Editorial | Colombia, rehén de su clase política
Cuando el péndulo ideológico prometía un viraje histórico, terminó revelando la misma grieta de siempre: el divorcio entre gobernantes y gobernados.
Tres años de experimento progresista han sido suficientes para que el colombiano de a pie, ese que madruga cada día a trabajar para llevar el pan a su casa, paga impuestos y sobrevive a la incertidumbre, concluya que el mayor obstáculo para el país no es la izquierda ni la derecha: son los políticos.
El espejismo del “primer gobierno de cambio”
En agosto de 2022, Gustavo Petro llegó al poder con una narrativa de ruptura. Hoy, su respaldo ciudadano oscila entre 34 % y 37 %, mientras la imagen negativa roza el 66 %, una de las peores de Sudamérica. La promesa de transformar la política terminó encapsulada en viejas prácticas: cuotas partidistas, negociaciones opacas y un catálogo de nombramientos cuestionados. El caso más reciente es la designación de su abogado personal, Héctor Carvajal, como magistrado de la Corte Constitucional, decisión que expertos califican de “oportunidad perdida” para blindar la independencia judicial.
Corrupción crónica y récords vergonzosos
Si algo une al establecimiento, es su incapacidad sistemática para combatir la corrupción. El Índice de Percepción de la Corrupción 2024 le otorgó a Colombia una calificación de 39 sobre 100, cayendo cinco puestos y regresando al nivel más bajo desde 2017 (fuente: transparenciacolombia.org.co).
Las mismas mañas reaparecen bajo distintos colores políticos: contratos amañados, favorecimientos a aliados y desfalcos multimillonarios que erosionan la legitimidad de un Estado omnipresente, que promete resolverlo todo, pero que en la práctica solo mejora la calidad de vida de una minoría: la casta política y los empresarios prebendarios.
A ellos, los gobiernos de turno les entregan el control de los servicios públicos, convirtiendo necesidades básicas en negocios privados. En Popayán, lo sufrimos cada mes con los abusivos cobros por servicios públicos, que castigan a los hogares mientras enriquecen a unos pocos.
El caso UNGRD: la moral oficial en venta
El escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) destapó un presunto desvío de $4.000 millones para “engrasar” la agenda legislativa a punta de carrotanques fantasmas. Imputaciones a exdirectivos cercanos al Palacio y congresistas evidencian que la compra de conciencias sigue siendo un atajo cotidiano. La defensa oficial argumenta que se “corrigieron las fallas” y los vehículos ya reparten agua; la ciudadanía solo ve un patrón repetido: primero la coima, luego la excusa.
Mientras la inseguridad avanza y la economía apenas crece, el Congreso prioriza reformas a la medida de partidos y gremios. Iniciativas claves se convierten en moneda de cambio, y cualquier disenso se etiqueta de “obstrucción”. El resultado es una brecha cada vez más amplia entre discursos épicos y realidades precarias: inflación que recorta el salario, sistemas de salud y educación al borde, y territorios capturados por estructuras criminales.
Una crisis que trasciende la Casa de Nariño
Sería ingenuo atribuir la desconfianza a un solo gobierno. Odebrecht, la “mermelada” santista, la parapolítica o la compra de votos de la “Ñeñepolítica” demuestran que el virus es sistémico. La actual administración, sin embargo, dinamita el argumento de que una etiqueta ideológica basta para redimir la función pública. Al contrario, confirma que la cultura de privilegios es transversal y que los contrapesos institucionales siguen siendo endebles o cooptables.
¿Qué sigue para la mayoría?
- Castiguemos o premiemos en las urnas gestiones con base en evidencia, no en hashtags ni discursos floridos. Es momento de dejar la fe ciega y ver la realidad: las cifras no mienten.
Porque, sin lugar a dudas, el dato mata al relato. - Veeduría ciudadana permanente. Herramientas de acceso a la información, auditorías públicas y presión mediática no deben relegarse a las elecciones.
- Reforma política real. Listas cerradas con requisitos de democracia interna, financiación 100 % pública controlada y muerte política para condenados por corrupción.
- Fortalecer la justicia. Priorizar nombramientos meritocráticos y blindar presupuestos para entes de control verdaderamente autónomos.
¿Por qué importa?
Un país donde 6 de cada 10 personas desconfían del presidente y solo 39/100 confían en las instituciones públicas está expuesto a la tentación autoritaria, a la parálisis económica y a la violencia como lenguaje de reclamo. Hasta que la política deje de ser un negocio y los políticos un club cerrado, cualquier agenda de cambio será puro maquillaje. Es hora de que las mayorías pasemos de indignadas a organizadas. Sin presión social sostenida, la rosca se reciclará cada cuatro años… con otro color, otro lema y los mismos resultados.
¡Basta de farsantes disfrazados de salvadores! Nos han saqueado con impunidad desde todos los espectros ideológicos. El Estado no es la solución, es el botín. Y mientras los burócratas y sus amigos empresarios viven como reyes, el pueblo paga los platos rotos con impuestos abusivos y servicios miserables. ¡Despertemos! No necesitamos más mesías con discursos vacíos, necesitamos ciudadanos despiertos, furiosos y con los ojos puestos en los hechos. Porque si no rompemos con esta casta parasitaria, ellos van a terminar de romper con lo poco que nos queda.
La desilusión puede ser combustible de cambio o de cinismo. Hagamos que esta vez sea lo primero.