Contraloría revela irregularidades por más de $5.196 millones en la AIC EPS Indígena
De acuerdo con la evaluación, se constituyeron 46 hallazgos, de los cuales 33 presentan incidencia fiscal por un valor total de $5.196 millones.
La Contraloría General de la República, a través de la Delegada para el Sector Salud, adelantó una auditoría de cumplimiento a la Asociación Indígena del Cauca – AIC EPS Indígena correspondiente a la vigencia 2024. El informe reveló irregularidades en la gestión de los recursos destinados a la prestación de servicios de salud.
De acuerdo con la evaluación, se constituyeron 46 hallazgos, de los cuales 33 presentan incidencia fiscal por un valor total de $5.196 millones.
Entre las principales irregularidades detectadas figuran facturación indebida de servicios, inconsistencias contables, legalizaciones tardías de anticipos y pagos sin los soportes adecuados.
Fallas en contratos
Durante 2024, la AIC EPS suscribió contratos por más de $64.509 millones con asociaciones indígenas. Sin embargo, la Contraloría encontró fallas en la ejecución y liquidación de varios de ellos.
Uno de los casos más relevantes corresponde a un contrato por $2.126 millones destinado al fortalecimiento del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI).
Allí se evidenció un hallazgo con incidencia fiscal por $850.495.476 debido a la no amortización del anticipo, equivalente al 40% del contrato, lo que impidió la ejecución de 387 actividades y 33 productos entregables.
Reducción en la cobertura
El informe también resaltó que, tras la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud de revocar parcialmente la habilitación de la EPS en diciembre de 2024, la AIC pasó de cubrir 509.267 afiliados en régimen subsidiado y 30.151 en régimen contributivo, a un total de 308.105 usuarios en régimen subsidiado y 19.933 en contributivo. Esto significó una disminución de 211.380 afiliados.
Llamado de la Contraloría
La Contraloría hizo un llamado a la EPS para mejorar su gestión financiera, fortalecer la planeación contractual y garantizar un uso eficiente de los recursos públicos, con el fin de preservar la viabilidad del sistema de salud indígena y asegurar una atención digna y oportuna para los afiliados.