Desfinanciación histórica compromete el futuro de las universidades públicas

La Contraloría General de la República presentó los resultados del estudio sectorial “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024)”, un análisis técnico que evalúa la situación presupuestal, operativa y financiera de las 34 universidades públicas del país.

El informe, elaborado por la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, incorpora por primera vez cifras de contexto histórico que permiten una visión integral de la sostenibilidad del Sistema Universitario Estatal (SUE).

El estudio examina la eficiencia, equidad, autonomía financiera y sostenibilidad fiscal de las instituciones, a partir del análisis de ingresos, gastos, costos, inversión, liquidez, solvencia y niveles de endeudamiento. Además, incluye la evolución y proyecciones del pasivo pensional, identificado como una de las principales cargas estructurales del sistema.

Uno de los principales hallazgos es la alta concentración de recursos públicos en un reducido grupo de universidades.

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL), la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Universidad de Antioquia (UdeA) y la Universidad del Valle (Univalle) concentran el 48% de los ingresos del orden nacional y el 37% de los ingresos del orden territorial. Esta distribución, según la Contraloría, afecta el principio de equidad del gasto público y profundiza las asimetrías regionales.

Las diferencias en los ingresos por estudiante reflejan estas desigualdades: mientras la UNAL registra $11.426.139 por estudiante, la UNAD apenas alcanza $525.777, frente a un promedio nacional de $4.512.090 en el período 2019-2024.

En materia de gasto, el informe señala que las universidades de mayor tamaño concentran una proporción sustancial del presupuesto del sistema. A nivel nacional, la UNAL y la UNAD representaron el 36,3% de los gastos y el 50% de los costos, mientras que en el ámbito territorial la UdeA y Univalle concentraron el 36,4% de los gastos y el 44,4% de los costos, lo que confirma el elevado peso financiero que recae sobre estas instituciones.

El análisis de solvencia muestra que el 75,8% de las universidades presenta indicadores iguales o superiores a 3, lo que evidencia una capacidad adecuada para respaldar sus obligaciones financieras. Sin embargo, el 24,2% restante registra niveles inferiores, lo que implica una menor capacidad de maniobra y mayores riesgos financieros.

En cuanto al endeudamiento, el mismo porcentaje de instituciones mantiene niveles inferiores al 10%, lo que refleja una gestión prudente del apalancamiento.

Uno de los puntos más críticos es el pasivo pensional, que en 2024 asciende a $10,3 billones, cifra preliminar que podría incrementarse por la falta de actualización de cálculos actuariales en varias universidades.

Esta obligación está altamente concentrada en la UNAL, con $4,5 billones, y la Universidad del Valle, con $1,4 billones, que juntas representan el 57,8% del total. Para la Contraloría, esta carga estructural limita la inversión en docencia, investigación e infraestructura, y restringe la capacidad de expansión institucional.

El estudio también recoge la percepción de 31 universidades públicas, las cuales coinciden en señalar problemas como la insuficiencia de los aportes estatales, el crecimiento de los gastos de personal, la presión del pasivo pensional y las dificultades para aumentar los ingresos propios.

Entre las principales recomendaciones está la actualización de la Ley 30 de 1992, la diversificación de fuentes de financiación y el fortalecimiento de alianzas interinstitucionales.

Sobre el Proyecto de Ley 212 de 2024, que reforma la Ley 30 y está pendiente de sanción presidencial, la Contraloría advierte diferencias en las estimaciones de impacto fiscal.

Mientras el Ministerio de Educación proyecta un costo de $22,1 billones para el período 2027-2040, el ente de control calcula un impacto de $27,8 billones entre 2027 y 2036. Aunque reconoce que la iniciativa avanza hacia la gratuidad y hacia niveles de inversión cercanos al 1% del PIB, comparables con los de la OCDE, insiste en que cualquier aumento de recursos debe estar respaldado por fuentes de financiamiento claras, suficientes y sostenibles.

En conclusión, la Contraloría sostiene que la educación superior pública en Colombia enfrenta una desfinanciación estructural que compromete la sostenibilidad de la mayoría de las universidades. Si bien se evidencian avances en inversión y gestión presupuestal, persisten brechas significativas en la asignación de recursos, desigualdades regionales y una fuerte presión del pasivo pensional.

El informe plantea la necesidad de una reflexión profunda de política pública para definir el rumbo del sistema: avanzar hacia la gratuidad y la universalidad de la educación superior, o fortalecer esquemas que garanticen la sostenibilidad financiera de las instituciones.

Para el organismo de control, la clave está en revisar el modelo de financiación vigente y proteger los recursos misionales frente a la carga pensional y el endeudamiento, asegurando así la estabilidad del sistema universitario público colombiano.