El Cauca da un paso firme hacia su política pública de Seguridad y Soberanía Alimentaria

En un departamento donde la riqueza agrícola convive históricamente con la desnutrición, la pobreza rural y la inseguridad alimentaria de miles de familias, el Cauca avanza en la construcción de una herramienta que podría marcar un antes y un después en la forma en que el territorio entiende y garantiza el derecho a la alimentación. El Comité Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional celebró su segunda sesión de trabajo, en la que los avances en la formulación de la política pública departamental ocuparon el centro del debate técnico e institucional.

Lo que distingue este proceso de formulación de política pública es, precisamente, su metodología. No se trata de un documento elaborado exclusivamente desde los despachos oficiales ni impuesto desde la tecnocracia institucional. La política de Seguridad y Soberanía Alimentaria del Cauca se está construyendo desde el territorio, con la gente y para la gente.

En la segunda sesión del Comité, las instituciones participantes socializaron los avances obtenidos a través de tres herramientas fundamentales: la aplicación de encuestas en distintos municipios del departamento, la realización de talleres participativos con comunidades y actores clave del sector alimentario, y la recolección sistemática de información técnica y comunitaria que permita que el documento final refleje la realidad del Cauca profundo.

Este enfoque participativo no es un detalle menor. Una política alimentaria que no consulte a los agricultores, a las mujeres que sostienen la seguridad alimentaria de sus hogares, a los pueblos indígenas y afrodescendientes que han cultivado estos territorios durante siglos, o a las familias campesinas que enfrentan el hambre como una realidad cotidiana, será siempre una política incompleta. El Cauca parece haber entendido esa lección.

Uno de los temas centrales que abordó la segunda sesión fue el plan de respuesta transectorial, un mecanismo que busca que la política alimentaria no quede encasillada en un solo sector institucional, sino que involucre de manera coordinada a distintas entidades y dependencias del Gobierno Departamental.

La seguridad alimentaria es, por naturaleza, un asunto que cruza múltiples sectores: la salud, cuando se habla de desnutrición infantil o enfermedades asociadas a la mala alimentación; la educación, cuando se analiza el impacto del hambre en el rendimiento escolar; el desarrollo rural, cuando se discuten las condiciones de producción agrícola de los campesinos; el medio ambiente, cuando se piensa en los ecosistemas que hacen posible la producción de alimentos; y la economía, cuando se habla de precios, mercados y acceso.

Que el Comité haya puesto sobre la mesa un plan de respuesta transectorial indica que esta política busca trascender los enfoques fragmentados que históricamente han limitado la efectividad de las intervenciones en materia alimentaria en el departamento.

Otro de los puntos destacados de la sesión fue la discusión en torno a las compras públicas como herramienta estratégica para fortalecer la seguridad y la soberanía alimentaria en el Cauca. Este mecanismo, que consiste en que el Estado compre directamente a los pequeños y medianos productores locales para abastecer programas de alimentación escolar, hospitales, hogares infantiles y otros servicios públicos, puede tener un efecto transformador sobre las economías campesinas del departamento.

Cuando el Estado caucano le compra a un agricultor de Morales, de Mercaderes, de Toribío o de Timbiquí, no solo le está garantizando un mercado seguro para su producción: le está reconociendo su papel como productor de alimentos, está fortaleciendo la economía local, está reduciendo la dependencia de cadenas de intermediación que muchas veces se quedan con la mayor parte del valor generado por el campo, y está construyendo soberanía alimentaria desde adentro.

 El Cauca es un departamento que produce café, cacao, caña, plátano, frutas, verduras y una diversidad impresionante de alimentos. Y, sin embargo, enfrenta indicadores preocupantes de desnutrición, especialmente en sus zonas rurales y en los municipios con mayor presencia de comunidades étnicas. Esa paradoja, la de un territorio fértil con comunidades que padecen hambre, es el punto de partida que justifica la urgencia de una política pública seria, participativa y con financiamiento garantizado.

La formulación de este documento de política es una oportunidad histórica para que el Cauca cuente, por primera vez, con una hoja de ruta clara, concertada y vinculante que oriente las decisiones institucionales en materia alimentaria durante los próximos años.

La segunda sesión del Comité Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional deja en evidencia que el proceso está en marcha y que hay voluntad institucional de avanzar. Los avances en encuestas, talleres y recolección de información son pasos concretos en la dirección correcta. Ahora el desafío es sostener ese ritmo, garantizar que las voces de las comunidades más vulnerables queden efectivamente reflejadas en el documento final y que la política no se quede en el papel.