Del escándalo a la recompensa: el silencio institucional frente al uso indebido de bienes públicos
Un accidente que nunca tuvo verdad ni reparación
En el año 2025, Popayán fue escenario de un hecho que generó profunda indignación ciudadana: un accidente de tránsito en el que se vio involucrado un vehículo oficial adscrito a la Personería Municipal, conducido por un funcionario que no pertenecía a esa entidad y fuera de cualquier actividad misional conocida. En dicho accidente resultaron personas afectadas, quienes hasta hoy no han recibido una reparación clara, integral ni transparente, ni una explicación institucional que dignifique su condición de víctimas.
El caso, lejos de resolverse con prontitud y responsabilidad, fue diluyéndose entre comunicados ambiguos, silencios administrativos y una preocupante falta de consecuencias visibles.
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Uso de bienes públicos para fines particulares: una falta grave
La normativa colombiana es clara. El uso de bienes del Estado para fines distintos al servicio público vulnera principios esenciales de la función administrativa como la moralidad, la transparencia, la responsabilidad y la legalidad, consagrados en la Constitución Política y desarrollados en el Código Disciplinario Único y la Ley 1952 de 2019.
Un vehículo oficial no es un privilegio personal, ni un recurso de libre disposición. Su utilización indebida constituye una falta disciplinaria grave, más aún cuando de ella se deriva un accidente que afecta a terceros y compromete la confianza ciudadana en las instituciones de control.
Responsabilidades que nunca se aclararon
En este hecho concreto, las responsabilidades nunca fueron asumidas con claridad. No se conocieron resultados contundentes de investigaciones disciplinarias, no hubo información pública suficiente sobre sanciones, ni se explicó por qué un vehículo de la Personería estaba siendo utilizado en circunstancias ajenas a su función legal.
Lo más grave es que, mientras las víctimas siguen esperando respuestas, la institucionalidad optó por pasar la página sin justicia ni reparación, enviando un mensaje profundamente equivocado a la ciudadanía.
James Ruiz
Del cuestionamiento ético al “premio” institucional
Hoy, el desconcierto es mayor. La ex personera municipal, cuya administración quedó marcada por este episodio, es nombrada en la Procuraduría General de la Nación, precisamente el organismo encargado de vigilar la conducta de los servidores públicos y sancionar el uso indebido de los recursos del Estado.
¿Cómo se explica que alguien con este antecedente no resuelto sea elevada a una instancia nacional de control?
¿Qué mensaje se le envía a las víctimas, a los funcionarios probos y a la ciudadanía en general?
¿Desde cuándo los “lunares” en la carrera pública se convierten en méritos para ascender?
James Ruiz
Un golpe a la credibilidad del control disciplinario
Este nombramiento no es un simple acto administrativo: es un golpe directo a la credibilidad de la Procuraduría y a la confianza en el sistema de control del Estado. Se normaliza la impunidad, se premia el silencio y se deja claro que, para algunos, la falta de explicaciones no es un obstáculo, sino un trámite superable.
La exigencia ciudadana sigue en pie
Popayán y el país no piden venganzas ni linchamientos mediáticos. Exigen algo mucho más básico y democrático: verdad, responsabilidad, reparación y coherencia ética.
No puede hablarse de moral administrativa mientras los casos incómodos se entierran y quienes debieron responder son promovidos.
Porque cuando el Estado premia lo que nunca se aclaró, el problema ya no es el accidente: es el descaro institucional.