Defensoría exige condiciones dignas para 500 estudiantes de la sede educativa Nuestros Esfuerzos en Riosucio, Chocó
La entidad humanitaria busca que las autoridades de ese municipio brinden las condiciones mínimas para que los más pequeños de la zona adelanten sus procesos académicos.
La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional de velar por la garantía y protección de los derechos fundamentales, realizó una visita de verificación a la sede educativa Nuestros Esfuerzos, ubicada en el municipio de Riosucio, Chocó, donde actualmente estudian alrededor de 500 niños, niñas y adolescentes desde preescolar hasta grado once.
Durante la jornada se evidenció el grave deterioro de la infraestructura escolar, que pone en riesgo la vida, la seguridad y el derecho a la educación en condiciones dignas. Los tres bloques que conforman la institución presentan afectaciones estructurales: aulas con grietas y techos en mal estado, bloques de madera con riesgo de colapso, ausencia de agua potable y energía, sanitarios fuera de servicio, carencia de ventilación y espacios inadecuados para la enseñanza.
Estas condiciones han obligado a los estudiantes a recibir clases en ambientes inseguros y precarios, afectando su concentración, bienestar y pleno desarrollo académico. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo instauró una acción de tutela en contra del municipio de Riosucio, la Secretaría de Educación Departamental y el Ministerio de Educación Nacional, por la presunta violación a los derechos fundamentales de educación, agua potable, igualdad, seguridad personal e integridad física.
En dicha acción constitucional, la Regional Urabá Darién les exige a las entidades concernidas a que adopten medidas urgentes que garanticen entornos escolares seguros, con infraestructura adecuada, acceso a servicios básicos y condiciones que hagan efectivo el derecho a la educación de la niñez y juventud de Riosucio.
Asimismo, se insta a establecer un plan integral de intervención que asegure la reparación y reconstrucción de los espacios educativos, evitando que esta comunidad continúe expuesta a riesgos y vulneraciones.
La Defensoría reitera su compromiso de seguir acompañando a las comunidades educativas del Chocó y del país, recordando que la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una obligación prioritaria del Estado y una responsabilidad colectiva.