Conductor de ambulancia secuestrado en Tibú asegura que fue obligado a transportar paquetes para las disidencias

Un video que circula en redes sociales y que sería utilizado como prueba de supervivencia de un conductor de ambulancia secuestrado en Tibú, Norte de Santander, abrió nuevos interrogantes sobre las circunstancias que rodearon su desaparición y sobre la posible utilización de vehículos destinados a la misión médica para actividades de grupos armados.

El trabajador, identificado como Bonilla, habría sido retenido el pasado 10 de septiembre en zona rural de Tibú, en medio de la compleja situación de orden público que atraviesa la región del Catatumbo. En la grabación, el hombre entrega un testimonio en el que asegura haber sido obligado durante meses a transportar paquetes desde Cúcuta hasta Tibú.

Según su relato, los recorridos habrían estado relacionados con integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc. El conductor manifestó que inicialmente se negó a realizar estas actividades, pero posteriormente habría recibido amenazas dirigidas contra personas de su entorno familiar.

“Mi profesión es conductor de ambulancia. Los servicios que yo le prestaba a la banda de las FARC era bajarles paquetes en ambulancia”, afirmó el trabajador en el video.

Bonilla señaló durante la grabación a un hombre al que identificó como Pedro, quien presuntamente habría sido la persona encargada de involucrarlo en el traslado de las encomiendas. De acuerdo con su versión, las presiones aumentaron después de que manifestó su negativa a continuar con los recorridos.

El conductor aseguró que incluso le habrían mostrado fotografías de familiares como mecanismo de intimidación para obligarlo a cumplir con las instrucciones recibidas.

“Yo le decía que no al principio y me amenazaron. Me mostraron una foto de un familiar, de mi papá, de mi mujer que yo no conocía”, relató.

El testimonio sostiene que los desplazamientos se habrían prolongado durante aproximadamente ocho meses, con una frecuencia de una o dos veces por semana. Los paquetes eran recogidos en Cúcuta y posteriormente trasladados hasta Tibú, donde, según explicó, otras personas se encargaban de recibirlos.

El trabajador afirmó que desconocía qué contenían las encomiendas. Dijo que los paquetes estaban envueltos y que recibía instrucciones sobre su cuidado durante el recorrido.

Otro de los aspectos mencionados en el video tiene que ver con los pagos que, según Bonilla, recibió por realizar los desplazamientos. El conductor reconoció que además de las supuestas amenazas, su situación económica influyó en su decisión de continuar con la actividad.

En su declaración, incluso manifestó que llegó a considerar diferentes posibilidades sobre el contenido de los paquetes, entre ellas drones, municiones o dinero, aunque aclaró que nunca tuvo certeza de qué transportaba.

“Yo me considero que actué por la plata, fui víctima, pues me amenazaron, pero me ofrecieron plata y yo, claro, también por la economía lo acepté”, expresó.

El caso genera preocupación debido a que involucra presuntamente a un trabajador de la misión médica, cuya labor está destinada a garantizar la atención y traslado de pacientes en una zona afectada por el conflicto armado. Cualquier utilización de una ambulancia para actividades distintas a la atención sanitaria podría poner en riesgo tanto al personal médico como a los pacientes y afectar la confianza en estos servicios.

Las autoridades deberán establecer la autenticidad del video, verificar el relato entregado por el conductor y determinar quiénes participaron en su secuestro y en las presuntas actividades descritas.

Por ahora, los señalamientos realizados en la grabación corresponden al testimonio del trabajador y deberán ser corroborados dentro de la investigación. También se deberá establecer su situación actual y avanzar en las acciones necesarias para garantizar su regreso con vida.

Al finalizar el video, Bonilla expresó arrepentimiento por lo ocurrido y pidió una nueva oportunidad para reencontrarse con sus hijos.

“Estoy muy arrepentido de todo. Pienso mucho en mis hijos. Quiero otra segunda oportunidad. Para disfrutar a mis hijos”, manifestó.

El caso vuelve a evidenciar la compleja realidad que enfrenta el Catatumbo, donde la población civil continúa expuesta a las disputas y presiones de estructuras armadas ilegales, mientras las autoridades buscan esclarecer hechos que afectan directamente a trabajadores y comunidades de la región.