El caso Fabián Ruiz: periodismo, derechos y la línea que nunca cruzamos
En días recientes, este medio publicó la nota “Foto de familia… ¿o flagrante violación?”, donde se reseñó la presencia de varios funcionarios y contratistas en un acto político en el Cauca.
Entre los asistentes mencionados, aparecía el ingeniero Fabián Ruiz, cuya imagen y nombre despertaron debate público.
James Ruiz
Hoy, el abogado Carlos Arturo Oviedo nos envía una reflexión que consideramos necesaria de compartir y analizar, porque pone sobre la mesa algo que, como medio de comunicación responsable, tenemos muy claro: no somos jueces, no dictamos sentencias, no inhabilitamos personas. Nuestra tarea es informar, señalar hechos y abrir espacios de discusión ciudadana.
"Fabian Ruiz: Esta inhabilitado?
En un país donde la política ha sido tantas veces desdibujada por los abusos de poder, es comprensible que existan ciudadanos atentos, vigilantes, críticos. Lo que no es comprensible —ni aceptable— es que ese necesario ejercicio de veeduría derive en juicios anticipados, en linchamientos mediáticos y en narrativas donde la sospecha reemplaza a la prueba.
Eso es lo que ocurre con el reciente artículo titulado “Foto de familia… ¿o flagrante violación?”, donde se hace una serie de señalamientos a cuatro personas que —según su autor— habrían violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades a la participación política. Entre ellos, se menciona al Ingeniero Fabián Ruiz, sugiriendo que su sola presencia en un evento político, sumada al hecho de “sonar” como posible secretario de Infraestructura del Cauca, lo inhabilita moral o legalmente para ejercer su ciudadanía.
Y aquí hay que hacer un alto. Porque ninguna norma en Colombia impide a un ciudadano asistir a una reunión política, ni simpatizar con un partido, ni tomarse una fotografía, ni ejercer su libertad de expresión, salvo que tenga un vínculo formal con el Estado que lo obligue a guardar neutralidad. Y ese no es el caso de Fabián Ruiz.
Ruiz no ha sido nombrado en ningún cargo público, no ha suscrito acta de posesión. No es funcionario no representa a una institución oficial. En consecuencia, no le aplica la restricción del Artículo 127 de la Constitución, que prohíbe a empleados públicos participar en política. Lo que ha hecho es ejercer su derecho constitucional a militar en un partido, algo que no solo es legítimo, sino esencial en una democracia.
Incluso si su nombre ha sido mencionado informalmente en conversaciones como posible perfil para ocupar un cargo, eso no lo convierte en servidor público. Confundir rumores de pasillo con vínculos legales es no solo una imprecisión técnica, sino una injusticia política.
Y aquí el riesgo no es menor. Porque si empezamos a tratar como sospechosos a los ciudadanos que participan en política, bajo el argumento de que "podrían llegar a ser funcionarios", estaríamos estableciendo una especie de “estado de pre-inhabilidad” que vulnera el principio de presunción de inocencia y criminaliza el derecho a ejercer la política como cualquier otro colombiano.
La Constitución es clara: todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y eso incluye afiliarse, simpatizar, opinar, tomarse una foto, o —por qué no— aspirar a servir en la administración pública. El único límite es la ley. Y esa ley no ha sido vulnerada.
A diferencia de lo que sugiere el artículo, Ruiz no ha puesto la cara como funcionario, no ha promovido candidaturas desde una oficina pública, no ha firmado como parte del Estado, ni ha usado recursos oficiales. Lo que ha hecho —y con pleno derecho— es manifestar su afinidad política, como lo puede hacer cualquier colombiano en un Estado social de derecho.
Por eso, más que escandalizarnos por una imagen, deberíamos escandalizarnos por algo más profundo: el uso del discurso moralista para bloquear la participación política de los ciudadanos. La democracia se defiende con argumentos, no con suposiciones. Y el control institucional debe ejercerse con pruebas, no con prejuicios.
Fabián Ruiz tiene el mismo derecho que cualquier otro a participar en política mientras no tenga vínculos funcionales con el Estado. Y si algún día accede a un cargo, será entonces —y solo entonces— cuando le será exigible la neutralidad institucional.
Hasta ese momento, lo que hay que garantizar es que nadie —absolutamente nadie— sea silenciado o deslegitimado por el simple hecho de querer participar.
La Constitución no solo protege a quienes ya tienen poder. También resguarda a quienes —como muchos— quieren ejercerlo con legalidad y compromiso desde la ciudadanía."
Nuestro rol como medio
En PeriódicoVirtual.com creemos firmemente que el periodismo debe ser vigilante, crítico y veraz, pero también que debe respetar la presunción de inocencia y el derecho a la participación política. No construimos linchamientos mediáticos ni fabricamos culpables; señalamos hechos, los contextualizamos y damos voz a diferentes perspectivas para que la ciudadanía saque sus conclusiones.
No juzgamos, no condenamos, no absolvemos. Informamos.
El juicio de responsabilidad, si es que hay lugar, corresponde a las autoridades competentes, no a la prensa.
El fondo del debate
El caso de Fabián Ruiz nos recuerda que la democracia no solo protege a quienes ya ejercen el poder, sino también a quienes desean participar en él de forma legal y legítima. Criminalizar la sola presencia en un evento político de alguien que no tiene restricciones legales sería un error que erosiona los derechos fundamentales.
Como medio, seguiremos cumpliendo nuestro rol: alertar sobre posibles irregularidades cuando existan indicios, pero también defender el principio de que nadie debe ser deslegitimado sin pruebas claras y sin el debido proceso.
El periodismo libre es el que puede investigar, preguntar y señalar, pero también el que sabe reconocer los límites que impone la ley y la ética. Y uno de esos límites es no convertir la opinión en condena, ni el rumor en verdad.
Por eso lo decimos con todas las letras: ¡Viva la libertad de prensa! ¡Viva la libertad de participación política!
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Comparte esta nota. Defender la libertad de expresión es también defender la democracia.