Defensoría del Pueblo desmintió a Paloma Valencia tras fuerte debate con Iván Cepeda

Un fuerte cruce de acusaciones se registró en la plenaria del Senado durante una intervención de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, quien aseguró que el también congresista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, estaría siendo favorecido por presuntas presiones de grupos armados sobre los electores en distintas regiones del país.

Las declaraciones generaron una inmediata reacción tanto de Cepeda como de la Defensoría del Pueblo. La entidad hizo un llamado a la dirigente del Centro Democrático para que respete la institucionalidad y evite difundir información que pueda derivar en desinformación o estigmatización, especialmente en temas sensibles como la violencia política.

El debate se intensificó cuando Cepeda exigió a Valencia sustentar sus afirmaciones con pruebas verificables. El senador calificó los señalamientos como “temerarios” y aseguró que no existe evidencia que respalde la supuesta coacción armada en favor de su candidatura o de su movimiento político.

Por su parte, Valencia defendió sus declaraciones señalando que estas se basan en reportes oficiales. Afirmó que la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre presiones a votantes en algunas zonas del país, e insistió en que estos hechos estarían beneficiando al Pacto Histórico. Además, comparó la situación con episodios de la parapolítica, asegurando que llevará el tema a futuros debates públicos.

La discusión dejó en evidencia el clima de tensión política en el Congreso, en medio de un escenario electoral marcado por denuncias, cuestionamientos y llamados a la transparencia en el proceso democrático.

Ante la magnitud de las acusaciones recientes en el contexto electoral, la reacción institucional no se hizo esperar. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, emitió un pronunciamiento categórico desmintiendo de manera enfática las afirmaciones hechas por Valencia, quien había señalado supuestas coacciones de grupos armados a electores en favor del candidato Iván Cepeda. En su declaración oficial, Marín aclaró: “La Defensoría del Pueblo no ha publicado ningún informe o comunicado que dé cuenta de una supuesta coacción de grupos armados en contra de los electores y en favor del candidato Iván Cepeda, y tampoco tiene ninguna información que permita sostenerlo”.

Este pronunciamiento busca poner en evidencia la posición institucional respecto a la transparencia y objetividad en el proceso electoral. La Defensoría enfatizó que todo su trabajo y comunicaciones durante este periodo están orientados a garantizar la democracia, preservar la calidad del debate público, y eliminar tanto la violencia política como la desinformación y la estigmatización que puedan afectar la legitimidad del proceso. En este sentido, la entidad solicitó respeto hacia su labor, recordando que la función principal de sus informes es proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos ciudadanos durante las elecciones, sin favorecer a actores políticos específicos ni respaldar versiones infundadas.

Marín también hizo un llamado a todos los actores políticos y a las campañas electorales para que actúen con responsabilidad y contribuyan a un proceso electoral libre, transparente y pacífico. Resaltó que el respeto mutuo y el cumplimiento de las normas democráticas son pilares fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana en los resultados electorales y, en consecuencia, en la democracia misma.

El pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo se da en un contexto marcado por una creciente tensión en el debate público, en el cual la proliferación de desinformación y acusaciones sin pruebas puede influir negativamente en la percepción ciudadana sobre la legitimidad de las elecciones. La entidad subrayó que en ninguno de sus comunicados se mencionan presiones armadas a favor de algún candidato en particular, y advirtió que cualquier interpretación contraria constituye un uso indebido y malintencionado de su nombre institucional.

Por último, la Defensoría puntualizó que sus informes se limitan a advertir riesgos generales que podrían afectar el libre ejercicio del voto en zonas donde operan actores armados, pero sin señalar beneficiarios políticos específicos. Hizo hincapié en que la manipulación de estos informes con fines electorales no solo atenta contra la objetividad y credibilidad de la entidad, sino que también contribuye a la polarización social y debilita la confianza en el sistema democrático. Frente a estas circunstancias, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de seguir trabajando para garantizar procesos electorales justos, transparentes y libres de violencia o presiones ilegítimas.