De la modernidad al endeudamiento: la trampa de Ciudad Moderna
Conozca las verdades Incómodas del Alumbrado Público de Popayán
Todo ciudadano anhela caminar por calles seguras y bien iluminadas, un símbolo tangible de progreso y bienestar. Sin embargo, en Popayán, la promesa de modernidad se ha topado con una oscura realidad. La empresa "Ciudad Moderna", creada precisamente para modernizar el alumbrado público de la ciudad, se ha convertido en el epicentro de una tormenta de acusaciones sobre supuesta corrupción, deudas millonarias y una gestión deficiente que deja a los payaneses en la penumbra. Este artículo destila los cinco hallazgos más impactantes y reveladores sobre este controvertido proyecto.
El engaño de la propiedad: ¿Quién realmente controla el alumbrado público de Popayán?
La estructura de propiedad de "Ciudad Moderna" es el origen de todo el entramado. Aunque el municipio de Popayán posee el 65% de las acciones, las denuncias apuntan a que la junta directiva se estructuró para ceder el control mayoritario al socio privado. Este diseño viola directamente la Ley 142 de 1994, que obliga a que la representación en la junta sea proporcional a la composición accionaria.
Este desequilibrio es grave porque el mayor aportante de capital, el municipio, es decir, los ciudadanos, quedó en una posición minoritaria en la toma de decisiones, poniendo en grave riesgo los recursos públicos. Las consecuencias no tardaron en llegar: el socio privado ha impulsado beneficios como la instalación de zonas azules con ganancias desproporcionadas y el alquiler de postes para antenas 5G sin costo alguno para ellos. Este control desproporcionado no tardó en reflejarse en las finanzas de la empresa, dando lugar a un endeudamiento que hipoteca el futuro de la ciudad.
"Los 'trucos' utilizados dejaron al municipio, el mayor aportante económico, en minoría, poniendo así en riesgo los recursos públicos. La empresa 'Ciudad Moderna', lejos de ser un proyecto para el desarrollo, parece ser un lucrativo 'negociado' para unos pocos privilegiados."
El concejal Lucio Jurado fue uno de los pocos que llegó al debate con los números claros y la conciencia tranquila. Saludó a la mesa, reconoció a los entes de control y, acto seguido, desmontó punto por punto el relato triunfalista del gerente de Ciudad Moderna. Señaló que la empresa sigue trabajando de manera reactiva y sin planificación, atendiendo PQR como si fueran emergencias, mientras barrios históricos como La Pamba y varias veredas rurales siguen a oscuras pese a que el servicio se cobra mensualmente. Luego fue al corazón del problema: recordó que el municipio tiene el 65 % de las acciones (6.972) y el privado el 35 % (3.754), pero aun así Popayán está pagando una deuda diseñada para favorecer al socio estratégico. Con documentación oficial en mano, Jurado demostró que entre 2022 y noviembre de 2024 se han pagado $7.881 millones solo en intereses y apenas $296 millones a capital, lo que deja una deuda cercana a $8.177 millones, es decir, el 95 % va a intereses y solo el 5 % a capital.
Todo esto confirma lo que desde este medio venimos advirtiendo: la creación de Ciudad Moderna en la administración de Juan Carlos López Castrillón, con la facultad otorgada por los 19 concejales de la época, no fue modernización sino una trampa financiera de 30 años que amarra a Popayán. Además pidió que se certifique si el privado realmente asumió los $34.000 millones que le correspondían, cuestionó por qué el inventario del alumbrado se tasó en $6.000 millones y lanzó la denuncia más delicada: la interventoría estaría recibiendo $120 millones mensuales (es decir, $1.440 millones al año) y, si se mantiene por los 30 años de la concesión, le costaría a la ciudad $43.200 millones, una cifra escandalosa para una ciudad que “sigue a oscuras”. Su intervención fue clara, técnica y política a la vez: Popayán está pagando intereses de lujo por una deuda que no le deja beneficios visibles y lo hace bajo un modelo que, tal como está, beneficia al acreedor y empobrece al municipio.
