Controversia en el Concejo de Popayán por uso de recursos del balance en gestión del riesgo

Jair Flores presentó la distribución de más de 5 mil millones, pero concejales cuestionan falta de articulación, contratación con universidades externas y posibles duplicidades en los gastos.

Controversia en el Concejo de Popayán por uso de recursos del balance en gestión del riesgo

En sesión ordinaria del Concejo Municipal de Popayán, realizada el 3 de abril de 2025, el jefe de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo, Jair Hernán Flores, presentó el proyecto de modificación presupuestal para la vigencia 2025, que incluye la incorporación de $5.162 millones provenientes de recursos del balance y superávit.

Los fondos, según Flores, serán destinados a actualizaciones de planes de gestión del riesgo, estudios técnicos en zonas vulnerables como el Sinaí, fortalecimiento de organismos de socorro y descolmatación de quebradas críticas en la ciudad. No obstante, varios concejales manifestaron profundas inquietudes sobre la pertinencia de algunos gastos y la poca articulación entre dependencias.

Entre las partidas destacadas figuran $600 millones para la fase dos del estudio del polígono Sinaí, realizado en convenio con la Universidad de Caldas, y $491 millones para actualizar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, cuyo plazo de vigencia venció el 31 de diciembre del año pasado.

Críticas por contratación externa y falta de claridad

Uno de los principales cuestionamientos fue la contratación de universidades externas al Cauca para ejecutar estudios técnicos. El concejal Julián Ausecha y otros cabildantes como John Ortiz y José Alexander Campo expresaron su preocupación por no priorizar a instituciones locales como la Universidad del Cauca, la Fundación Universitaria de Popayán (FUP) o Unicomfacauca.

“Popayán es una ciudad universitaria. No se entiende por qué se privilegian instituciones de afuera en lugar de fortalecer nuestra academia local”, reclamó Ortiz.

Ante esto, el secretario Flores respondió que sí se intentó contratar con la Universidad del Cauca, pero tras varias gestiones, esta desistió del proceso. “La única que aceptó y tiene la experticia fue la Universidad de Caldas”, aclaró.

Inquietudes sobre duplicidad y ejecución de recursos

El concejal Campo también llamó la atención sobre la asignación de $925 millones en obras biomecánicas y $144 millones para descolmatación de quebradas como El Molino, La Cantera, Chamizal y otras. Señaló que previamente se denunciaron ejecuciones irregulares en estas labores y exigió evidencias de los resultados obtenidos.

“Se deben presentar imágenes y resultados antes de volver a aprobar recursos. No podemos seguir financiando acciones sin trazabilidad”, enfatizó.

Por su parte, Luis Inchima y otros concejales pidieron claridad sobre rubros que no coinciden entre la presentación y los anexos presupuestales. Además, reiteraron que debe haber mayor articulación con Planeación Municipal para evitar duplicidades, como en el caso del sistema de información geográfica.

Críticas a la plataforma de compras públicas

Otro aspecto polémico fue el uso obligatorio de la plataforma “Colombia Compra Eficiente” para la adquisición de ayudas humanitarias, lo cual, según varios concejales, encarece los productos y reduce la eficiencia del gasto. Ortiz lo expresó de forma tajante: “Compra Eficiente no tiene nada de eficiente, todo cuesta el doble”.

El secretario reconoció la situación, pero explicó que la ley obliga a realizar las adquisiciones por esa vía.

Gestión del riesgo y necesidades territoriales

Concejales como José Luis Diago e Inchima insistieron en que la oficina debe jugar un papel más activo en el diseño del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y en el control de riesgos ambientales por urbanizaciones, minería y expansión sin planificación. Además, solicitaron un concepto técnico de la Oficina de Gestión del Riesgo sobre el banco de tierras propuesto por la administración.

También se hizo un llamado para que los estudios del Sinaí se integren al POT y se garantice su aplicabilidad en decisiones de vivienda y uso del suelo.

En este contexto, resulta legítimo preguntarse si es momento de evaluar un relevo en la dirección de esta oficina, para garantizar mayor eficacia, transparencia y coherencia en el manejo de los recursos de riesgo. Por su parte el presidente del Concejo, Alexander Trujillo Méndez, anunció que el proyecto será enviado a comisión, donde se revisarán a fondo las inquietudes expuestas, dejando abierta la puerta a ajustes sustanciales o decisiones más drásticas.

La discusión continuará en próximas sesiones, y se espera que la Oficina de Gestión del Riesgo entregue respuestas más detalladas y justificadas a cada inquietud.