Denuncian presuntas presiones a comunidades indígenas en Toribío de cara a la segunda vuelta presidencial

El representante a la Cámara electo por el Centro Democrático, Daniel Briceño, denunció públicamente que la autoridad indígena Neehnwe'sx del municipio de Toribío, en el norte del Cauca, estaría obligando a los comuneros a votar en la próxima segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio de 2026. Según la denuncia del político bogotano, que está respaldada por un documento oficial de dicha autoridad fechado el 3 de junio de 2026, se exigirá el certificado electoral como requisito indispensable para realizar diversos trámites administrativos.

El congresista, quien recientemente saltó a la política electoral logrando la mayor votación al Congreso en el país, hizo la advertencia a través de su cuenta en X. Briceño acompañó su publicación con fotografías de una circular emitida por la "Autoridad Ancestral Kwekwe Neehnwe'sx" dirigida a la comunidad en general, y solicitó la intervención urgente de la Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL). Además, adjuntó una gráfica con resultados recientes de las mesas informadas en Toribío, donde la coalición del Pacto Histórico obtuvo el 91,39% de los sufragios, buscando darle dimensión electoral a su alerta.

Trámites condicionados al voto

De acuerdo con el documento expuesto en la red social, la exigencia del certificado de votación aplicaría de forma estricta para diligencias esenciales dentro del resguardo:

• Solicitud de constancias.
• Expedición de certificaciones y paz y salvos.
• Solicitud de avales.
• Afiliaciones.
• Trámites relacionados con los diferentes programas de la Autoridad Neehnwe'sx.

"Si los ciudadanos no presentan su certificado electoral de segunda vuelta no podrán realizar trámites, pedir certificados, afiliaciones y demás."

Impacto en los derechos electorales y constitucionales

En Colombia, si bien las comunidades indígenas gozan de autonomía territorial y jurisdiccional reconocida constitucionalmente, la misma Carta Magna garantiza que el derecho al voto debe ejercerse de manera libre y sin coacciones.

Condicionar el acceso a servicios administrativos, avales o afiliaciones dentro de un resguardo a la participación obligatoria en los comicios podría interpretarse como una transgresión a las libertades políticas y un presunto constreñimiento al elector. Esta coyuntura resulta especialmente delicada en el departamento del Cauca, donde las decisiones de las autoridades tradicionales tienen un impacto profundo y directo en la vida económica y social de miles de familias comuneras.

Se está a la espera de un pronunciamiento o aclaración oficial por parte de la Autoridad Ancestral Kwekwe Neehnwe'sx frente a las críticas. Asimismo, las autoridades de control competentes, como la Procuraduría General de la Nación, deberán determinar si es procedente iniciar averiguaciones para garantizar la libre participación democrática de esta población de cara a la segunda vuelta presidencial.

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