El "cheque en blanco" de Popayán: Demanda revela que empréstito de $48.000 millones carece de proyectos y estudios técnicos

Lo que la administración de Juan Carlos Muñoz Bravo presentó como la "salvación vial" de Popayán, hoy enfrenta un cerco judicial de alta gravedad. El Juzgado Tercero Administrativo admitió la demanda de nulidad contra el Acuerdo 01 de 2026, el cual autorizó un cupo de endeudamiento por $48.000 millones de pesos. El expediente revela que el Concejo Municipal habría entregado una "delegación abierta" al mandatario, aprobando un millonario crédito que no especifica en qué se gastará, carece de códigos presupuestales y habría ignorado las leyes de impacto fiscal.

Un acuerdo "sin motivación" y sin destino claro

El eje central de la demanda radica en la Falta de Motivación. Según el documento de hechos relevantes, el Acuerdo 01 de 2026 no explica cómo se determinó la suma de $48.000 millones, no la relaciona con proyectos concretos ni la articula con costos reales o cronogramas.

Aunque la Alcaldía ha mencionado sectores como El Cadillal o Campanario en medios de comunicación, el acuerdo aprobado establece el destino de los recursos de forma genérica para programas del Plan de Desarrollo, incurriendo en una "Indeterminación del objeto del endeudamiento":

• No existen códigos presupuestales ni BPIN asignados a las obras.
• No se individualizan intervenciones específicas.
• No existe un plan de obras detallado ni inventarios diagnósticos que sustenten la inversión.

Las "facultades peligrosas": Pignoración y contratos

La demanda destaca una presunta Extralimitación de la autorización contractual. El acuerdo faculta al Alcalde para celebrar "toda clase de obligaciones" para la supuesta buena marcha de la administración, lo que se interpreta como un cheque en blanco que desborda las competencias legales.

Asimismo, se advierte una delegación abierta para la pignoración de rentas propias del municipio que se encuentren libres de afectación, sin especificar los límites de este compromiso financiero para las próximas administraciones.

Advertencias ignoradas en el Concejo

Durante los debates en comisión y plenaria, se dejaron constancias expresas sobre la fragilidad del proyecto: la ausencia de un análisis financiero sólido y la falta de planeación integral. Pese a estas alertas, el proyecto fue aprobado y sancionado. Un punto crítico adicional es que, en la exposición de motivos, se afirmó que el análisis de impacto fiscal de la Ley 819 de 2003 no era aplicable, una premisa que los demandantes consideran una violación directa a la normativa orgánica de presupuesto.

¿Por qué es un riesgo jurídico extremo?

Desde la óptica del derecho administrativo y penal colombiano, este caso presenta tres vulnerabilidades críticas:Disciplinaria: El juzgado ya calificó como "falta gravísima" la posible desobediencia en la entrega del expediente administrativo.Penal (Prevaricato): Aprobar un empréstito ignorando la Ley 819 de 2003 (Impacto Fiscal) podría tipificarse como un acto manifiestamente contrario a la ley.Contratos: Si el municipio firma contratos de crédito basados en un acuerdo que no individualiza obras, esos contratos podrían ser declarados nulos por objeto ilícito o falta de planeación.

La admisión de la demanda es el primer paso de un proceso que podría terminar en la caída total del plan de inversiones de la administración actual. Mientras el juzgado espera el expediente completo del municipio, la ciudad queda en la incertidumbre sobre si las obras prometidas tienen realmente un sustento legal o si se quedarán en el papel por errores de procedimiento.

Es profundamente lamentable que la administración de Juan Carlos Muñoz Bravo, quien llegó al poder bajo la bandera de "recuperar a Popayán" en una supuesta alianza con la ciudadanía, haya terminado convertida en un desfile de promesas vacías y gestiones opacas. Lo que hoy vemos en la Alcaldía no es el cambio prometido, sino el regreso triunfal de "los mismos con las mismas"; bajo el rótulo de mandatario independiente, se presume con fuerza en los pasillos del poder que el oído del alcalde responde primordialmente a las directrices del exsenador Jesús Ignacio García. El resultado de esta subordinación política es un empréstito de $48.000 millones que parece diseñado a la medida de conveniencias particulares y no de las necesidades técnicas de la ciudad. Mientras unos pocos se frotan las manos con cupos de endeudamiento sin planeación, la mayoría de los payaneses siguen atrapados en el mismo círculo de desidia y deterioro, padeciendo las consecuencias de una cadena de malas administraciones que parecen no tener fin.

Postales de la política local: si alguien debe estar celebrando en silencio los traspiés de la actual administración es, irónicamente, Juan Carlos López Castrillón. El exmandatario puede dormir tranquilo, pues su tocayo Muñoz Bravo ha resultado ser su mejor salvavidas mediático; con la improvisación de hoy, el título del 'peor alcalde de los últimos tiempos' ha cambiado de manos con una velocidad que ni el propio López Castrillón se habría atrevido a soñar

#Popayán #Cauca #CorrupciónOProvecho #ControlCiudadano #AlcaldiaDePopayán #Transparencia #EmpréstitoPopayán #JusticiaAdministrativa

¿Crees que el Concejo Municipal se apresuró a aprobar este crédito sin las garantías técnicas necesarias? Déjanos tu opinión y comparte este análisis para que más ciudadanos estén informados.