Consorcio EVOLET, encargado de construir la nueva torre de servicios del Hospital San José, mintió a la Junta de Patrimonio Municipal
El Consorcio EVOLET, ganador de la licitación para la construcción de la nueva torre del Hospital Universitario San José en Popayán, se encuentra en el centro de una grave controversia
Según el Acta Nro 2 del 18 de abril de 2024, EVOLET mintió a la Junta de Patrimonio Municipal sobre la obtención de los permisos necesarios de la Aeronáutica Civil para la construcción de un helipuerto. Esta falsedad fue determinante para obtener el visto bueno para el proyecto.
La Junta de Patrimonio del Municipio de Popayán, como ente gestor responsable de proteger, promocionar y defender la riqueza inmaterial, material y ambiental de la ciudad, había confiado en la veracidad de la información proporcionada por EVOLET. Sin embargo, un documento emitido por la Aeronáutica Civil el 7 de junio revela que EVOLET apenas ha iniciado la solicitud de la licencia, lo que ha desatado indignación y desconfianza en la comunidad.
Este engaño no solo pone en riesgo la continuidad de un proyecto vital para la ciudad de Popayán, sino que también compromete la misión de la Junta de Patrimonio de garantizar que los proyectos de desarrollo urbano se lleven a cabo de manera transparente y legal.
A medida que se descubren más detalles, crecen las sospechas sobre la transparencia del proceso de licitación. La hipótesis de posibles actos de corrupción se ha fortalecido tras revelarse que la convocatoria para la licitación duró solo cuatro días.
Expertos juristas han señalado que el ex gerente del Hospital San José, César Edmundo Sarria podría enfrentarse a cargos penales por "Contrato sin cumplimiento de los requisitos legales", según el artículo 410 del Código Penal. Este delito se configuraría dado que la licitación, financiada por el gobierno nacional, se inició sin la aprobación necesaria de la Aeronáutica Civil.
En 2021, Sarria adjudicó un contrato de $499 millones de pesos para el diseño de esta torre, con un plazo de ejecución de solo 20 días. Este gasto significativo plantea una pregunta crucial: si se invirtió tanto en los diseños hace más de dos años, ¿por qué no se realizaron los trámites necesarios para cumplir con todos los requisitos legales antes de adjudicar el contrato?
La ciudadanía, que esperaba con ansias este importante proyecto, ahora teme perder la oportunidad de contar con uno de los mejores hospitales del suroccidente colombiano debido a una cadena de irresponsabilidades y posibles infracciones legales.
Es imperativo que nuestros gobernantes y líderes políticos, junto con la Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia, además, de la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación tomen cartas en el asunto ante estos continuos abusos y la flagrante falta de transparencia.
Es inaceptable que la ciudadanía de Popayán siga siendo víctima de prácticas injustas sin que se adopten medidas contundentes para proteger sus derechos. Exigimos una intervención inmediata y eficaz para regular y supervisar de cerca todo lo relacionado con esté proceso, garantizando que los servicios públicos se presten con justicia y equidad como en este caso es el servicio de salud, y que se ponga fin a esta cadena de atropellos que tanto daño está causando a nuestra comunidad.