Condenan a dos exuniformados por las chuzadas ilegales en el caso de las empleadas de Laura Sarabia
De acuerdo con la decisión judicial, Correa Loaiza fue sentenciado a 11 años y 3 meses de prisión, mientras que Morales deberá cumplir 12 años y 1 mes.
El Juzgado 53 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá condenó al excapitán Carlos Andrés Correa Loaiza y al expatrullero Jhon Fredy Morales por su responsabilidad en las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de Marelbys Meza y Fabiola Perea, quienes trabajaban como empleadas domésticas en la vivienda de Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido.
De acuerdo con la decisión judicial, Correa Loaiza fue sentenciado a 11 años y 3 meses de prisión, mientras que Morales deberá cumplir 12 años y 1 mes.
Ambos fueron hallados culpables de los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.
La jueza negó la posibilidad de prisión domiciliaria y ordenó que los condenados cumplan su pena en un establecimiento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). No obstante, la orden de captura solo se hará efectiva una vez la sentencia quede en firme.
Según la Fiscalía General de la Nación, los dos exuniformados, que hacían parte del área de comunicaciones, manipularon documentos judiciales para vincular falsamente a Meza y Perea con una investigación contra alias Siopas, integrante del Clan del Golfo.
En esos informes, incluso las identificaron con los alias de la madrina y la cocinera, lo que permitió obtener aval judicial para interceptar sus líneas telefónicas.
Estas acciones ocurrieron en medio de la polémica por la pérdida de un maletín con dinero en la vivienda de Sarabia, hecho que provocó su salida de la Casa de Nariño en 2023.
El caso tomó mayor relevancia cuando Marelbys Meza denunció haber sido llevada a un sótano en la Presidencia de la República, donde fue sometida a una prueba de polígrafo durante varias horas, bajo sospecha de haber extraviado el dinero.
Este fallo se convierte en uno de los más significativos dentro del escándalo conocido como las “chuzadas ilegales”, que puso en entredicho el uso de mecanismos judiciales para fines distintos a los permitidos por la ley.