El exsenador Iván Leonidas Name Vásquez perdió su investidura parlamentaria este viernes 25 de septiembre de 2026, tras una decisión adoptada por el Consejo de Estado que halló probado que el congresista incurrió en tráfico de influencias, conducta contemplada en el artículo 183, numeral 5, de la Constitución Política.

La Sala Especial de Decisión 24 de la Sala de lo Contencioso Administrativo emitió la sentencia de primera instancia en el caso adelantado a solicitud de Juan Carlos Calderón España, quien dirige la Veeduría Nacional Recursos Sagrados en Colombia. La magistratura Jorge Edison Portocarrero Banguera actuó como ponente de la providencia.

En su análisis, la corporación repasó las circunstancias vinculadas al manejo de dineros derivados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y su posible conexión con el trámite de las reformas legislativas promovidas por el Gobierno nacional.

Name había obtenido su curul en el Senado para el periodo 2022-2026 y llegó a presidir esa corporación entre 2023 y 2024. Partiendo de esa posición de poder, el Consejo de Estado evaluó si el excongresista habría aprovechado su cargo para presionar a funcionarios del Estado y, a cambio, recibir retribuciones económicas vinculadas con la tramitación de proyectos de ley.

Un recorrido de $3.000 millones

Uno de los puntos medulares del fallo fue el rastro de $3.000 millones que, según la evidencia analizada, habrían llegado finalmente a manos de Name. Para llegar a esa conclusión, el tribunal se apoyó en testimonios de Sneyder Pinilla, Olmedo López y Sandra Ortiz, así como en registros de ubicación de dispositivos móviles, conversaciones electrónicas, documentos y demás evidencia recogida durante la investigación que adelantó la Corte Suprema de Justicia.

Pinilla, en su declaración, afirmó que López le había encomendado recaudar $4.000 millones, indicando que $3.000 millones de esa suma estaban destinados al entonces máximo vocero del Senado "para aceitar las reformas del gobierno en el Congreso". Las indagaciones también dieron cuenta de que el 12 de octubre de 2023 Pinilla hizo entrega de $1.500 millones a Sandra Ortiz, y que la segunda parte del dinero —otros $1.500 millones— debía ser pagada al día siguiente.

Seguimiento satelital y testimonios

La magistratura analizó además los registros técnicos que documentaban los desplazamientos de Ortiz y Pinilla. Ambos habrían partido desde el hotel Tequendama Suites hasta un inmueble conocido como Bassel I, en el cual Name poseía un apartamento. Este dato se sumó al testimonio de terceras personas que conocían esa propiedad y confirmaron la presencia de Ortiz allí durante octubre de 2023.

"La lectura integral de todas las pruebas permite deducir, con un grado razonable de certeza, que la entrega del dinero realmente ocurrió", precisó la Sala.

Origen de los fondos

En otro aparte relevante, el Consejo de Estado determinó que el dinero que habría recibido Name partió de un crédito gestionado por Sneyder Pinilla, respaldado con dineros públicos procedentes de un traslado presupuestal de $700.000 millones que el Ministerio de Hacienda efectuó hacia la Ungrd. A juicio de la Sala, tanto López como Pinilla habrían empleado los recursos de esa entidad para financiar el pago de la dádiva entregada al exsenador.

"Las evidencias incorporadas de manera oportuna y legal al expediente acreditan la configuración de la causal objetiva de pérdida de investidura prevista en el artículo 183.5, referida al tráfico de influencias debidamente comprobado", cerró la corporación en sus conclusiones.

El rastro del dinero
La corporación centró gran parte de su análisis en el movimiento de $3.000 millones que, según la evidencia recogida, habrían terminado en posesión de Name. El expediente reunió declaraciones de Sneyder Pinilla, Olmedo López y Sandra Ortiz, sumadas a datos de geolocalización de teléfonos móviles, conversaciones electrónicas, documentación diversa y otros elementos aportados por la investigación que llevó a cabo la Corte Suprema de Justicia.

En su testimonio, Pinilla relató que López le pidió recaudar $4.000 millones y le indicó que $3.000 millones de ese total debían ir al entonces presidente del Senado "para aceitar las reformas del gobierno en el Congreso". Los investigadores, además, corroboraron que el 12 de octubre de 2023 Pinilla le entregó $1.500 millones a Sandra Ortiz, comprometiéndose a entregarle una suma equivalente al día siguiente.

La magistratura se detuvo igualmente en los registros técnicos que rastrearon los movimientos de Ortiz y Pinilla. Según el fallo, ambos partieron del hotel Tequendama Suites y se dirigieron al inmueble Bassel I, donde el exsenador disponía de un apartamento. Ese hallazgo se combinó con los testimonios de personas que conocían la propiedad y que dieron cuenta de la presencia de Ortiz en ese lugar durante octubre de 2023.

"La lectura de conjunto de los elementos probatorios lleva a deducir, con un grado razonable de certeza, que la entrega del dinero efectivamente tuvo lugar", sostuvo la Sala.

Otro de los puntos destacados de la providencia fue la trazabilidad del dinero. El Consejo de Estado estableció que el monto recibido por Name provenía originalmente de un crédito solicitado por Pinilla, respaldado con dineros públicos que surgieron de un traslado presupuestal de $700.000 millones que el Ministerio de Hacienda efectuó a la Ungrd.

A juicio de la corporación, tanto López como Pinilla se sirvieron de los recursos de esa entidad para sufragar la dádiva que habría recibido el excongresista. "Las pruebas que fueron incorporadas de forma oportuna y legal al proceso acreditan la causal objetiva de pérdida de investidura prevista en el artículo 183.5, por tráfico de influencias debidamente comprobado", concluyó la Sala.