Alcaldía de Popayán rescindió contrato de $6.150 millones con Movilidad Futura por falta de competencia funcional y posible nulidad.
Contrato de $6.150 millones entre Secretaría del Deporte y Movilidad Futura fue rescindido: ¿nulo desde el origen?
Documento oficial resciliación contrato Movilidad Futura por $6.150 millones en Popayán.
La Alcaldía de Popayán anuló por mutuo acuerdo el cuestionado contrato interadministrativo que entregaba más de seis mil millones de pesos a una entidad sin competencia legal ni capacidad autorizada.
Mediante acta firmada el 3 de julio de 2025, la Alcaldía de Popayán rescindió el contrato interadministrativo N.º 20251800024817, celebrado entre la Secretaría del Deporte y Movilidad Futura S.A.S. por un valor de $6.150 millones. El documento, sustentado en el principio de autonomía de la voluntad, deja sin efecto legal el negocio jurídico, que ya había sido objeto de críticas por su posible nulidad absoluta.
¿Qué pasó con el contrato?
- El contrato tenía como objeto la elaboración de estudios y diseños para infraestructura deportiva en Popayán.
- Fue suscrito el 27 de junio de 2025, sin haberse iniciado su ejecución.
- La empresa contratista, Movilidad Futura S.A.S., no cuenta con competencia funcional ni autorización presupuestal suficiente para celebrar contratos de ese valor.
La resciliación: figura jurídica y escudo político
La resciliación, también conocida como mutuo disenso, es una forma legal de extinguir un contrato cuando ambas partes acuerdan darlo por terminado antes de que se cumplan sus obligaciones. Bajo esa figura, el alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo y el gerente de Movilidad Futura, Raúl Ibarra Bermúdez, firmaron el acta que declara un “balance financiero en ceros” y exime a ambas partes de reclamaciones futuras.
¿Contrato nulo desde el origen?
Más allá de la forma de finalización, el fondo del asunto es más grave:
- Según la Cámara de Comercio del Cauca, el gerente de Movilidad Futura solo está autorizado para contratar hasta $711 millones, es decir, una octava parte del contrato firmado.
- La empresa fue creada para gestionar el transporte público, no para obras deportivas.
- La ejecución no inició, pero de haberse hecho efectiva, podría haber acarreado responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal por presunta simulación contractual.
“#QueTalEsto: Contrato suscrito por Movilidad Futura, con recursos de la Secretaría de Deporte por más de $6 mil millones, sería totalmente nulo. El gerente no contaría con autorización para celebrar dicho contrato”, se denunció en redes.
¿Quién responde por este intento de contrato?
Varios funcionarios revisaron y aprobaron el proceso:
- Abogados contratistas de la Secretaría del Deporte e Infraestructura.
- El jefe de la Oficina Jurídica del Municipio, Carlos Andrés Bolaños Guzmán.
- Secretario de Deporte.
Ninguno de ellos advirtió públicamente sobre la posible falta de competencia funcional o de capacidad jurídica de la entidad contratada.
En Popayán nos estamos acostumbrando a que los escándalos se enfríen con firmas legales que borran el pasado, como si el simple hecho de rescindir el contrato cancelara también la imprudencia administrativa y la falta de rigor jurídico. La figura del mutuo disenso no puede ser el escondite de decisiones mal concebidas ni la coartada para borrar responsabilidades.
Por respeto a Popayán y a su gente, es urgente que el señor alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo deje de rodearse de funcionarios que en lugar de aportar, hunden cada vez más la confianza ciudadana. Ni el jefe jurídico Carlos Andrés Bolaños Guzmán, ni el secretario de Deporte Luis Felipe Sánchez, dan pie con bola. La ciudad no puede seguir pagando los errores, o favores políticos, de una administración que actúa con torpeza o desdén. Y si con Guillermo Marmolejo el deporte no despegó, con Sánchez estamos, literalmente, en rehabilitación intensiva... pero sin fisioterapeuta. Lo mínimo que merecen los payaneses es saber quién es el político de turno que lo sostiene a toda costa, porque Popayán no puede seguir siendo el gimnasio de experimentos fallidos.
¿Qué clase de control interno tiene un municipio que intenta firmar contratos por más de $6 mil millones con una empresa que legalmente no puede manejarlos?
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