Contraloría General inhabilita por cinco años a asesor de la Secretaría de Movilidad de Cali
Además de los años de inhabilidad, también deberá pagar una multa de 100 millones de pesos.
Se trata de Alberto Hadad, actual asesor de la Secretaría de Movilidad de Cali, y quien además de la inhabilidad, deberá pagar una multa por 100 millones de pesos.
Así lo dio a conocer la Contraloría General de la República, quien tras su decisión, confirmó que a Hadad tiene prohibido ocupar cargos públicos o establecer contratos con la Alcaldía durante dicho periodo.
Aunque la medida comenzó a regir desde el 23 de agosto de 2024, esta fue anunciada públicamente este martes, marcando un punto clave en una investigación que llevaba varios años en curso.
Así fue el proceso
Hadad fue secretario de Movilidad de Cali y una figura polémica debido a su gestión en esta dependencia. Sus decisiones durante su mandato generaron diversas críticas, especialmente en lo relacionado con el manejo de los recursos destinados a la movilidad de la ciudad.
Uno de los denunciantes más destacados en este caso fue el representante a la Cámara, Alejandro Ocampo, quien advirtió sobre los problemas en la administración de Hadad hace cerca de ocho años.
A través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), Ocampo celebró la decisión de la Contraloría, afirmando que, finalmente, se validaron sus denuncias.
"Hace 8 años dije que Alberto Hadad, quien era secretario de la Secretaría de Movilidad Cali, era un irresponsable y le iba a hacer perder plata a la ciudad. Hoy la Contraloria me da la razón", comentó Ocampo en su publicación.
Las denuncias de Ocampo surgieron durante el tiempo en que Hadad lideraba la Secretaría de Movilidad, un puesto desde el cual tomó decisiones que afectaron de manera directa el sistema de transporte de Cali.
Según el representante, la gestión de Hadad resultó perjudicial para la ciudad, generando pérdidas económicas que impactaron tanto al erario público como a la eficiencia del sistema de movilidad.
La sanción de la Contraloría General pone fin a años de investigaciones y señala un precedente importante en el manejo de los recursos públicos en el sector de movilidad.
La prohibición de cinco años impuesta a Hadad refuerza la importancia de una administración transparente y eficiente en la gestión pública.