Concejo de Popayán: mucho control político a las obras, ¿y los $454 millones en publicidad de Muñoz Bravo?

Mientras los concejales cuestionan obras atrasadas y baja ejecución presupuestal, no se encontró un pronunciamiento específico sobre los $454 millones contratados para publicidad.

Collage con fotografía grupal de los concejales de Popayán, una ilustración de contrato de pauta con Meridiano Comunicaciones y el valor de $454 millones.

Mientras los concejales cuestionan retrasos en infraestructura, fotomultas y baja ejecución presupuestal, no se identificó un pronunciamiento público específico sobre el millonario contrato de pauta institucional adjudicado a Meridiano Comunicaciones S.A.S. La corporación tiene instrumentos legales para examinar esta contratación.

El Concejo Municipal de Popayán ha levantado la voz para cuestionar los retrasos de la Avenida de los Próceres, el modelo de fotomultas y la baja ejecución presupuestal. Sin embargo, en la revisión de sus publicaciones oficiales y registros públicos disponibles hasta el 16 de noviembre de 2026, PeriódicoVirtual.com no encontró un pronunciamiento específico sobre los $454 millones contratados por la administración del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo para publicidad institucional.

El contrato número 20261800044447 fue adjudicado a Meridiano Comunicaciones S.A.S., representada legalmente por Juan Sebastián Fuentes Campo, mediante el proceso de selección abreviada de menor cuantía MP-SG-SM-004-2026.

El objeto contempla difundir información institucional de la Alcaldía en radio, televisión, prensa escrita, portales digitales y redes sociales, con plazo contractual de terminación hasta el 30 de noviembre de 2026. En el documento figura Edwin Heiver Muñoz Vásquez, entonces secretario general del municipio, como delegado de contratación.

La noticia fue documentada por PeriódicoVirtual.com el 13 de noviembre y abrió una discusión sobre las prioridades del gasto municipal. Pero hay otra pregunta que no debería perderse entre los informes de gestión y los discursos sobre transparencia: ¿qué seguimiento específico están haciendo los 19 concejales a estos recursos?

Un Concejo que cuestiona otras inversiones, pero sin pronunciamiento identificado sobre la pauta

La revisión del portal oficial del Concejo permitió establecer que la corporación sí ha adelantado debates sobre asuntos importantes para la ciudad. El 4 de noviembre cuestionó la baja ejecución presupuestal, particularmente en dependencias como Infraestructura, Tránsito y Desarrollo Agroambiental.

El concejal Alexander Trujillo advirtió sobre las dificultades para transformar recursos disponibles en obras y servicios. La Presidencia del Concejo anunció una evaluación de los compromisos y metas de las secretarías.

El 11 de noviembre, el concejal José Alexander Campo cuestionó los retrasos de la Avenida de los Próceres, una obra que registra un avance físico del 19,88 %, según las cifras presentadas en la corporación con corte al 29 de octubre. La discusión incluyó la posibilidad de una nueva citación a control político e incluso una moción de censura.

El 12 de noviembre, el Concejo también divulgó cuestionamientos sobre la participación privada en los ingresos de tránsito mediante el esquema relacionado con EMTEL y Quipux. Son debates relevantes que demuestran que existen herramientas de vigilancia y concejales dispuestos a utilizarlas.

Precisamente por eso resulta pertinente preguntar por qué no aparece un ejercicio público equivalente y específico alrededor de los $454 millones de publicidad institucional. No encontrar un pronunciamiento en los registros consultados no demuestra que ningún concejal haya solicitado información por vías no publicadas ni que la corporación haya decidido guardar silencio. Pero sí deja sin documentar, por ahora, una actuación de control sobre este contrato concreto.

¿Qué van a revisar los concejales de los $454 millones?

El contrato establece las siguientes cantidades y valores:

ServicioCantidadValor
Redes sociales5.000$136.835.000
Radio4.000$120.668.000
Prensa digital550$107.250.000
Prensa escrita6$33.104.400
Televisión1.000$31.833.000
Revistas4$24.309.600
Total10.560$454.000.000

Se trata de cantidades contractuales, no de servicios cuya ejecución o pago esté acreditado en la documentación examinada. La inversión merece una revisión que permita establecer si los precios fueron adecuadamente sustentados y cómo se comprobará cada publicación, emisión y producto contratado.

También resulta importante identificar qué medios recibirán los recursos y cuánto corresponde a cada uno. El contrato examinado no contiene la distribución definitiva del dinero entre las emisoras, canales, periódicos y portales digitales participantes. Esa información debería encontrarse en los instrumentos de ejecución y en el plan de medios correspondiente.

¿Algún concejal ha solicitado ese plan? ¿Se ha revisado cómo se seleccionaron los medios? ¿Se conocen los indicadores de impacto que permitirán justificar la inversión? Estas preguntas no requieren discursos especialmente elaborados. Requieren documentos.

Hay una diferencia de $47,7 millones en el contrato que también merece revisión

La investigación de PeriódicoVirtual.com identificó otra situación concreta. En la página cinco, la cláusula quinta establece en letras un valor de $454 millones, pero entre paréntesis registra $406.290.000. La diferencia asciende a $47.710.000.

La identificación inicial del contrato, la tabla de valores y el monto adjudicado coinciden en $454 millones. Esto permite identificar una inconsistencia documental, pero no constituye prueba de un sobrecosto, de una modificación irregular ni de pagos indebidos. Aun así, es razonable solicitar una aclaración formal.

