Destituyen e inhabilitan por 19 años al docente de la Unicauca Milton Javier López, por presunto acoso sexual

La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción de destitución e inhabilidad general por 19 años contra Milton Javier López García, quien se desempeñaba como docente de planta de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca, tras encontrarlo responsable disciplinariamente de dos faltas gravísimas relacionadas con conductas de acoso sexual contra estudiantes y un caso de acto sexual violento.

La decisión quedó consignada en un fallo de primera instancia fechado el 30 de octubre de 2026, emitido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4.

En la providencia, el organismo de control declaró probados y no desvirtuados los dos cargos formulados contra el profesor, atribuyéndole responsabilidad a título de dolo.

Diez estudiantes fueron incluidas en el primer cargo

De acuerdo con el expediente, la primera investigación estuvo relacionada con presuntas conductas de acoso sexual que habrían ocurrido entre 2009 y 2023 y que involucraron a diez mujeres que fueron estudiantes de la Facultad de Derecho.

La investigación examinó comportamientos atribuidos al docente en el contexto de su actividad académica y de la relación de autoridad que mantenía sobre las alumnas, particularmente por su participación en procesos de enseñanza, evaluación y calificación.

Entre los testimonios valorados por la Procuraduría aparece el de una exestudiante que relató que, durante el primer semestre de 2016, encontró registradas numerosas inasistencias en el sistema académico, pese a que aseguraba asistir regularmente a clases. Según su declaración, cuando intentó aclarar la situación, el profesor la citó en varias oportunidades para conversar en privado.

La mujer manifestó que, durante uno de esos encuentros en la sala de profesores, recibió comentarios e insinuaciones de contenido sexual. También relató que el docente habría realizado acercamientos físicos que la hicieron sentir intimidada, situación que, según su testimonio, tuvo consecuencias en su bienestar emocional y en la continuidad de sus actividades académicas.

La declaración fue contrastada con otros elementos del expediente, entre ellos testimonios, documentos y relatos de otras estudiantes que señalaron comportamientos de naturaleza similar en diferentes momentos de su formación universitaria.

La Procuraduría consideró que los hechos no podían analizarse como situaciones aisladas, sino dentro del contexto de una relación de poder entre el profesor y las estudiantes.

Segundo cargo: un caso de acto sexual violento

El segundo cargo está relacionado con hechos que, según la investigación, habrían ocurrido el 16 de marzo de 2022 y tuvieron como presunta víctima a otra estudiante, identificada en el expediente bajo las iniciales DLLP.

La denuncia señala que la estudiante acudió a la oficina 202 del edificio El Prado, donde el docente tenía su espacio de trabajo, para tratar un asunto relacionado con una asignatura académica.

En este caso, la Procuraduría evaluó las circunstancias del encuentro, las declaraciones de la estudiante y los elementos técnicos y documentales recopilados durante la investigación.

Entre las pruebas examinadas se encuentran una valoración psicológica forense, testimonios de personas que conocían las características y funcionamiento del edificio, registros del sistema académico SIMCA y documentos relacionados con las calificaciones de la estudiante.

Uno de los aspectos analizados fue el registro de una modificación de notas en el sistema académico el mismo 16 de marzo de 2022, asociada al usuario del docente. Este elemento fue valorado junto con las demás pruebas, sin considerarlo de manera aislada.

La defensa del profesor cuestionó la ocurrencia de los hechos y señaló que no existían elementos suficientes para demostrar que el docente y la estudiante hubieran coincidido en la oficina durante el momento señalado. También cuestionó la valoración de las pruebas y solicitó que se desestimaran los cargos.

Sin embargo, la Procuraduría concluyó que los elementos probatorios, valorados en conjunto, permitían establecer la responsabilidad disciplinaria del investigado por este segundo cargo.

La Procuraduría rechazó los argumentos de la defensa

Durante el proceso, el abogado del docente solicitó, entre otros aspectos, que se declarara la prescripción de algunos hechos antiguos, que se revisaran posibles irregularidades en la práctica de pruebas y que se absolviera a su representado por considerar que no existía certeza suficiente sobre las conductas atribuidas.

En relación con la prescripción, el despacho consideró que las conductas investigadas debían analizarse dentro de un contexto de presunto acoso sistemático y violencia basada en género, por lo que rechazó la solicitud de dividir los hechos para declarar prescritos los episodios más antiguos.

También se pronunció sobre un testimonio que no pudo practicarse, correspondiente a un vigilante que habría trabajado en el edificio donde ocurrieron los hechos de marzo de 2022.

La Procuraduría explicó que se realizaron gestiones para ubicarlo, pero no fue posible lograr su comparecencia, y concluyó que esta situación no afectaba sustancialmente el debido proceso.

El despacho destacó que las declaraciones de las víctimas, acompañadas de elementos de corroboración documental, testimonial y técnica, tenían suficiente valor para sustentar la decisión disciplinaria.

Una inhabilidad de 19 años y remisión del expediente a la Fiscalía

Al establecer que el docente incurrió en dos faltas gravísimas cometidas a título de dolo, la Procuraduría determinó imponerle la sanción de destitución e inhabilidad general por 19 años.

Para establecer el tiempo de la sanción, el organismo tuvo en cuenta la pluralidad de conductas, la gravedad de los hechos y las afectaciones a los derechos fundamentales de las estudiantes. Aunque reconoció la ausencia de antecedentes como un factor favorable al investigado, consideró que no era suficiente para reducir significativamente la sanción.

Adicionalmente, el fallo ordenó remitir copias de la decisión y del expediente a la Fiscalía General de la Nación, para que sean incorporadas al proceso penal que se adelanta por estos mismos hechos.

La Procuraduría también dispuso enviar la documentación a otra actuación disciplinaria que busca establecer si existieron omisiones de funcionarios de la Universidad del Cauca en la atención, acompañamiento y trámite de las quejas presentadas por las estudiantes.

El fallo todavía puede ser apelado

Es importante precisar que se trata de una decisión de primera instancia. Por lo tanto, el docente y su defensa tienen la posibilidad de interponer recurso de apelación ante la Sala Ordinaria Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la providencia.

La decisión disciplinaria no equivale a una sentencia penal condenatoria. El proceso ante la Fiscalía continúa siendo independiente y deberá avanzar conforme a sus propias competencias.