CRIC debe asumir su responsabilidad política: el Cauca no resiste más bloqueos
El acta de Asamblea Permanente en La Agustina confirma compromisos con el Gobierno, pero persiste la amenaza de nuevos bloqueos. El CRIC no puede evadir su responsabilidad política en la fractura del Cauca.
La vía Panamericana fue entregada el 6 de septiembre tras días de parálisis en La Agustina, pero el anuncio indígena de permanecer en “asamblea permanente” deja en el aire la posibilidad de nuevas interrupciones. Lo último que el Cauca necesita es repetir la tragedia de 2019, cuando enfrentamientos en Popayán acabaron en violencia contra la sede del CRIC.
Acuerdos en La Agustina
Según la declaración oficial de las autoridades indígenas y el Gobierno, la mesa de diálogo en La Agustina pactó seis compromisos centrales:
- Garantías de no judicialización para los comuneros que participaron en la minga.
- Pronunciamientos públicos de la Gobernación y la Defensoría para limpiar el nombre de líderes señalados.
- Continuidad del espacio de concertación, con respaldo del Consejo Indígena del Cauca (CIC).
- Visita del director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, el 10 de septiembre.
- Encuentro directo con el presidente Gustavo Petro el 11 de septiembre.
- Apertura de la vía Panamericana, entregada a la Gobernación del Cauca.
No obstante, las comunidades también se declararon en asamblea permanente, advirtiendo que volverán a bloquear la carretera si los acuerdos no se cumplen.
El fantasma del 2019
El Cauca ya vivió las consecuencias extremas de los bloqueos. En marzo y abril de 2019, ciudadanos exasperados atacaron la sede del CRIC en Popayán. Piedras, violencia y destrucción marcaron ese episodio que aún duele en la memoria colectiva
Valentina Echeverry
La historia demuestra que cada bloqueo erosiona la convivencia, divide a los caucanos y alimenta la desconfianza mutua. No podemos permitirnos regresar a ese abismo.
Igualdad ante la ley: democracia en riesgo
Una de las bases de cualquier democracia es la igualdad ante la ley. Valoramos las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas, pero los logros alcanzados en medio de bloqueos y presiones también se convierten en privilegios financiados por todos los colombianos a través de impuestos.
Mientras tanto, los caucanos no indígenas padecen la otra cara:
- Derechos fundamentales a la movilidad, salud y trabajo vulnerados.
- Alzas en los precios de alimentos y combustibles.
- Campesinos arruinados por no poder sacar sus productos.
- Pacientes arriesgando su vida en ambulancias detenidas.
No hay causa justa que justifique la violencia ni la parálisis de un pueblo entero.
Cada bloqueo convierte al Cauca en rehén de la política indígena y del incumplimiento del Gobierno, dejando a miles de ciudadanos atrapados entre intereses cruzados. En lugar de unirnos contra la desigualdad y el abandono estatal, las comunidades terminan enfrentadas entre sí, profundizando las divisiones internas. Y no se puede olvidar que la paciencia ciudadana tiene límites: el año 2019 ya demostró cómo la frustración colectiva puede desbordar en violencia, una lección dolorosa que no podemos permitirnos repetir.
El CRIC no puede seguir jugando a dos bandas: liderar la protesta y luego lavarse las manos ante sus consecuencias políticas. Debe asumir la responsabilidad de garantizar que las vías de hecho no se repitan.
El Gobierno, por su parte, debe cumplir los acuerdos con seriedad, pero también exigir que las comunidades respeten los derechos de los demás caucanos.
Uno de los puntos más polémicos de los acuerdos en La Agustina es la exigencia de pronunciamientos públicos de la Gobernación del Cauca y de la Defensoría del Pueblo para “limpiar el nombre” de líderes indígenas señalados durante la protesta. Si bien toda persona tiene derecho a la honra y al debido proceso, preocupa que servidores públicos actúen bajo condicionamientos de comunidades específicas, pues esto genera la percepción de que obedecen más a intereses particulares que al conjunto de la ciudadanía. ¿Dónde quedan entonces los demás caucanos que también exigen garantías, respeto y protección de sus derechos fundamentales? La institucionalidad no puede convertirse en vocera exclusiva de un sector, porque su mandato es servir a todos por igual.
Los bloqueos dividen al Cauca, empobrecen a Popayán y siembran resentimiento. Si queremos un futuro común, debemos entender que la igualdad ante la ley no es negociable y que ninguna causa puede justificar hacer rehenes a millones de ciudadanos.
La apertura de la Panamericana no debe ser vista como una concesión, sino como un acto de responsabilidad. El Cauca clama por diálogo, pero también por respeto. Si se repiten los bloqueos, se repetirá el ciclo de división y violencia. La historia de 2019 nos advierte: el precio de la intransigencia lo paga todo el pueblo caucano.
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