Un contrato financiado con recursos públicos, destinado además a apoyar estrategias de transparencia y divulgación, debe ofrecer información económica precisa. Y el Concejo cuenta con competencias para solicitar explicaciones a la administración. La pregunta es sencilla: ¿se ha requerido la aclaración de esa diferencia o todavía no existe una actuación pública documentada sobre el asunto?

El control político no es una cortesía con la Alcaldía

La Ley 136 de 1994 establece, en su artículo 38, que corresponde al Concejo ejercer control sobre la administración municipal. Para ello puede citar a secretarios, jefes de departamentos administrativos y representantes legales de entidades descentralizadas, así como solicitar información escrita relacionada con sus funciones.

El artículo 32 también contempla atribuciones para exigir informes y examinar la gestión del municipio. Esto significa que la corporación dispone de mecanismos institucionales para revisar la contratación, aunque la adjudicación y ejecución correspondan a la Alcaldía.

No sería correcto responsabilizar a los concejales por haber adjudicado directamente este contrato. Tampoco puede afirmarse que aprobar el presupuesto municipal equivalga a aprobar individualmente cada contratación del alcalde. Su responsabilidad política está en examinar la gestión, solicitar información y hacer públicas las explicaciones que resulten relevantes para la ciudadanía.

Si el Concejo está facultado para exigir resultados sobre una obra vial, también puede examinar la necesidad, oportunidad y ejecución de un contrato millonario de publicidad institucional. La vigilancia de los recursos públicos debe aplicarse con criterios consistentes.

Las preguntas que debería responder el control político

El seguimiento a esta contratación podría concentrarse en asuntos concretos:

  1. Necesidad y planeación: ¿qué estudios justificaron destinar $454 millones a esta estrategia de comunicación durante los últimos meses de 2026?
  2. Plan de medios: ¿cuáles son los medios seleccionados, qué cantidades se les asignaron y bajo qué criterios?
  3. Costos: ¿cómo se establecieron los precios unitarios y qué comparaciones de mercado los respaldan?
  4. Ejecución: ¿cuántas publicaciones y emisiones se han realizado y cuáles son sus soportes?
  5. Pagos: ¿cuánto dinero se ha obligado y pagado efectivamente, y qué servicios sustentan cada desembolso?
  6. Resultados: ¿qué beneficio concreto obtuvo la población con la información divulgada?
  7. Aclaraciones: ¿cuál es el valor jurídicamente aplicable frente a la inconsistencia de la cláusula quinta y qué fecha de inicio acredita el acta respectiva?

Esta última cuestión merece precisión porque el cronograma original preveía iniciar el 28 de septiembre, mientras un registro posterior de seguimiento contractual señala el 5 de octubre. La fecha efectiva requiere contrastarse con el acta de inicio. Los interrogantes son verificables y permiten desarrollar un control político basado en evidencias.

Cuando la publicidad tiene cifras y las obras siguen esperando

La discusión sobre la pauta institucional adquiere especial importancia en una ciudad donde continúan abiertos debates sobre infraestructura y servicios públicos. La propia Alcaldía informó durante 2026 sobre la entrega de un parque infantil en San Andrés por $62,4 millones.

Los $454 millones contratados para publicidad representan el equivalente presupuestal aproximado de siete intervenciones de costo similar. No significa que estos recursos puedan trasladarse automáticamente a la construcción de parques, ni demuestra que la publicidad haya desplazado obras específicas. La comparación permite dimensionar el gasto.

La ciudadanía puede conocer el número de publicaciones contratadas, las emisoras previstas o la cantidad de comerciales acordados. Pero necesita saber algo más importante: qué utilidad pública tienen esas campañas y cómo será evaluada. La buena comunicación institucional puede orientar, prevenir riesgos y facilitar el acceso a servicios. Lo que no puede hacer es sustituir los resultados administrativos.

El desafío del Concejo: pasar de las declaraciones a las verificaciones

Los debates sobre Los Próceres, las fotomultas y la ejecución presupuestal demuestran que la corporación tiene capacidad para examinar decisiones de la Alcaldía. La pregunta ahora es si esa capacidad también se aplicará al contrato de publicidad con Meridiano Comunicaciones.

No se trata de exigir que los concejales condenen una contratación sin examinar sus soportes. Precisamente lo contrario: se trata de establecer si están dispuestos a revisar sus condiciones con el mismo rigor que reclaman para otras inversiones municipales. Tampoco corresponde afirmar que el contrato es ilegal por su cuantía o que existe complicidad por la ausencia de un pronunciamiento encontrado en fuentes públicas.

Pero una contratación de $454 millones merece información suficiente, seguimiento verificable y explicaciones abiertas a la ciudadanía. El Concejo puede demostrar su vigilancia con cuestionarios, respuestas documentadas, informes de supervisión y conclusiones que permitan conocer los resultados del gasto.

Popayán no necesita una corporación que únicamente produzca titulares sobre problemas ya conocidos. Necesita que sus ejercicios de vigilancia se traduzcan en información útil, responsabilidades claramente establecidas y resultados comprobables.

En el caso de los $454 millones destinados a publicidad institucional, todavía no encontramos evidencia pública suficiente para establecer que se haya realizado un examen específico desde el Concejo Municipal. La oportunidad de documentarlo sigue abierta.

Porque el control político no debería medirse por la intensidad de una intervención ante el micrófono, sino por lo que permite esclarecer sobre la administración de los recursos de todos.

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