Alejandro Cortes
El Misterioso Incendio: ¿Pruebas Hechas Cenizas?
También vale la pena recordar el incendio en las oficinas de la empresa añadió más sospechas al ya turbio panorama. El suceso ocurrió en un momento particularmente oportuno para quienes tendrían algo que ocultar: justo cuando se sabía que un ente de control tenía programada una auditoría en las instalaciones, pues "días atrás la empresa había sido objeto de una auditoría".
Este evento desató una ola de especulaciones sobre un posible sabotaje destinado a ocultar documentos comprometedores relacionados con la gestión financiera, los contratos y las operaciones de la empresa. La pregunta que flota en el aire y que las autoridades investigan resalta la gravedad del suceso:
"¿Fue provocado este incendio para ocultar pruebas?"
Ante esta situación el director de fiscalías en el Cauca, de su momento, Jesús Alfredo Hurtado, dio a conocer que se comunicaron con un funcionario de la Contraloría municipal de Popayán, quien le manifestó que "le parecía extraño este incendio, porque días atrás la empresa había sido objeto de una auditoría del ente de control".
Juan David Ortega
Servicio deficiente y promesas rotas: La realidad en las calles
El impacto más directo de esta mala gestión recae sobre los ciudadanos. Las quejas sobre la calidad del servicio son recurrentes y se centran en promesas incumplidas, como la instalación de 50 nuevos cruces semaforizados que debían estar listos entre 2022 y 2023, un compromiso flagrantemente abandonado.
Los concejales critican la falta de un plan de mantenimiento preventivo, lo que ha derivado en una gestión "reactiva" que solo atiende emergencias sin una estrategia a largo plazo. Peor aún, las denuncias ciudadanas apuntan a un presunto favoritismo político en la atención de las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRs), donde las soluciones solo llegan a quienes cuentan con "favores políticos", dejando a muchas comunidades con la percepción de que la ciudad tiene "sectores a oscuras" mientras los problemas de fondo no se solucionan.
La Ironía Política: Los Creadores del Problema Ahora son los Jueces
Quizás el punto más desconcertante es la contradicción política de los concejales "reincidentes". Varios de los cabildantes que hoy lideran el "control político" y las críticas más feroces contra "Ciudad Moderna" son los mismos que aprobaron por unanimidad su creación durante la administración anterior.
Los concejales José Alexander Campo, Daniel Muñoz, Marco Aurelio Gaviria, Rosa Sinisterra, Nelson Andrés Sarria y Julián Ausecha, quienes en su momento fueron "defensores férreos" del exalcalde Juan Carlos López Castrillón que impulsó el proyecto, ahora actúan con "memoria nueva", cuestionando un modelo que ellos mismos ayudaron a establecer. Esta situación pone en duda la legitimidad de su control y sugiere un oportunismo que no busca soluciones reales para los ciudadanos traicionados.
Los hoy repitentes fueron protagonistas en el periodo 2020–2023, al votar a favor de otorgar facultades al exalcalde Juan Carlos López Castrillón para crear la empresa mixta Ciudad Moderna SAS ESP, que privatizó la gestión del alumbrado público. Hoy, guardan silencio frente a los abusos del socio privado y las sombras legales que rodean este negocio.
Resulta casi poético, por no decir descaradamente cínico, ver cómo algunos concejales que en 2021 levantaron la mano para autorizar la creación de Ciudad Moderna hoy se disfrazan de inquisidores del mismo modelo que ellos mismos ayudaron a parir. En aquel entonces, aplaudían el discurso de la “modernización”, firmaban comunicados con sonrisa de selfie y hablaban de “recuperar lo público”. Hoy, con memoria selectiva y cinismo de temporada, se indignan por la deuda, la interventoría y la privatización del alumbrado. Rosa Sinisterra, José Alexander Campo, Marco Aurelio Gaviria, Nelson Andrés Sarria y Julián Ausecha parecen sufrir un tipo de amnesia institucional: aprobaron un modelo que entregó el control del alumbrado a un privado y ahora lo denuncian como si acabaran de descubrir América. Lo que olvidan es que el cinismo también ilumina… y la factura, como siempre, la pagan los payaneses.
