacio urbano, o si, por el contrario, se privilegia el beneficio particular por encima de la legalidad y la inclusión.

“Hoy no se tutela solo un andén. Se tutela la dignidad de quienes caminan, de quienes luchan por una ciudad más justa, más accesible y verdaderamente pública”, concluyó Diago, haciendo un llamado a repensar la ciudad desde la perspectiva de los derechos fundamentales.

La decisión del juzgado será determinante no solo para este caso puntual, sino para la definición futura del modelo de desarrollo urbano en la capital caucana.