Corte Suprema ratifica condena contra exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía por millonarias irregularidades en contratación pública
Los magistrados señalaron que el imputado actuó con conocimiento de las irregularidades detectadas en el proceso.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 21 años y 7 meses de prisión impuesta al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, al hallarlo responsable de graves irregularidades en la celebración y ejecución de un contrato destinado a la dotación de bibliotecas escolares en diferentes municipios del departamento.
Con esta decisión, el alto tribunal dejó en firme la sentencia proferida previamente por la Sala Especial de Primera Instancia, que declaró culpable al exmandatario de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
El caso se remonta a enero de 2010, cuando la Gobernación del Valle del Cauca suscribió un convenio de cooperación con la Fundación Calimío para suministrar material bibliográfico a 40 bibliotecas escolares ubicadas en diez municipios del departamento. El acuerdo fue firmado por Abadía, en calidad de gobernador, y por el entonces secretario de Educación departamental, Eiber Navarro.
Según establecieron las investigaciones adelantadas por la justicia, el convenio, cuyo valor superó los mil millones de pesos, fue tramitado utilizando una figura contractual que no correspondía a las características reales del negocio jurídico. De acuerdo con la Corte, la administración departamental acudió a un convenio de interés público para evitar la realización de una licitación pública, mecanismo que habría garantizado la libre concurrencia de oferentes y una selección objetiva.
Los magistrados concluyeron que el contrato contemplaba obligaciones y contraprestaciones propias de una contratación estatal ordinaria, razón por la cual debió adelantarse mediante un proceso competitivo ajustado a las normas vigentes. Sin embargo, las autoridades determinaron que se optó por una modalidad que permitió beneficiar a terceros y eludir los controles propios de la contratación pública.
La sentencia también señala que el proyecto careció de una adecuada etapa de planeación. La Gobernación no realizó estudios previos suficientes para establecer con precisión las necesidades de las instituciones educativas beneficiadas, ni justificó técnicamente la cantidad y características del material bibliográfico que sería adquirido.
Para la Corte Suprema, estas omisiones evidenciaron una vulneración de los principios fundamentales que orientan la contratación estatal. En el fallo se indica que Abadía conocía plenamente las normas aplicables a este tipo de procesos, así como los límites de cuantía que obligaban a convocar una licitación pública.
“En consecuencia, el entonces gobernador Juan Carlos Abadía Campo transgredió dolosamente los principios de la administración pública consignados en la Constitución Política y los principios rectores de la contratación estatal, entre ellos los de economía, planeación, transparencia, selección objetiva y responsabilidad”, señala la providencia judicial.
Durante el proceso también se logró establecer que la Fundación Calimío no ejecutó directamente la adquisición del material bibliográfico. Por el contrario, subcontrató el suministro de los libros con otras dos empresas, situación que derivó en incrementos injustificados en los costos de los productos adquiridos.
Las investigaciones determinaron que esas operaciones comerciales incluyeron sobrecostos significativos, generando un detrimento patrimonial para el departamento del Valle del Cauca. Según la Corte, los recursos públicos terminaron beneficiando indebidamente a particulares vinculados a las entidades que participaron en la cadena contractual.
En la decisión, los magistrados precisaron que la conducta punible se materializó mediante la apropiación irregular de recursos que se encontraban bajo la administración y custodia del entonces gobernador, quien ejercía como ordenador del gasto.
“No cabe duda de que en este asunto la conducta se consumó con la apropiación ilegal de los recursos del convenio, los que se habían dejado en administración, tenencia o custodia del acusado Abadía Campo por razón de sus funciones propias de gobernador y ordenador del gasto”, sostiene el fallo.
La Corte cuantificó en 817.482.400 pesos el monto de los recursos públicos que fueron apropiados en favor de terceros mediante las maniobras detectadas en la ejecución del convenio.
La ratificación de la condena representa el cierre de una de las investigaciones más relevantes relacionadas con hechos de corrupción administrativa ocurridos en el Valle del Cauca durante la pasada década. Con la decisión de la Sala de Casación Penal, la sentencia queda en firme y consolida la responsabilidad penal del exgobernador por las irregularidades detectadas en la contratación destinada a fortalecer las bibliotecas escolares del departamento.
El fallo constituye además un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la obligación que tienen los servidores públicos de garantizar transparencia, planeación y legalidad en el manejo de los recursos estatales, especialmente cuando se trata de programas dirigidos a sectores sensibles como la educación pública.