Contratación estatal bajo la lupa por aumento inusual antes de la Ley de Garantías
La representante Katherine Miranda denunció que en enero se firmaron más de 100.700 contratos por cerca de 6 billones de pesos, con un fuerte pico en los días previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, lo que —según advirtió— podría afectar la transparencia del proceso electoral.
A pocos días de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, la contratación estatal volvió a generar controversia en Colombia. La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció un incremento atípico en la firma de contratos de prestación de servicios durante el mes de enero, justo antes de que empezaran a regir las restricciones propias del periodo electoral.
Según las cifras expuestas por la congresista, en los primeros 29 días del año se habrían suscrito más de 100.700 contratos, comprometiendo recursos cercanos a los 6 billones de pesos. El mayor pico de contratación se registró en la recta final del mes: solo en los últimos ocho días se firmaron 51.496 contratos, lo que representa más del 51 % del total registrado en enero.
Para Miranda, quien también aspira al Senado por el partido Alianza Verde, este comportamiento no responde a una adecuada planeación ni a una necesidad extraordinaria del Estado. Por el contrario, aseguró que se trata de una tendencia que “enciende serias alertas sobre un posible uso político de la contratación pública en vísperas de las restricciones electorales”.
La representante advirtió que este escenario podría afectar la transparencia y equidad del proceso democrático. “El Estado corre el riesgo de convertirse en una plataforma de favores burocráticos para asegurar lealtades y fortalecer estructuras clientelistas. Hoy llenan eventos con contratistas; mañana podrían intentar llenar las urnas con votos amarrados a contratos”, sostuvo.
Miranda señaló además que varias de las entidades con mayor volumen de contratación cumplen funciones estratégicas y territoriales, lo que —a su juicio— incrementa el riesgo de que los recursos públicos sean utilizados con fines electorales.
En ese contexto, insistió en que la preocupación trasciende cualquier debate partidista. “No se trata de una discusión ideológica, sino de una alerta institucional y democrática. La contratación pública no puede convertirse en una herramienta de presión política ni en un mecanismo para alterar la igualdad de condiciones en la contienda electoral”, afirmó.
Finalmente, la congresista hizo un llamado a los organismos de control para que revisen de manera exhaustiva esta contratación masiva, determinen posibles responsabilidades y garanticen que los recursos del Estado no sean utilizados para hacer política desde la administración pública.