Desde nuestro medio queremos expresar toda nuestra solidaridad con nuestro colaborador, el periodista Alexander Casas Prado
Recientemente, el señor Casas publicó una investigación donde evidenció que el Concejo de Popayán pretende otorgar facultades a la administración municipal para crear un polémico fondo de estabilización tarifaria para un sistema de transporte público que ni siquiera existe.
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Lamentablemente, en respuesta a esta información de interés público, varios concejales optaron por atacar al mensajero en lugar de rendir cuentas sobre sus controvertidas decisiones. Incluso se atrevieron a insinuar que cualquier cosa que les ocurra será responsabilidad de Alexander Casaa por haberlos denunciado.
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Desde este medio rechazamos categóricamente estas peligrosas amenazas contra la libertad de prensa y el derecho a la información. Si alguien debe rendir cuentas por sus actos es precisamente el presidente del Concejo, Alexander Campo, quien en el pasado hizo parte de los 13 concejales que entregaron irresponsablemente el servicio de aseo al sector privado, perjudicando a miles de payaneses.
El señor Casas no ha hecho más que cumplir con su deber de informar temas de interés colectivo. En vez de victimizarse y amenazar, los concejales deberían explicar a la ciudadanía por qué insisten en tomar decisiones que atentan contra el bienestar de los payaneses.
Desde este medio reiteramos nuestro compromiso con el periodismo investigativo y el derecho a publicar informaciones de interés público. Seguiremos respaldando el valiente trabajo de nuestro colaborador Alexander Casas Prado.
Especialmente responderé al concejal José Julián Muñoz quien en su intervención manifestó "primero presidente, habría que definir la palabra periodista". Evidentemente Alexander Casas lo es, pero seguramente usted y la mayoría de sus compañeros no ejercen como concejales de Popayán, porque no cumplieron con realizar control político a la administración, y porque aprobaron decisiones sin el análisis y debate que merecen, algunas de esta son:
- Aprobación de un aumento del 400% en el impuesto predial, lo cual generó altos incrementos en los recibos de pago de los ciudadanos.
- Autorización para endeudar al municipio por $200 mil millones para financiar obras de infraestructura, sin un plan claro de inversiones.
- Aumento de los salarios de los concejales y otros funcionarios, en medio de una crisis fiscal.
- Adjudicación irregular de la concesión para recaudo de impuesto de industria y comercio a una empresa cuestionada.
- Permisividad ante constantes irregularidades en contratación reportadas por la Contraloría Municipal.
- Aval para vender 10 predios públicos a un precio muy por debajo de su valor comercial.
- Aprobación de vigencias futuras por $80 mil millones que comprometen presupuestos de futuros gobiernos.
- Modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial para beneficiar a constructores privados.
- Incumplimiento reiterado en el debate de iniciativas ciudadanas y proyectos de acuerdo.
Atentamente,
James Arles Ruiz Medina
Director General
Periodicovirtual.com