Desde su posible creación, el líder social y político Francisco Salamanca advirtió que era innecesario involucrar a un privado en un proyecto que debía ser gestionado directamente por el Municipio de Popayán, cuyo interés primordial debía ser el bienestar social y no el lucro económico. Salamanca alertó que esa decisión abría la puerta a la opacidad y a la pérdida del control público sobre un servicio esencial. Y tenía razón: la inclusión del sector privado no solo generó dudas sobre la transparencia y la responsabilidad social de Ciudad Moderna, sino que derivó en un esquema legalmente cuestionable.
Por eso, pretender hoy engañar a la ciudadanía afirmando que “recuperaron el 65 % para el municipio” es una falsedad monumental. Ese porcentaje no fue una conquista, sino parte del maquillaje con el que se vendió un negocio privado como si fuera un triunfo público. Bajo el nefasto gobierno del “Pollo” López se fraguó un oscuro pacto con el sector privado que terminó violando la Ley 142 de 1994, cuyo artículo 19, numeral 16, establece que la elección de los miembros de la junta directiva debe hacerse de manera proporcional a la composición accionaria. Sin embargo, los trucos utilizados dejaron al municipio, el mayor aportante económico, en posición minoritaria, con dos representantes en la junta directiva, mientras el socio privado quedó con tres, vulnerando así el principio de representación y poniendo en riesgo los recursos públicos.
Esta distorsión fue corregida por el actual alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, quien logró restablecer el equilibrio en la junta directiva, es decir, tres miembros en representación del municipio y dos del sector privado. Sin embargo, el alcalde Muñoz aún tiene una asignatura pendiente: recuperar el 35 % de participación del socio privado a favor de la ciudadanía, para que el alumbrado público vuelva a ser realmente un bien de todos y no un negocio de unos pocos.
Así, Ciudad Moderna dejó de ser un proyecto de modernización para convertirse en un negocio redondo para unos pocos privilegiados, que bajo el disfraz de la eficiencia convirtieron la luz de Popayán en una fuente de oscuras ganancias.
En consecuencia, lo que se vendió como una iniciativa para iluminar la ciudad terminó siendo un símbolo de mala gestión y un posible foco de corrupción. Así lo evidencia la realidad empírica expuesta por este medio de comunicación y sus colaboradores: no se trata de hechos aislados, sino de síntomas interconectados de un “negociado” profundamente fallido, donde una estructura de propiedad viciada permitió un endeudamiento escandaloso, un servicio deficiente y un oportunismo político que insulta la inteligencia ciudadana.
Estos hechos no solo mantienen a Popayán en la penumbra literal, sino que también ensombrecen la confianza en las instituciones y en quienes deberían velar por el interés público.
El actual gerente de Ciudad Moderna, César Sánchez, es hoy quien carga con toda el agua sucia de un modelo que no diseñó, pero que ahora debe enderezar si quiere salvar la empresa y su propio nombre. Le corresponde acelerar a fondo para corregir los errores heredados, aunque el camino esté lleno de baches políticos y de un concejo que actúa con memoria selectiva. Tendrá que maniobrar con inteligencia para no estrellarse con el cinismo de los concejales privatizadores de ayer, que hoy posan de redentores del servicio público, y con los actuales concejales que de repente se volvieron sus “mejores amigos”. Un escenario que solo puede describirse con una palabra: ¡sinvergüenzas!
La pregunta que queda para todos los payaneses es crucial: ¿Podrá Popayán exigir la transparencia necesaria para que "Ciudad Moderna" ilumine sus calles en lugar de ensombrecer sus finanzas, o es este un reflejo de un problema más profundo en la gestión de lo público?