Cuando la protección se vuelve un riesgo

Hoy decido hablar.Y no hablo solo por mí. 

Hablo por quienes hoy están protegidos… pero empiezan a sentirse en riesgo dentro del mismo sistema que debería garantizar su seguridad.

Porque cuando uno está amenazado, lo único que no puede fallar es la confianza. 

Y hoy, esa confianza se está erosionando desde adentro. Y sí, eso es lo más grave de todo.

Lo que está ocurriendo en la Unidad Nacional de Protección no es un ajuste técnico.

Es un cambio de rumbo. 

Y ese cambio tiene un problema de fondo:

se está debilitando la idoneidad.

Hoy se están incorporando personas sin experiencia específica y certificada en protección de alto riesgo, con procesos de formación mínimos, para asumir funciones donde una decisión mal tomada no tiene reversa. 

Y aquí hay que decirlo sin ambigüedades:

Saber usar un arma no es saber proteger.

Se puede haber estado en la guerra.

Se puede conocer el uso de la fuerza. 

Pero eso no significa tener la idoneidad ni la capacidad técnica y operativa para integrar un esquema de protección. Y eso, en la práctica, se nota. 

La protección exige otra lógica.

Exige disciplina de mando.

Exige capacidad de reacción bajo órdenes.

Exige coordinación milimétrica en terreno.

Exige lectura de riesgo en tiempo real.

Exige entender que la prioridad no es atacar… es prevenir. 

Porque un escolta no está para disparar primero.

Está para evitar que haya que disparar.

Y aquí hay que ser aún más claros:

Esto no puede quedar en manos de personas que no cumplen con estándares técnicos verificables de protección, ni de procesos de formación acelerados. 

Aquí se necesita idoneidad real.

Experiencia comprobada.

Años de formación.

Cursos especializados.

Capacitación continua en terreno.

No formación momentánea. No capacitación de acelere. Así de simple. Porque la protección no se improvisa.

Se construye.

Conviene recordar algo que es público:

el acuerdo de paz permitió la vinculación de excombatientes a esquemas de protección, pero bajo un modelo específico y limitado, orientado a proteger a sus propios firmantes dentro de una estructura especializada. Ese era el alcance.

Hoy el debate es otro. La incorporación masiva y la posibilidad de asignación a esquemas generales rompe ese equilibrio y pone en discusión algo fundamental: la seguridad de otros protegidos que no hacen parte de ese contexto.

Pero mientras se flexibilizan los requisitos para unos, se endurecen para otros. 

A militares y policías retirados, con años de servicio, con disciplina, con entrenamiento real y conocimiento operativo, se les imponen filtros rigurosos, evaluaciones estrictas y barreras cada vez más altas para ingresar o mantenerse dentro del sistema. Se les mide. Se les cuestiona. Se les limita. 

Entonces surge una pregunta que no tiene respuesta técnica:

¿Por qué a quienes han servido bajo la institucionalidad del Estado se les exige al máximo… mientras a otros perfiles se les permite ingresar sin demostrar el mismo nivel de experiencia específica?

Esa diferencia no es casual.

Es una decisión.

Y esa decisión está generando un efecto aún más grave al interior de la entidad:

La persecución silenciosa contra quienes sostuvieron durante años la capacidad operativa de la UNP. 

Funcionarios provenientes del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), así como ex policías con amplia trayectoria dentro de la Unidad, hoy enfrentan presión interna, desplazamientos y debilitamiento institucional. 

No es coincidencia.Es una tendencia. Se está debilitando a los que saben, y se está protegiendo a los que están llegando.

Eso no es renovación. Eso es reemplazo. 

A esto se suma un riesgo operativo evidente:

Cuando Policía Nacional y UNP comparten esquema, la línea de mando se distorsiona.

El rango se impone sobre la función técnica.

Se generan órdenes cruzadas en momentos donde cada segundo cuenta. 

Sin olvidar algo esencial:

muchos de quienes hoy integran la UNP, especialmente provenientes del DAS, fueron quienes formaron en inteligencia y contrainteligencia a la misma fuerza pública.

No solo fueron escuela.

Fueron quienes diseñaron la arquitectura técnica de la protección en Colombia.

Desconocer esa experiencia no solo es un error.

Es una irresponsabilidad. 

Aquí no hay margen para improvisar.

No se puede jugar con la experiencia.

No se puede reemplazar la trayectoria por procesos acelerados.

Porque esto no es inclusión.

Esto es riesgo.

Yo hablo desde el territorio.

Desde donde el riesgo no se teoriza, se vive. Y cuando uno está ahí, esto no es teoría.

Y por eso lo digo sin rodeos: 

La seguridad de los colombianos no puede quedar en manos de decisiones que confunden el uso de la fuerza con la protección de la vida.

Cuando se baja el estándar, se pierde la idoneidad. Y cuando se pierde la idoneidad, lo que sigue no es un error administrativo…

Es una tragedia anunciada.

Y frente a eso, el silencio no es una opción.