Diputados y analistas cuestionan a la Licorera: cifras en descenso, exportaciones opacas y un sistema de control interno sin claridad
En medio de un tenso debate, congresistas regionales y el periodista Alexander Casas denuncian severas caídas en producción y ventas de la Licorera del Cauca, además de posibles inconsistencias en sus reportes de utilidades y procesos de transparencia.
En la más reciente sesión de la Asamblea Departamental del Cauca, varios diputados alzaron la voz con firmeza para exigir explicaciones a la Licorera local. Señalaron presuntas inconsistencias en el manejo de su sistema de control interno y, de paso, en la presentación de sus estados financieros. Paralelamente, el periodista Alexander Casas, a través de sus redes sociales, reveló datos preocupantes sobre la productividad y la supuesta disminución de las utilidades de la empresa.
La polémica se detonó luego de que la oficina de control interno de la Licorera expusiera un informe, enfatizando que la responsabilidad de vigilar los procesos administrativos recae en todo el personal y no exclusivamente en un despacho. Sin embargo, las cifras compartidas por Casas elevaron la tensión: según su análisis, la utilidad de la entidad bajó dramáticamente de 15 mil millones de pesos en 2022 a 12 mil 200 millones en 2023, hasta caer a 3 mil 146 millones en 2024. Esta caída, argumenta el periodista, coincide con una reducción en la producción de aguardiente, que pasó de 6 millones de botellas a apenas 3.5 millones.
De acuerdo con Casas, la compañía dejó de vender 24 mil unidades de botellas, pese a que la administración había proyectado la venta de 4.2 millones; en realidad, solo colocó 3.2 millones en el mercado. “Si la producción bajó un 40% y las ventas un 25%, ¿de dónde salen las utilidades?”, cuestionó el periodista, añadiendo que el 70% de los recursos se transfiere a la Gobernación del Cauca, mientras que el 30% restante se queda en la propia empresa. Su conclusión fue contundente: “Es una total falsedad que hubo utilidades en la factoría”.
La Asamblea Departamental, tras conocer estos datos, criticó duramente la falta de transparencia en la gerencia de la Licorera. “Exigimos un compromiso real con el control interno, no una respuesta tibia”, apuntó uno de los diputados con un tono enérgico. Varios legisladores coincidieron en que la escasa claridad sobre el uso de los fondos y la supuesta caída en la producción podrían reflejar una administración “floja”, tal y como lo describió Casas en su mensaje. Incluso se cuestionó si la organización está desviando recursos o presentando informes financieros maquillados para ocultar la magnitud de la crisis.
Parte de la polémica se centra en los 24 mil 500 millones de pesos destinados a la construcción de una nueva planta en el parque industrial. Según el periodista, ese dinero estaba depositado en BanColombia, pero la comunidad desconoce cuál ha sido su destino. A esto se suma la confusión sobre una exportación de aguardiente que, en teoría, se dirigía a Panamá, aunque un oficio de la DIAN señala que fue a Venezuela y la gerente afirmó en otra declaración que iba para Ecuador y Perú. “¿Quién miente?”, se preguntan tanto los diputados como Casas.
El debate también toca el costo de producción: con menos volumen, los gastos operativos se disparan, lo que eleva el precio unitario de cada botella. Esto, de acuerdo con la evaluación de los asambleístas, amenaza la competitividad de la empresa, que podría enfrentarse a mayores pérdidas si no se corrige el rumbo. Ante la inminente aprobación del Decreto de presupuesto para 2025, varios diputados demandaron verificar cuidadosamente las cifras con la Tesorería para evitar nuevas inconsistencias. “Una cosa es lo que se plasma en el papel y otra lo que realmente se registra contablemente”, enfatizaron.
El clima de desconfianza en torno a la Licorera del Cauca ha llegado a un punto crítico. Tanto los legisladores como Alexander Casas coinciden en que la empresa enfrenta un panorama inquietante y que la falta de transparencia podría desencadenar intervenciones externas más severas. Por ahora, se espera que la gerencia presente un nuevo informe aclarando las irregularidades y respondiendo de manera concreta a los señalamientos sobre la caída en producción, el uso de recursos reservados para la nueva planta y la veracidad de las exportaciones de aguardiente. La Asamblea advirtió que, de no haber respuestas claras, podrían impulsarse medidas de control político más contundentes.