Coordinación interjurisdiccional en el Cauca sigue entregando condenas ejemplarizantes en casos de homicidios

Por: Olga Portilla Dorado

El día que mataron a Emanuel José Oca Juspian, un líder indígena, docente y artesano, él se dirigía, como todos los días, a dar sus clases en la Escuela Rural de Lomitas, territorio ancestral de San Andrés de Pisimbalá, en el municipio de Inzá, al oriente caucano.

Emanuel se desplazaba en su motocicleta, como hacen la mayoría de docentes que llegan a las escuelas y colegios rurales de la geografía caucana. Apenas si amanecía cuando se escucharon más de cinco disparos. El cuerpo del docente estaba en el piso, herido de gravedad. Sujetos armados lo interceptaron en la vía y sin mediar palabra le dispararon. Ahí murió Emanuel.

Ese fatídico martes se habían cumplido las amenazas que integrantes de la Disidencia ‘Dagoberto Ramos’ de las Farc habían publicado a través de un panfleto que distribuyeron por toda la zona.

“Al compañero lo habían declarado como objetivo militar argumentando que él hacía parte de otro grupo armado, pero eso era falso, su única convicción era defender el territorio, la vida, la educación de los niños y la cultura del pueblo Nasa”, dijo uno de los guardias indígena que llegó al lugar del homicidio.

Exterminio contra los pueblos indígenas

De acuerdo con Indepaz, Emanuel fue el líder numero 152 asesinado durante el presente año. De ellos, más de una tercera parte son líderes y lideresas del Cauca, y en ese porcentaje, la mayoría pertenecen a pueblos indígenas.

Es por eso que desde la Asociación de autoridades del Consejo Territorial de pueblos indígenas Juan Tama de Inzá, se hizo la denuncia pública del exterminio físico, cultural y de gobierno que están viviendo estos pueblos originarios.

“Desde las comunidades y Autoridades indígenas hemos venido alertando el sistemático accionar criminal de actores armados que pretenden arrasar con nuestra existencia física, cultural, y espiritual, así como con nuestro territorio y el gobierno ancestral (...) Hacemos un llamado urgente a las entidades del ministerio público; a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales (Mapp-OEA, ONU, Cidh) para realizar acciones que obliguen al Gobierno Nacional, departamental y local a asumir su responsabilidad constitucional en la salvaguarda de la integridad de los pueblos indígenas”, puntualizaron en la misiva.

Control del territorio y coordinación entre justicias

Como ha ocurrido con otros casos donde se presentan estas desarmonías al interior de sus territorios indígenas, las autoridades de resguardos y cabildos actúan según su ley de origen y según su Jurisdicción Especial Indígena, por lo que para el caso del líder, docente y artesano Emanuel Oca Juspian, no fue diferente; y luego de los hechos de desarmonía donde el comunero perdió la vida, las autoridades indígenas avaladas por la Asamblea general de comuneros (Nasa wala) iniciaron su ejercicio de control territorial desde Puerto Valencia hacia Belén en el Cabildo La Reforma Alto San Miguel.

En ese recorrido, la guardia y las autoridades indígenas interceptaron a dos personas que se movilizaban en una motocicleta, y que habían sido señaladas como presuntos autores del hecho que le quitó la vida al docente indígena. Una vez interceptados, se procedió a llevarlos a la Casa Grande de la Asociación Juan Tama, custodiados por la guardia, la comunidad y autoridades indígenas; ahí se pudo identificar que se trataba de Albeiro Dagua Trochez y Karen Tatiana Ipia, integrantes de las disidencias de las Farc ‘Dagoberto Ramos’.

Capturados los sospechosos, la Justicia Especial Indígena (JEI) y sus “jueces” empiezan a actuar conforme a lo que está establecido en la Constitución, en su Plan de Vida y en los protocolos que, a la fecha, ha avanzado su jurisdicción para actuar en estos casos.

“Las autoridades Indígenas de la Asociación Juan Tama inician el proceso de investigación por la presunta responsabilidad de Albeiro y Karen, en los hechos ocurridos el 5 de noviembre. En ese proceso se legaliza la captura y se recolectan los siguientes elementos probatorios: un celular marca Xiaomi Redmi 12, un celular marca Xiaomi Redmi 13, una SIMCARD, 3 memorias USB marca Samsung, los cuales se rotularon y embolaron debidamente para el proceso de investigación”, señala la resolución 010 de 2024 por medio de la cual se resuelve la aplicación de remedio por las desarmonías territoriales a los ocho territorios Ancestrales Juan Tama.

