Contraloría alerta por graves riesgos financieros y administrativos en la Nueva EPS

La Contraloría General de la República lanzó una advertencia sobre la crítica situación financiera y administrativa que atraviesa la Nueva EPS, tras detectar irregularidades que comprometen su funcionamiento y podrían afectar la atención de millones de usuarios en el país.

El informe, basado en información recaudada en una operación judicial y que cubre datos desde 2022 hasta el primer semestre de 2025, revela un panorama preocupante. En total, se revisaron 4.524 archivos relacionados con los componentes técnico-asistenciales, administrativos, jurídicos y financieros de la entidad.

Uno de los hallazgos más delicados corresponde a los anticipos pendientes por legalizar, que pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, es decir, un incremento del 155%.

A junio de 2025, esa cifra ya alcanzaba $15,27 billones, lo que compromete seriamente la liquidez institucional y expone a la EPS a un posible detrimento patrimonial.

La Contraloría también evidenció que aún no se han legalizado $5,7 billones correspondientes a la vigencia 2024, mientras que en facturación la situación no es menos compleja: existen 22,7 millones de registros por $22,1 billones, de los cuales 9,1 millones corresponden a facturas repetidas por un valor de $8,9 billones. Al descontar estas repeticiones, permanecen pendientes por procesar facturas por $13,2 billones.

El organismo de control señaló además que el 97% de esas obligaciones no han sido verificadas por la EPS, lo que genera graves inconsistencias contables. A esto se suma que el 40% del valor total pendiente por procesar se concentra en solo 36 prestadores de salud, lo que incrementa los riesgos en caso de incumplimientos o litigios.

Finalmente, el informe advierte un aumento en las cuentas por pagar y en los problemas relacionados con las reservas técnicas de la Nueva EPS, lo que, de no corregirse, podría poner en jaque su sostenibilidad financiera y la prestación del servicio.