Desalojan a una abuela de 87 años en Madrid tras siete décadas en el mismo piso y reavivan el debate sobre la crisis de vivienda

Con 87 años, movilidad reducida y una pensión de 1.350 euros, la octogenaria fue desalojada de un piso del barrio de Retiro tras un litigio que revela cómo los contratos de renta antigua se convierten en papel mojado frente a los fondos de inversión.

Desalojan a una abuela de 87 años en Madrid tras siete décadas en el mismo piso y reavivan el debate sobre la crisis de vivienda


Una mujer de 87 años fue desalojada este miércoles del apartamento en el que había vivido de alquiler durante setenta años en el barrio de Retiro, uno de los más céntricos y acomodados de la capital española. El caso ha vuelto a encender la polémica sobre la dificultad de acceso a la vivienda y el encarecimiento de los alquileres en España.

Maricarmen, que padece movilidad reducida y una discapacidad del 50 %, salió de la vivienda en camilla. Fue trasladada al hospital Gregorio Marañón para una revisión médica y, tras el alta, decidió quedarse en casa de familiares. Rechazó la opción de una residencia temporal ofrecida por la Comunidad de Madrid.

El desalojo se ejecutó al cuarto intento, después de años de litigio. La comisión judicial entró en el piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda a primera hora de la mañana. Decenas de activistas y simpatizantes se concentraron frente al edificio para intentar impedirlo. Entre ellos estuvieron el actor Carlos Bardem y la cantante Ana Belén. Hubo cargas policiales, uso de gas pimienta y el acordonamiento de la zona. La Delegación del Gobierno sostuvo que los agentes actuaron por mandato judicial.

De 500 euros a más de 1.600

La octogenaria pagaba 500 euros mensuales en virtud de un contrato de “renta antigua”, firmado por su padre en 1956, durante la dictadura franquista. Tras la muerte de su padre y, años después, de su madre (en 2005), el contrato pasó a su nombre. Estos alquileres históricos mantenían condiciones especiales de precio y transmisión familiar.

En 2018 el edificio fue vendido a Renta Corporación, que en 2020 le ofreció comprar el piso por 247.000 euros. Ella no pudo asumir el precio. Ese mismo año la vivienda pasó a manos de Urbagestión, la actual propietaria. La empresa consideró extinguido el contrato antiguo y le reclamó primero 2.650 euros al mes y luego 1.650 euros, una cifra superior a los 1.350 euros de pensión que recibe Maricarmen. Ella siguió abonando los 500 euros que siempre había pagado.

Los tribunales, incluyendo el criterio del Tribunal Supremo sobre la segunda sucesión del contrato, fallaron a favor de la propiedad. El desahucio se ejecutó el 23 de septiembre.

Críticas, ofertas rechazadas y el fondo del problema

La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, denunció la falta de responsabilidad institucional: “Aquí se van pasando la pelota y nadie asume la responsabilidad”. En junio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU había pedido paralizar el desalojo o garantizar una vivienda adecuada mientras examinaba el caso.

Según medios españoles, una escritora ofreció de forma anónima cubrir la diferencia de renta y posibles deudas. El Ministerio de Vivienda indicó que la entidad pública CASA 47 también propuso comprar el inmueble. Ambas ofertas habrían sido rechazadas por la propietaria.

En un video difundido en redes, Maricarmen agradeció el apoyo recibido y habló de “una lucha tan cruel de unas personas que quieren ganar dinero”.

El caso ha puesto de relieve la tensión entre los contratos de renta antigua, la entrada de fondos de inversión en el mercado inmobiliario y la creciente dificultad de muchas personas —especialmente mayores y con rentas bajas— para mantener su vivienda en un contexto de precios al alza. Mientras tanto, la imagen de una mujer de 87 años saliendo en camilla de su casa de toda la vida se ha convertido en símbolo de una crisis que va mucho más allá de un solo desahucio.

Para Rodrigo, un  universitario que prefiería no decir su apellido ante la prensa, la protesta está justificada y hay motivos para salir a la calle. “La vivienda es un derecho y no un activo”, explica este joven sobre el carril bus de Martínez Campos.

Marina Martín, una enfermera de 25 años, opinaba que la manifestación es necesaria porque le parece “una vergüenza que echen de su casa a una mujer mayor”. Pero su descontento va más allá: “Es imposible comprar una vivienda y alquilar está complicadísimo. Se te va todo en alquiler y apenas te queda para gastos”, reclama.