En el documento también se agrega que “en el marco de la coordinación interjurisdiccional, se solicitó mediante oficio como autoridades indígenas al CTI de la Fiscalía, que estos elementos probatorios fueran estudiados para obtener archivos como, audios, mensajes de texto, registro de llamadas (entrantes y salientes), ESM/IMEI, ICCID, información de IMSI, imágenes fotografías y videos”.

Esto que señala la resolución, no solo evidencia el trabajo exitoso de la guardia y de las autoridades indígenas en el territorio a través de su competencia como “jueces naturales” de la jurisdicción especial indígena, sino que da cuenta del exitoso resultado que ha dado un trabajo que se realiza hace más de 10 años, la coordinación entre las justicias indígena y ordinaria, para casos como este o como otros que suceden en territorios indígenas y/o donde se ven involucradas personas de estos pueblos.

“Desde el 2004 iniciamos un proceso bellísimo de entendimiento, diálogo, confianza, pero sobre todo de escucha, de entender que las autoridades indígenas son “jueces naturales” al mismo nivel de un juez de la república o de un magistrado. No ha sido fácil, pero hemos sacado muchos procesos adelante, protocolos, procedimientos que hoy son ejemplo a nivel nacional y mundial”, explica Albeiro Napoleón Tobar, fiscal quinto especializado de Derechos Humanos y DIH del Cauca.

Tobar comenta que el caso del profesor es tan solo un ejemplo de los tantos que la Seccional de Fiscalías del Cauca tiene donde la justicia indígena y la justicia ordinaria han trabajado de la mano, logrando justicia y una condena ejemplarizante para las personas que cometieron el delito, es decir para quienes desarmonizaron el territorio.

De ahí que, la resolución por medio de la cual se resuelve la aplicación de remedio por las desarmonías territoriales causadas por el asesinato del profesor, agregue que:

“Los remedios para los desarmonizados…Declarar responsable al señor José Albeiro Dagua Tróchez (alias Diego Fernández) y a la señora Karen Tatiana Ipia Vitonaz de las desarmonías territoriales por las diferentes amenazas a autoridades, guardias y líderes indígenas, el reclutamiento de menores y comuneros, pertenecer a un grupo armado ilegal y estar al mando de unidades móviles de la Dagoberto Ramos.

Armonizar a las personas mencionadas con el objetivo de equilibrar sus energías para que no se repitan las desarmonías territoriales en los ocho territorios indígenas de Juan Tama; dicha armonización está compuesta por 40 años en sitio de armonización prestado para José Albeiro y 20 años en sitio de armonización prestado para Karen”, señala el documento firmado el pasado 6 de diciembre por las 8 autoridades del territorio Ancestral Juan Tama de Inzá.

Así las cosas, las dos personas fueron condenadas a 20 y 40 años en la cárcel (patio prestado o patio especial que hay para los comuneros indígenas) sin poder gozar de alguna rebaja de pena, y espiritualmente sin tener redención de su Yu’ce.

Fortalecimiento de la justicia propia

Desde el año 2022, el Programa Justicia Inclusiva de USAID, a través de su estrategia de justicia especial indígena apoya el fortalecimiento de las prácticas y saberes ancestrales de los pueblos indígenas en nueve departamentos del país.

A través de diplomados en Derecho Propio, de Mesas de coordinación interjurisdiccional, comités locales de justicia, y trabajo interinstitucional con el Ministerio de Justicia y del Derecho, y con Asociaciones y Consejos Regionales de los pueblos indígenas han avanzado en el mejoramiento del tejido social en las regiones donde el Programa hace incidencia, contribuyendo a una mejor convivencia de las comunidades y consolidando la coordinación interjurisdiccional.

Esa semilla de fortalecimiento y esos espacios abiertos a través del acompañamiento del Programa han permitido que hoy haya protocolos de entendimiento entre pueblos indígenas y entidades de la justicia como la Fiscalía, y otras instituciones como ICBF, Inpec y Medicina Legal. Con ello no solo se asegura la pluralidad jurídica de un país como Colombia sino el respeto por la Constitución y por la diversidad étnica.