El decreto ATEA y la Amenaza a la Convivencia en el Cauca

Esta medida, que se ha presentado como un avance en la gobernabilidad indígena, podría, en realidad, desatar una nueva era de conflictividad social en un departamento que ya ha sufrido demasiado por la violencia y la falta de cohesión.

El decreto ATEA, en su esencia, busca fortalecer la gobernabilidad y la jurisdicción especial de los pueblos indígenas en temas territoriales y ambientales. Sin embargo, lo que podría parecer un logro para las comunidades indígenas del Cauca, representa un golpe bajo para las demás etnias y grupos sociales que conviven en esta región. Campesinos y afrodescendientes han levantado su voz en contra de esta medida, alertando sobre los peligros que conlleva una imposición unilateral de competencias sin el debido consenso y socialización con todas las partes afectadas.

Es imperativo recordar que el Cauca es un departamento profundamente diverso, donde comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes han coexistido durante siglos, a menudo en medio de tensiones, pero también con un respeto mutuo que ha permitido una convivencia pacífica, aunque frágil. El decreto ATEA, tal como está planteado, amenaza con romper ese delicado equilibrio, generando un conflicto territorial que podría escalar rápidamente en violencia.

El presidente Petro, al celebrar este decreto como un "paso adelante en la concertación social", parece haber olvidado que la verdadera concertación debe incluir a todas las partes interesadas, no solo a una. La Agencia Nacional Campesina, en su comunicado reciente, advirtió con razón que este decreto podría "aumentar la intensidad de los conflictos por la tierra, el territorio y la autoridad" entre campesinos e indígenas. No es difícil prever un futuro donde el control sobre recursos vitales, como el agua, se convierta en un nuevo campo de batalla, exacerbando las divisiones étnicas y sociales en el departamento.

Además, la ausencia de un pacto interétnico real, que incluya a todos los actores territoriales, es una falla grave que podría tener consecuencias catastróficas. El representante a la Cámara por el Cauca, Óscar Campo, ha sido claro en señalar que el decreto ATEA, tal como se presentó, no es el resultado de un verdadero consenso. Si no se corrige esta situación, el gobierno estará abriendo una nueva herida en un departamento que ya lleva demasiado tiempo sangrando.

Este editorial no busca desconocer las necesidades y derechos de las comunidades indígenas, quienes han sufrido históricamente la marginación y el olvido por parte del Estado. Sin embargo, la solución no puede ser crear una nueva jerarquía que excluya o minimice a otros grupos igualmente vulnerables. El camino hacia la paz y la convivencia en el Cauca debe construirse sobre la base del diálogo inclusivo, el respeto mutuo y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural que caracteriza a esta región.

El gobierno de Gustavo Petro debe detenerse a reflexionar sobre las implicaciones de este decreto y abrir de inmediato un espacio de diálogo que incluya a todas las comunidades del Cauca. De lo contrario, estará contribuyendo a la creación de una nueva "olla a presión" social, que en cualquier momento podría explotar, con consecuencias nefastas para la paz y el desarrollo en el departamento.

Cauca no necesita más conflicto; necesita soluciones que unan, no que dividan.

Este es el Rifi Rafe entre los Representantes a la Cámara por el Cauca Hermes Pete y Oscar Campo.