Denuncia ante Procuraduría señala a directivo de Cedelca por presunto uso de datos psicológicos
Una queja radicada ante la Procuraduría señala a un directivo de Cedelca por presunto acceso a resultados individuales de evaluaciones psicosociales.
Una denuncia radicada el 30 de septiembre de 2026 señala a Pedro Elías Rojas Cáceres por un presunto manejo irregular de resultados individuales de evaluaciones psicosociales. La radicación no acredita responsabilidad ni apertura de una investigación formal.
Una denuncia presentada ante la Procuraduría General de la Nación el 30 de septiembre de 2026, bajo el radicado E-2026-563410, señala a Pedro Elías Rojas Cáceres, identificado en el documento como gerente suplente de Centrales Eléctricas del Cauca S. A. E. S. P. (Cedelca), por el presunto acceso y utilización indebida de información psicológica de trabajadores.
De acuerdo con el relato del denunciante, el directivo habría ejercido presión sobre una psicóloga interna entre 2024 y 2025 y habría obtenido, en 2026, resultados identificados de la Batería de Riesgo Psicosocial a través de una profesional de Comfacauca. El escrito sostiene que dicha información habría sido utilizada para presuntas acciones de persecución o represalias contra empleados con estrés o conflictos laborales.
Los señalamientos constituyen una denuncia y no hechos demostrados. La constancia de radicación aportada a este medio no prueba que la Procuraduría haya iniciado una investigación disciplinaria ni que alguna autoridad haya declarado responsable al directivo.
¿Por qué preocupa el manejo de las evaluaciones psicológicas?
La Batería de Riesgo Psicosocial se utiliza para identificar factores que pueden afectar la salud y el bienestar de los trabajadores. Su finalidad es preventiva: orientar acciones de seguridad y salud en el trabajo, no servir como instrumento de represalias.
El escrito invoca la Resolución 2646 de 2008, la Resolución 2764 de 2022, la Ley 1090 de 2006 y la Ley 1581 de 2012, disposiciones relacionadas con la reserva de información, el ejercicio profesional de la psicología y la protección de datos personales sensibles.
El punto que tendrían que esclarecer las autoridades es si alguien entregó resultados individuales a personas no autorizadas, qué información se compartió y si existió alguna consecuencia laboral para quienes participaron en las evaluaciones.
¿Qué solicita la denuncia?
El documento pide una inspección a Cedelca y Comfacauca, una investigación disciplinaria sobre la actuación del directivo señalado y medidas de protección. La constancia presentada registra la solicitud, pero no informa sobre decisiones posteriores de la Procuraduría.
También resulta necesario conocer las versiones de Rojas Cáceres, Cedelca y Comfacauca respecto de las afirmaciones que aparecen en el escrito. La documentación disponible no contiene sus explicaciones.
La salud mental no puede convertirse en un mecanismo de presión
La controversia plantea una pregunta de interés público: ¿qué garantías tienen los empleados de que la información suministrada durante una evaluación psicológica permanecerá protegida?
Si se confirmara que resultados reservados fueron utilizados para intimidar o perjudicar trabajadores, se trataría de una situación especialmente grave. Pero establecer si esto sucedió exige pruebas, contradicción y las decisiones de las autoridades competentes.
La protección de la intimidad y la salud mental de los trabajadores es una obligación, no una concesión de los empleadores.
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