Documentos revelan red de favores: Tránsito de Popayán anuló 22 multas a familiares del Representante Jorge Bastidas
Resoluciones firmadas por la secretaria Lizeth Vanessa Plazas habrían dejado sin efecto comparendos por más de $25 millones a la madre y la esposa del congresista caucano.
Una serie de resoluciones expedidas entre septiembre y noviembre de 2024 por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Popayán anuló 22 órdenes de comparendo contra María Nelchi Rosero Pasinga y Lali Marien Gómez Escobar, madre y esposa respectivamente del representante a la Cámara Jorge Bastidas. Los documentos entregados de manera anónima apuntan a presuntas órdenes directas del congresista y de la secretaria Lizeth Vanessa Plazas Quibano, convertidas hoy en el epicentro de denuncias por presunta corrupción.
¿Cómo se gestó la revocatoria?
- Oficio inicial: Radicado 20241500539671 (06/11/2024) admite como “procedente” la solicitud de tumbar el comparendo D19001000000028497873, uno de los 22 sancionados.
- Resolución 46672: Primera de las 22 resoluciones individuales que anulan cada multa; todas firmadas por Plazas Quibano.
- Argumento recurrente: “Víctima de suplantación” o “indebida notificación”. Ningún anexo oficial acredita la suplantación.
- Equipo jurídico clave: Abogados Andrés López y Leonardo Ruiz Florián, señalados de ejecutar instrucciones políticas para “limpiar” los historiales.
Vacíos jurídicos y posibles delitos
- Revocatoria Directa indebida
La Ley 1437 de 2011 permite revocar actos sancionatorios solo si hay prueba de violación de derechos fundamentales. No basta con alegar suplantación: se requiere decisión penal previa o evidencia forense, inexistente en los expedientes revisados. - Desvío de poder
Favorecer a familiares de un congresista configura interés indebido y puede tipificarse como prevaricato, cohecho y tráfico de influencias. - “Revocatoria de la revocatoria”
Cuando detectaron el escándalo, funcionarios intentaron revertir sus propias decisiones, práctica que la jurisprudencia califica como nula de pleno derecho y que confirma la irregularidad inicial.
“Lo más grave no es el error administrativo, sino la intención: usar el Estado como mesa de auxilios personales”, señala un jurista consultado.
¿Por qué importa?
- Erosiona la confianza ciudadana en las autoridades de tránsito que ya manejan un alto margen de discrecionalidad.
- Afecta las finanzas públicas: las multas anuladas superan los $25 millones y debilitan la sanción pedagógica.
- Precedente peligroso: abre la puerta a que otros actores políticos exijan el mismo trato de favor.
La Fiscalía y la Procuraduría fueron notificadas de los hallazgos para que revisen los expedientes físicos y digitales.
Próximos pasos
- Investigación penal: verificar en la Fiscalía si existen procesos por suplantación fallados a favor de Rosero Pasinga o Gómez Escobar.
- Auditoría interna: revisión integral de todas las revocatorias firmadas desde mayo de 2024.
- Control político: Concejo de Popayán y Congreso deben citar a los responsables para rendir cuentas.
Cuando la ley se ajusta al antojo de quienes ostentan el poder, el ciudadano común pierde más que dinero: pierde la certeza de que las normas se aplican por igual. Popayán no puede tolerar que su Secretaría de Tránsito se convierta en ventanilla de favores políticos. La única vía legítima es la transparencia.
James Ruiz
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