Contraloría investiga detrimento de $9.220 millones en la Avenida de los Próceres
El colapso de la Avenida de los Próceres: Un presunto detrimento entre la inoperancia actual y el cinismo político
Mientras la Contraloría General de la República destapa un abismo entre el dinero girado y la obra real, la ciudadanía asiste a un fuego cruzado de señalamientos. El exalcalde López Castrillón critica la parálisis, pero su legado de privatización y caos catastral socava su autoridad moral frente a una administración de Muñoz Bravo que no logra gobernar.
La prolongada crisis de la Avenida de los Próceres acaba de tomar un giro penal y disciplinario. La Contraloría General de la República ha comunicado formalmente a la Alcaldía el inicio del trámite de una denuncia ciudadana por posibles irregularidades. En medio de este escándalo, el exalcalde Juan Carlos López Castrillón reapareció con una columna para señalar el colapso financiero de la obra. Sin embargo, los payaneses no olvidan que quien hoy funge como "veedor" fue el principal arquitecto de la privatización del alumbrado público y del fracaso catastral con el IGAC. Popayán se encuentra atrapada en un callejón sin salida político.
El hallazgo de la Contraloría: Cifras de un desastre técnico
Los entes de control le han dado la razón a las denuncias ciudadanas. En un documento emitido el 13 de abril de 2026 , la Gerencia Departamental del Cauca de la Contraloría inició el trámite formal de la Denuncia Ciudadana 2026-373729-80194-D.
La auditoría se centrará en el Contrato de Obra Pública No. 20221800022777. El documento expone un "desfase crítico entre la ejecución financiera (39%) y el avance físico real (17%)". Esto representaría un posible detrimento patrimonial de cerca de $9.220 millones, correspondientes a dineros girados o comprometidos sin respaldo en la obra física.
Para empeorar el panorama, a pesar de que la administración adicionó $7.757.264.513 de recursos propios para ajustes, el proyecto suma actualmente "11 actas de suspensión y parálisis total". Por esto, se solicitó de manera urgente una "auditoría al flujo de caja y al manejo del anticipo por parte del contratista".
La crítica de López y su "pecado original"
En su columna reciente, el exalcalde López Castrillón denunció que por decisiones erráticas el proyecto hoy alcanzaría los $75.000 millones. Aunque sus apuntes técnicos exponen la ineficacia de la gestión del actual alcalde, Juan Carlos Muñoz Bravo, resultan paradójicos para la ciudadanía.
Que López Castrillón le reclame eficiencia a Muñoz Bravo es, en el mejor de los casos, irónico. La ciudad todavía sufre el golpe a sus finanzas tras la privatización del alumbrado público, una maniobra sistemática ejecutada bajo la administración López de la mano con los concejales de su periodo. Este modelo de entrega de lo público a los privados es lo que realmente hipotecó a Popayán.
El fantasma del IGAC y el Predial
A la falta de autoridad moral del exmandatario se le suma el "elefante blanco" tributario. El contrato interadministrativo de 2020 con el IGAC, que pretendía actualizar 139.416 predios, fue un desastre logístico que obligó a suspender el cobro del predial en 2022 ante quejas generalizadas. Recientemente, en marzo de 2026, el contrato debió ser liquidado por mutuo acuerdo para evitar un pago de $1.536 millones, dejando tras de sí un crónico juego de culpas entre el municipio y la entidad nacional.
¿Un reciclaje político en el horizonte?
Frente a la debilidad institucional de Muñoz Bravo, incapaz de recuperar el control técnico de la Avenida de los Próceres, el ambiente preelectoral ya se agita con un inquietante aire de reciclaje. Nombres que fueron partícipes directos en la privatización del alumbrado público y aliados de la gestión de López Castrillón hoy suenan como "salvadores" en redes sociales, demostrando que atentar contra los intereses de Popayán y su gente no conoce de ideologías ni de colores políticos.
Por un lado, el policía en uso de buen retiro, William Campiño, ya calienta motores alineado con el sector de derecha de la senadora Paloma Valencia. Por el otro, Andrés Felipe Velasco, hace lo propio bajo el ala de la izquierda de Iván Cepeda Castro. Aunque en el escenario nacional simulen estar en orillas opuestas, en el plano local comparten el mismo historial de haber entregado el patrimonio público a privados. Este escenario nos recuerda que, cuando se trata de afectar el bienestar general de los payaneses, los extremos se tocan y las maquinarias se aceitan con el mismo propósito: el beneficio particular por encima del interés ciudadano.
La ciudad enfrenta dos desastres paralelos. Por un lado, la inoperancia actual, donde el dinero de los impuestos no se ve reflejado en obras, dejando un posible "hueco" de $9.220 millones en la Avenida de los Próceres. Por el otro, el riesgo inminente de que las riendas de la ciudad vuelvan a caer en manos de la misma clase política que históricamente ha feriado los servicios públicos. La intervención de la Contraloría es vital para auditar el manejo de los anticipos, pero el cambio estructural depende de la conciencia cívica.
Sin lugar a dudas, Juan Carlos López Castrillón no hizo las cosas bien, pero Juan Carlos Muñoz Bravo ha demostrado ser incapaz de salvar el barco. Si la ciudadanía de Popayán no logra comprender que la entrega de la ciudad a intereses particulares ha sido el verdadero cáncer, terminará imponiendo nuevamente a un candidato del mismo talante, perpetuando una debacle que parece no tener fin.
Para mantener nuestro compromiso con la transparencia y el periodismo basado en evidencias, ponemos a disposición de nuestros lectores el documento oficial emitido por la Contraloría General de la República. En esta comunicación, dirigida al alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo, el ente de control formaliza el inicio del trámite de la denuncia ciudadana 2026-373729-80194-D y detalla las presuntas irregularidades fiscales que hoy mantienen bajo la lupa a la obra de la Avenida de los Próceres. Un insumo fundamental para entender la magnitud del riesgo patrimonial que enfrenta Popayán.
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