Corte Suprema avala redención de pena por estudio y enseñanza en cárceles
Uno de los puntos clave del fallo es que fija como criterio que la regla de redención de dos días de pena por cada tres días de actividad también podrá aplicarse a quienes adelanten procesos de formación académica o participen en labores de enseñanza al interior de los centros penitenciarios.
Un importante pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia encendió el debate jurídico en el país, tras redefinir el alcance de los beneficios de redención de pena para personas privadas de la libertad.
La decisión fue adoptada por la Sala de Casación Penal luego de analizar varias acciones de tutela interpuestas contra juzgados de ejecución de penas en ciudades como Bogotá, Antioquia y Popayán, donde se había negado este beneficio bajo el argumento de que solo aplicaba para actividades laborales.
El alto tribunal aclaró que la Ley 2466 de 2025 no debe interpretarse de manera restrictiva. Según explicó, la norma contempla un concepto más amplio que incluye las llamadas actividades productivas y ocupacionales, dentro de las cuales también se encuentran el estudio y la enseñanza.
En ese sentido, la Corte advirtió que no existen fundamentos constitucionales para dar un trato diferente a estas actividades dentro del proceso de resocialización, por lo que deben ser reconocidas en igualdad de condiciones.
Uno de los puntos clave del fallo es que fija como criterio que la regla de redención de dos días de pena por cada tres días de actividad también podrá aplicarse a quienes adelanten procesos de formación académica o participen en labores de enseñanza al interior de los centros penitenciarios.
Como consecuencia, la Corte dejó sin efecto las decisiones judiciales que habían negado este beneficio y ordenó que, en un plazo máximo de cinco días, se revisen nuevamente las solicitudes bajo este nuevo enfoque.
Este fallo marca un cambio significativo en el sistema penitenciario colombiano, al fortalecer el enfoque de resocialización y ampliar las oportunidades para que las personas privadas de la libertad puedan acceder a la reducción de sus penas a través del conocimiento y la formación.