Desactivada la "bomba fiscal" en Popayán: la ciudad alcanza el 80 % del pago de una deuda de más de 30 años

Una agresiva estrategia de negociación, con la Ley 550 como ultimátum, logró destrabar el conflicto financiero más grave en la historia reciente de la capital caucana.

En silencio, sin grandes titulares y lejos del radar de la opinión pública, Popayán cargó durante más de tres décadas con una deuda que pasó de ser un compromiso de obra pública a convertirse en una amenaza real de colapso financiero. Hoy, cuando ya se ha pagado cerca del 80 % del acuerdo, la historia sale a la luz como uno de los episodios más críticos de la economía municipal.

El origen de una bola de nieve imparable

El conflicto comenzó en 1993 con un contrato para construir los anillos viales de las variantes norte y sur de la ciudad. El proyecto incluía la instalación de un peaje urbano, el cual nunca vio la luz debido a la falta de consulta previa y al rechazo ciudadano. El modelo financiero se desplomó, las administraciones de la época incumplieron sus obligaciones y la respectiva demanda judicial no tardó en llegar.
Lo que inició como una deuda de 4.800 millones de pesos en 1993, se duplicó para 1999 y continuó creciendo sin control. En 2019, un laudo arbitral sentenció al municipio por daño emergente y lucro cesante a pagar más de 72.000 millones de pesos, una cifra que fue inflada por intereses e indexación. Para inicios del año 2024, esta obligación superaba los 125.000 millones de pesos y crecía a un ritmo asfixiante de más de 1.000 millones cada mes.
La inminencia de la crisis y el giro decisivo
La situación llegó a un punto crítico en el que Popayán se enfrentaba a escenarios alarmantes: embargos judiciales, bloqueo financiero y una posible reestructuración de pasivos obligada bajo la Ley 550. Los intentos iniciales de conciliación fracasaron tras rechazarse ofertas de 76.000 millones y 96.000 millones de pesos.
Ante la inminente crisis, el actual alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo decidió asumir personalmente el caso. La administración lanzó en julio de 2024 una advertencia estratégica y contundente: anunciar su intención de acogerse a la Ley 550 ante el Ministerio de Hacienda. El mensaje hacia los acreedores fue claro: o se renegociaba el acuerdo, o todos entraban en un escenario de incertidumbre y pagos a largo plazo.

El acuerdo que salvó a la capital caucana

La jugada funcionó. En septiembre de 2024 se firmó un pacto integral con ambos acreedores, rompiendo un bloqueo histórico y fijando las siguientes condiciones:

• Se estableció una base cercana a los 90.000 millones de pesos correspondientes al año 2024.
• Se fijó un total proyectado de pago de 110.000 millones de pesos hasta el año 2027.
• Se ordenó la suspensión de los procesos judiciales en curso.
  Actualmente, el avance en los pagos ha sido sustancial. Tras desembolsos de aproximadamente 38.000 millones en noviembre de 2024 y más de 34.000 millones combinados en abril y noviembre de 2025, el mes de abril de 2026 registró pagos por cerca de 14.000 millones, consolidando así el 80 % de la deuda total ya pagado. La meta del gobierno local es cerrar definitivamente esta obligación en abril de 2027.

¿Por qué importa este acuerdo?

De no haberse destrabado esta negociación, Popayán habría sufrido una parálisis institucional severa, el cierre del acceso a créditos y la pérdida de autonomía sobre su ejecución presupuestal. Con la superación de este obstáculo fiscal, los ciudadanos obtienen beneficios directos: la ciudad libera recursos para inversión pública en infraestructura vial, seguridad, agua potable y sectores clave como el turismo y el agro. Además, el municipio recupera su capacidad para acceder a créditos con tasas de interés más bajas y asegura una mayor estabilidad fiscal a largo plazo. En términos simples: la ciudad destinará menos dinero al pago de intereses y más a proyectos para la gente.

Popayán está saliendo de una de las peores cargas financieras de su historia, recuperando el timón de sus propios recursos sin tener que someterse al control externo. Sin embargo, la factura inevitablemente se ha pagado con recursos públicos, y quedan abiertas preguntas profundas: ¿quién responde por más de tres décadas de intereses acumulados y el silencio administrativo del pasado?. Aunque el proceso aún no concluye, el desenlace marca un antes y un después para la capital del Cauca, que por fin deja de pagar por el pasado para empezar a invertir en su futuro.

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