Desde Popayán, juzgado admite demanda contra la Alcaldía de Bogotá por cumplimiento de la Ley Ángel
La acción judicial fue promovida por JM Abogados & Asesores S.A.S. para exigir la creación del Fondo Distrital para la Protección y Bienestar Animal. La administración bogotana reconoce que el proyecto todavía está en trámite.
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán admitió una acción de cumplimiento contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, relacionada con la obligación de crear el Fondo Distrital para la Protección y Bienestar Animal, contemplado en la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel.
La decisión fue adoptada el 17 de noviembre de 2026 mediante el Auto Interlocutorio No. 1129, dentro del expediente 19001-33-33-002-2026-00328-00, firmado por la jueza Magnolia Cortés Cardozo.
La demanda fue presentada por JM Abogados & Asesores S.A.S., representada legalmente por Joan Sebastián Manzano Garzón, quien sostiene que Bogotá no ha materializado la obligación legal de crear el fondo destinado a administrar los recursos provenientes de las multas por maltrato animal.
La admisión significa que el juzgado encontró reunidos los requisitos para iniciar el trámite judicial. Todavía no constituye una decisión de fondo sobre el presunto incumplimiento de la administración distrital.
Bogotá reconoce avances, pero el fondo sigue pendiente de creación
Uno de los documentos relevantes del proceso es la respuesta emitida en noviembre de 2026 por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), a través de su Oficina Jurídica.
En esa comunicación, la entidad explica que ha adelantado gestiones de coordinación con la Secretaría Distrital de Hacienda para estructurar el fondo, incluyendo aspectos presupuestales, financieros, contables y de recaudo.
El Instituto confirmó que existe un borrador de proyecto de acuerdo distrital, pero precisó que su materialización requiere culminar el trámite institucional correspondiente y promover su presentación ante el Concejo de Bogotá.
De acuerdo con esa propuesta, el fondo funcionaría como un mecanismo de administración de recursos públicos con destinación específica, sin personería jurídica ni estructura administrativa independiente.
Para la firma demandante, las actuaciones preparatorias no demuestran por sí solas el cumplimiento definitivo de la obligación establecida en la Ley Ángel.
¿Qué exige la Ley Ángel?
El artículo 9 de la Ley 2455 de 2025 modificó el artículo 46 de la Ley 84 de 1989 y estableció que cada municipio y distrito del país debe crear un fondo para la protección y bienestar animal.
Los recursos recaudados mediante las multas previstas en esa disposición deben destinarse exclusivamente a la formulación, divulgación, ejecución y seguimiento de políticas de protección animal, así como a campañas de sensibilización y educación ciudadana.
La legislación también exige la participación activa de organizaciones animalistas, juntas defensoras de animales o entidades equivalentes.
Este mandato tiene alcance nacional. Por tanto, la discusión judicial no se limita a Bogotá: también resulta relevante para las demás administraciones territoriales encargadas de materializar la obligación.
La justicia de Popayán ya había intervenido en un caso similar
La actuación contra Bogotá tiene un antecedente en la capital caucana.
El 25 de septiembre de 2026, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Popayán profirió la Sentencia No. 168, dentro de otro proceso promovido por JM Abogados & Asesores S.A.S., esta vez contra el municipio de Popayán.
Según la referencia de ese fallo incorporada en la reclamación presentada contra Bogotá, el despacho judicial consideró que las reuniones, estudios y gestiones preparatorias de la administración municipal no eran suficientes para acreditar el cumplimiento efectivo de la obligación legal.
La sentencia ordenó al alcalde de Popayán adelantar las actuaciones necesarias para presentar ante el Concejo Municipal el proyecto de acuerdo correspondiente.
Ese antecedente constituye parte de los argumentos utilizados por la firma jurídica para sustentar la nueva acción de cumplimiento.
¿Qué ordenó ahora el juzgado?
Mediante la providencia del 17 de noviembre, el Juzgado Segundo Administrativo de Popayán dispuso notificar a la Alcaldía Mayor de Bogotá y requerir un informe ejecutivo, detallado y respaldado documentalmente sobre las actuaciones realizadas para cumplir la Ley Ángel.
La administración distrital deberá aportar los estudios, proyectos, comunicaciones internas, actas de mesas de trabajo y demás documentos relacionados con la creación del fondo.
El juzgado estableció un término de tres días, contados a partir de la notificación, para contestar la demanda y aportar o solicitar pruebas.
También requirió a la parte demandante acreditar formalmente la representación legal de la sociedad mediante el certificado correspondiente, dentro de los dos días siguientes a la notificación.
La decisión judicial señala que la controversia deberá resolverse dentro del término legal de veinte días siguientes a la admisión de la solicitud de cumplimiento.
Por ahora, el interrogante central sigue abierto: si los avances administrativos anunciados por Bogotá permiten acreditar el cumplimiento de la Ley Ángel o si serán necesarias nuevas actuaciones para hacer efectiva la obligación.
La respuesta deberá surgir del trámite judicial y de las pruebas que aporten las partes.
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