Concejales de Cajibío ordenaron contrato que derivó en millonario robo y disputa judicial
La Fiscalía indaga un posible entramado de corrupción que involucra a la alcaldesa Diana Cabanillas, tres concejales y la representante de ASOCOMUNAL, tras el robo de $158 millones destinados al transporte escolar.
Un presunto caso de fleteo ocurrido en Popayán el 3 de diciembre de 2024 desató una investigación penal que hoy tiene en la mira a la alcaldesa de Cajibío, Diana Cabanillas, y a tres concejales de ese municipio caucano por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción y omisión.
Lo que comenzó como un robo, terminó revelando presunta corrupción
Según la denuncia radicada bajo el número 190016000602202402380, una mujer fue víctima de un atraco en inmediaciones de Terra Plaza, en Popayán. El hecho ocurrió horas después de haber retirado $158.900.000 de Bancolombia, dinero consignado por el municipio de Cajibío para subsidiar el transporte de estudiantes de bajos recursos.
La víctima resultó ser la representante legal de ASOCOMUNAL, organización beneficiada con un contrato derivado del Acuerdo 010 del 27 de junio de 2024, aprobado por el Concejo Municipal de Cajibío.
Concejales y alcaldesa, bajo la lupa
El ente investigador La Fiscalía señala a los concejales.
Lo que parecía un simple caso de hurto se convirtió en la puerta de entrada a una investigación más compleja. La Fiscalía determinó que el verdadero foco está en los concejales de Cajibío, en especial la mesa directiva y quienes votaron favorablemente el acuerdo, quienes habrían direccionado el contrato a favor de ASOCOMUNAL, induciendo en error a la alcaldesa Diana Cabanillas. que dichos cabildantes habrían inducido en error a la alcaldesa Diana Cabanillas para expedir la resolución que oficializaba el contrato.
Los concejales José Alveiro Vega Gómez, Juan Pablo Reyes Campo y Robert Caldón Galvis son señalados por:
Tráfico de influencias (Art. 411)
Prevaricato por acción (Art. 413)
Interés indebido en la celebración de contratos (Art. 409)
El acuerdo aprobado por el Concejo ordenaba explícitamente que la contratación debía realizarse con ASOCOMUNAL, vulnerando principios de la Ley 80 de contratación pública como la libre competencia, el mérito y la transparencia.
¿Fleteo o cortina de humo?
Además de las posibles irregularidades contractuales, la Fiscalía indaga si el fleteo fue un hecho fortuito o parte de una estrategia encubierta para desviar fondos. Actualmente, hay disputas entre la representante de ASOCOMUNAL y los concejales implicados, lo que añade suspicacias a la trama.
No se puede olvidar que se trata de recursos públicos destinados a estudiantes de bajos recursos. La posible pérdida de $158 millones y el uso de un acuerdo del Concejo para direccionar la contratación revelan prácticas clientelistas que afectan directamente a los más vulnerables del municipio.
Esta historia no termina con una denuncia ni con una investigación en curso. Lo grave es que, como suele ocurrir en estos casos, el dinero desaparece, las responsabilidades se diluyen y los más perjudicados siguen siendo los ciudadanos que nunca reciben lo prometido. El llamado es a que las autoridades actúen con rigor y transparencia para que esto no quede en la impunidad.
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