Crisis en la movilidad de Popayán: La permanencia de Lizeth Plazas desafía la decencia pública y el carácter del Alcalde

Mientras la red semafórica colapsa y aumentan las agresiones en las vías, el alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo mantiene en firme a una funcionaria cercada por cuestionamientos de presunta corrupción y falta de resultados.

Crisis en la movilidad de Popayán: La permanencia de Lizeth Plazas desafía la decencia pública y el carácter del Alcalde

La capital caucana atraviesa uno de sus peores momentos en materia de movilidad y seguridad vial. Bajo la administración de Lizeth Plazas Quibano, actual secretaria de Tránsito, la ciudad se ha convertido en un escenario de anarquía: semáforos inoperativos, violencia creciente entre ciudadanos y agentes, y una percepción de abandono institucional que parece no tener eco en el despacho del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo. Pese al clamor ciudadano y las graves denuncias que rondan la dependencia, la funcionaria permanece "atornillada" a un cargo que le quedó grande.

Una ciudad a oscuras y violenta

La realidad de las calles de Popayán es innegable. Diversos puntos neurálgicos de la ciudad operan sin una red semafórica funcional, lo que ha disparado los índices de accidentalidad y ha convertido los cruces viales en zonas de "ley del más fuerte". Esta precariedad técnica ha derivado en un clima de hostilidad donde la violencia es la protagonista: enfrentamientos constantes entre conductores y agresiones físicas hacia los agentes de tránsito, quienes parecen no contar con el respaldo ni la dirección estratégica de su secretaría.

El silencio de la Alcaldía y el factor político

Lo que resulta más preocupante para la opinión pública es la aparente falta de carácter del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo. En un ejercicio de poder que muchos tildan de irresponsable, Muñoz Bravo ha decidido ignorar la crisis, manteniendo una cuota burocrática que hoy le pasa factura a la ciudad.

La situación política ha tomado giros inesperados. Recientemente, el Representante a la Cámara por el Cauca, Jorge Bastidas, fue increpado por ciudadanos durante una marcha de apoyo al Gobierno Nacional en cabeza de Gustavo Petro. Ante los reclamos por la gestión de Plazas, vinculada inicialmente a su sector político, Bastidas fue enfático:

"Hace varios meses nosotros no tenemos responsabilidad en el tránsito.
".

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Esta declaración deja la responsabilidad política y administrativa exclusivamente en manos del Alcalde, quien, al sostener a la funcionaria, demuestra un preocupante desprecio por la ética pública y el voto de confianza depositado por los payaneses.

A la inoperancia administrativa se le suman sombras judiciales. El concejal Alex Trujillo ha expuesto denuncias sobre un presunto "cartel de las multas" y redes de favores que vician la transparencia de la entidad. Si bien estas acusaciones deben ser ratificadas en los estrados judiciales, la ética del servidor público dictaría que, ante tal magnitud de cuestionamientos, el paso al costado es la única salida digna.

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La movilidad no es solo un flujo de vehículos; es la columna vertebral de la economía local y la calidad de vida. Que un alcalde mantenga a una funcionaria cuestionada en medio de una crisis operativa sugiere que los acuerdos políticos están por encima del bienestar ciudadano. La dignidad del cargo de Alcalde exige ejemplaridad, no complicidad con la ineficiencia.

Popayán no puede seguir siendo rehén de la improvisación. La permanencia de Lizeth Plazas Quibano es hoy el símbolo de una administración que parece nunca haber encontrado el norte para la prometida recuperación. La ciudadanía espera acciones, no silencios; espera autoridad, no omisión. ¿Tendrá el alcalde Muñoz Bravo la valentía de priorizar a Popayán sobre las cuotas de poder?

Resulta evidente que para la secretaria Lizeth Plazas y el alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo, la Secretaría de Tránsito no es una entidad para resolver el caos vial, sino una oficina de recaudo al servicio de intereses particulares. Mientras la ciudad colapsa en la anarquía, la gestión parece enfocada exclusivamente en incrementar las utilidades de la empresa privada Quipux, que ahora expande su negocio con la instalación de dos nuevas cámaras de fotomultas, como la recientemente anunciada en el sector de Bella Vista. Es inaceptable que, mientras los semáforos siguen apagados y la intolerancia reina en las calles, la prioridad institucional sea perfeccionar la maquinaria sancionatoria en lugar de garantizar la movilidad básica. Esta dependencia ha dejado de ser un ente público para convertirse en una sucursal que prioriza el lucro privado sobre la seguridad y el bolsillo de los payaneses.

Información en desarrollo: Se espera pronunciamiento oficial de la Secretaría de Tránsito ante las fallas en la red semafórica.

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