Corte Suprema condena a Rubén Darío Hurtado Gironza por prevaricato en caso Quipux en Popayán
El alto tribunal revocó la absolución del Tribunal de Popayán y lo sentenció a 60 meses de prisión, multa millonaria e inhabilidad para ejercer cargos públicos.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al exjuez Rubén Darío Hurtado Gironza por el delito de prevaricato por acción, imponiéndole 60 meses de prisión, una multa de más de 83 mil salarios mínimos y 100 meses de inhabilidad para ejercer funciones públicas.
La decisión de la Corte
La sentencia, fechada el 20 de agosto de 2025, revocó la absolución dictada en abril de 2024 por el Tribunal Superior de Popayán, que lo había declarado inocente. La Corte concluyó que Hurtado Gironza, en su calidad de juez de control de garantías, profirió una providencia manifiestamente contraria a la ley al revocar la medida de aseguramiento contra el entonces alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro.
Penas e inhabilidades
El alto tribunal dispuso:
- 60 meses de prisión.
- Multa equivalente a 83,325 salarios mínimos legales vigentes.
- 100 meses de inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas.
- Pérdida definitiva de su cargo como juez.
Además, negó cualquier beneficio de suspensión condicional de la pena o prisión domiciliaria, por tratarse de un delito contra la administración pública.
El proceso se originó en febrero de 2019, cuando Hurtado Gironza, entonces Juez 4º Penal del Circuito de Conocimiento de Popayán, revocó la detención preventiva impuesta al alcalde César Cristian Gómez Castro, investigado por el contrato interadministrativo con EMTEL, que terminó beneficiando a la empresa privada QUIPUX S.A. con el 70% de los ingresos derivados de multas de tránsito.
La Corte concluyó que la actuación del juez desconoció normas esenciales del proceso penal y de la contratación pública, favoreciendo de manera ilegal al mandatario local.
Este fallo marca un precedente sobre los límites de la autonomía judicial y el deber de los jueces de ceñirse a la legalidad. La condena envía un mensaje contundente frente a la corrupción y los abusos de poder en decisiones judiciales que afectan directamente la administración pública. Además, esto abre la posibilidad y si hay voluntad política que la administración del Municipio de Popayán Juan Carlos Muñoz Bravo, recupere este servicio para la ciudadanía.
La Corte Suprema advirtió que, al ser esta la primera condena contra Hurtado Gironza, podrá activarse el mecanismo de impugnación especial previsto en el Acto Legislativo 01 de 2018. El caso, sin embargo, ya deja en claro que la justicia no es ajena al escrutinio de los jueces mismos.
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