Defender la educación religiosa es defender el derecho a aprender en libertad
Más de 8.500 estudiantes en Popayán dependen de las instituciones administradas por congregaciones religiosas. La política educativa nacional amenaza su continuidad al convertir la educación en un simple servicio contratual.
La reciente movilización de las instituciones educativas dirigidas por congregaciones religiosas en Popayán no fue un acto político ni un gesto de presión, sino una legítima defensa del derecho a educar y a ser educado en libertad. Ante el riesgo de que el municipio no renueve los contratos que permiten su funcionamiento, miles de familias expresaron su preocupación por el futuro académico y espiritual de sus hijos.
Un modelo que amenaza la esencia de la educación
La educación pública en Colombia ha sido, desde hace décadas, víctima de una política impulsada por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la OCDE, que busca convertir la enseñanza en un servicio privatizado. Detrás del discurso de “eficiencia” se esconde un modelo que reduce la educación a una transacción económica, olvidando su función más profunda: formar ciudadanos, construir nación y garantizar igualdad de oportunidades.
Mientras países como Finlandia invierten más del 12% del PIB en educación y casi el 3% en investigación, Colombia apenas destina el 5,3% y 0,29%, respectivamente. Esta brecha refleja una prioridad política: la educación no es vista como motor de desarrollo, sino como gasto.
Los decretos que condicionan la continuidad
El funcionamiento de los colegios administrados por congregaciones religiosas está regulado por los Decretos 1851 de 2015 y 770 de 2025, este último firmado recientemente por el presidente Gustavo Petro y su ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.
Ambos decretos consolidan una lógica de “contratación del servicio educativo” en lugar de reconocerlo como un derecho fundamental. Según estas normas, las entidades territoriales, como Popayán, pueden contratar con privados cuando presentan limitaciones o insuficiencias para prestar el servicio educativo oficial.
Bajo este esquema, se establecen cuatro tipos de contratos:
- Prestación del servicio educativo, con instituciones privadas reconocidas.
- Administración del servicio educativo, en establecimientos oficiales.
- Promoción de estrategias pedagógicas, con iglesias o confesiones religiosas.
- Subsidio a la demanda, donde el municipio paga una “canasta educativa” por estudiante.
Aunque el modelo busca garantizar cobertura, en la práctica ha reforzado la dependencia de la educación pública frente al mercado y ha puesto en riesgo la estabilidad de proyectos con vocación social, como los que lideran las congregaciones religiosas.
Las congregaciones: compromiso y servicio
En Popayán, las instituciones religiosas atienden a más de 8.500 estudiantes, muchos de ellos provenientes de sectores vulnerables. Su labor trasciende la enseñanza académica: ofrecen acompañamiento humano, espiritual y comunitario que difícilmente puede replicarse en un sistema despersonalizado.
Durante décadas, estas comunidades han suplido las deficiencias del Estado con vocación y resultados tangibles, convirtiéndose en pilares del tejido social y educativo de la ciudad.
La posibilidad de que el nuevo marco normativo limite o elimine estos convenios preocupa a familias, docentes y líderes locales que reconocen el valor formativo de estas instituciones.
Defender la educación religiosa no es defender un privilegio, sino preservar un modelo que ha demostrado eficacia, humanidad y compromiso con la niñez. En un país donde la educación pública aún no cubre las necesidades básicas, cerrar o debilitar estas instituciones sería un error que afectaría a miles de estudiantes.
La educación debe ser un derecho garantizado por el Estado, pero con espacio para las expresiones sociales y religiosas que históricamente han contribuido a su fortalecimiento. En Popayán, defender la continuidad de las congregaciones religiosas es defender el derecho de cada niño a recibir una formación integral, ética y con sentido de comunidad.
La educación no puede ser tratada como un contrato que se renueva o cancela según conveniencia administrativa. En un contexto de desigualdad y crisis institucional, los colegios religiosos representan un refugio de valores, disciplina y esperanza.
El llamado es claro: que el Gobierno Nacional y las autoridades municipales garanticen la continuidad de estos proyectos educativos, porque cuando se apaga una escuela de fe, se apaga una luz en el futuro de Popayán.
🔖 #EducaciónReligiosa #Popayán #Congregaciones #DerechoALaEducación #DanielRojas #Petro #EducaciónConValores #PopayánEduca #DefendamosLaEducación #PeriódicoVirtual
👉 Comparte esta nota y únete a la defensa del derecho a aprender en libertad.