Del discurso de austeridad al récord del gasto: el presupuesto de De la Espriella supera en $60 billones al de Petro

BOGOTÁ / POPAYÁN — El primer proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 radicado por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella encendió una profunda controversia política y económica en el país. Pese a haber articulado su campaña bajo las banderas del liberalismo libertario al estilo de Javier Milei en Argentina y prometer una "motosierra" al gasto público, la propuesta presentada al Congreso asciende a $634,9 billones de pesos, superando en casi $60 billones (un 10% más) la cifra de $575,6 billones proyectada inicialmente por la administración de Gustavo Petro.

El "sinceramiento" de cuentas y la paradoja del gasto expansivo

Desde el Ministerio de Hacienda, encabezado por Miguel Gómez Martínez, se ha calificado la iniciativa como el "Presupuesto de la Verdad". La tesis oficial sostiene que el incremento de $59,9 billones frente a la propuesta devuelta por el Congreso no representa un gasto nuevo o suntuario, sino la incorporación forzosa de rubros que el gobierno anterior habría dejado desfinanciados o maquillados.

Entre los pasivos reconocidos por la cartera de Hacienda figuran $6,5 billones para el sistema pensional, $9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), $4,5 billones para reajustes salariales de nómina estatal, $2 billones en salud y $0,7 billones para las universidades públicas. Sin embargo, el análisis minucioso de las cifras revela que el mayor motor del crecimiento presupuestal no es el gasto social, sino el servicio de la deuda pública, que se dispara a $155,4 billones (un incremento de $37,4 billones frente al borrador del gobierno anterior).

La contradicción central recae en la vía de financiamiento: lejos de aplicar un recorte drástico del aparato estatal, el Ejecutivo planea cubrir este hueco con $113,1 billones en endeudamiento público nuevo ($58,9 billones en crédito interno y $54,2 billones en crédito externo), proyectando un déficit fiscal del Gobierno Nacional Central que alcanzará el 9,4% del PIB en 2027, el nivel más alto en la historia reciente del país.

"Ganaron un mandato para recortar el gasto. Decidieron aumentarlo con creces", cuestionó públicamente el economista libertario Daniel Raisbeck, reflejando el desconcierto del propio sector que impulsó la candidatura presidencial.

Radiografía de las cifras: ¿A dónde va el dinero en 2027?

Al comparar el proyecto radicado por la actual administración frente a las proyecciones previas, se observan reacomodaciones drásticas que priorizan la burocracia financiera y la defensa sobre la inversión pública regional:

• Servicio de la Deuda Pública: Alcanza el 24,5% del presupuesto total ($155,4 billones), absorbiendo uno de cada cuatro pesos del Estado.
• Gastos de Funcionamiento: Representan $392,5 billones (62% del total), impulsados por un incremento de $14 billones en la bolsa del Ministerio de Hacienda y un refuerzo de $2,3 billones para Seguridad y Defensa.
• Tijera a la Inversión Pública: La inversión real cae un 3,3%, bajando de $89,9 a $87 billones. El recorte afecta sensiblemente programas de inclusión social y la red vial secundaria a cargo del Invías.
• Proyección de Ingresos: El recaudo tributario esperado disminuye en $10,7 billones frente a lo estimado por la administración saliente, trasladando la carga del balance al crédito público.

La advertencia de la Regla Fiscal: peligro de insostenibilidad

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha emitido duras alertas sobre la trayectoria de las finanzas públicas de Colombia. De acuerdo con el organismo técnico independiente, la sobreestimación recurrente de ingresos y el incremento constante del gasto primario están comprometiendo de forma severa la estabilidad macroeconómica.

El CARF advirtió que, de no ejecutarse un ajuste fiscal creíble y estructural desde el presente año, la deuda neta del país podría escalar hasta el 66,6% del PIB para 2027, superando los márgenes de seguridad fijados por la ley. Asimismo, el organismo señaló que un déficit del Gobierno cercano o superior al 7,4%–9,4% del PIB ubica al país en un terreno insostenible en el que el ajuste dejará de ser preventivo para convertirse en un recorte forzado y procíclico de alto costo social.

Para los habitantes de Popayán, el Cauca y las regiones periféricas de Colombia, esta dinámica presupuestal se traduce en un impacto directo a la vida cotidiana. Aunque en la retórica nacional se habla de "sincerar las cuentas", la reducción real del 3,3% en el presupuesto de inversión paraliza obras clave de infraestructura regional, subsidios de vivienda y programas productivos rurales.

Mientras el Gobierno centra el esfuerzo fiscal en el pago de intereses de deuda y en el sostenimiento de la maquinaria central en Bogotá, los municipios del Cauca continúan enfrentando rezagos históricos en vías secundarias y servicios básicos. Además, un déficit fiscal desbordado presiona el costo del crédito y la inflación, encareciendo el costo de vida para las familias de menores ingresos.

El Presupuesto General de la Nación para 2027 inicia formalmente su trámite en las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República, donde tiene plazo de discusión hasta el 20 de octubre.

De manera paralela, el ministro de Hacienda anunció la presentación de una "Ley de Rescate Económico" o ley fiscal para intentar recortar $40 billones en vigencias futuras. Corresponderá al Congreso y al control ciudadano determinar si el Gobierno nacional adopta medidas reales de contención o si Colombia se encamina a un ciclo prolongado de endeudamiento y fragilidad financiera.

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