El Concejal José Luis Diago Franco recibe un portazo en la CRC: Un síntoma de la desconexión pública

Este no es solo un conflicto administrativo más; es un claro síntoma de la desconexión entre las entidades públicas y los líderes que representan a los ciudadanos. Si esto le sucede a un concejal en ejercicio, a un académico de prestigio, y a un líder político y social con la trayectoria de Diago Franco, ¿qué nos queda para el ciudadano común?

José Luis Diago Franco no es un cualquiera en la arena política y social de Popayán. Exrector de la Universidad del Cauca, con una hoja de vida impecable, su experiencia y servicio público no pueden ser ignorados. La negativa de acceso por parte de alguna asesora del director con delirios de grandeza  a las instalaciones de la CRC,  no solo es un desaire a su trayectoria, sino una burla a los principios de respeto y transparencia que deben guiar la gestión pública.

Este hecho pone en tela de juicio el manejo interno de la CRC y genera serias dudas sobre su imparcialidad. ¿Por qué negarle la entrada a una figura política de tal relevancia? ¿Qué tensiones internas, favoritismos o negligencias se esconden detrás de esta decisión? La falta de acceso a Diago Franco no es solo un incidente desafortunado; es una señal de cómo esta entidad trata a aquellos que cuestionan o, simplemente, intentan ejercer su derecho a ser escuchados.

El agravante de esta situación radica en la relación cercana que mantiene Diago Franco con el Director General, Amarildo Correa Obando. Es imposible no preguntarse si los asesores y los funcionarios de la CRC están actuando de acuerdo con los valores de imparcialidad y equidad que deben guiar a toda entidad pública. La negación de entrada a una figura tan influyente podría interpretarse como un gesto de conflicto interno o, peor aún, de desprecio hacia un servidor público que ha dedicado su vida a la región.

Pero más allá de lo que representa este incidente en particular, lo que realmente debería preocuparnos es la imagen que esto proyecta hacia los ciudadanos. Si a un concejal se le cierra la puerta de una entidad pública, ¿qué posibilidades tiene una persona común y corriente de ser atendida y tratada con respeto? El trato que se da a los representantes de la sociedad, como Diago Franco, es el espejo de cómo serán tratadas las personas que no tienen poder ni influencia.

Es imperativo que el director de la CRC, Amarildo Correa, tome acción inmediata para rectificar la situación actual. Liderar una entidad pública con la misión de promover el desarrollo sostenible y la visión de ser una institución líder en la gestión ambiental no es solo un deber, sino una responsabilidad que afecta directamente la calidad de vida de los caucanos. La inacción no solo contradice los principios de la CRC, sino que lo expone a ser el centro de críticas por no cumplir con su deber de atender adecuadamente a la ciudadanía. El llamado es claro: o se toman las medidas necesarias para corregir estas deficiencias, o se continuará siendo blanco de las crecientes críticas.

Es momento de exigir que la CRC y otras entidades públicas se comporten a la altura de las expectativas ciudadanas. No podemos permitir que la burocracia y los personalismos socaven el derecho de cualquier individuo, sea o no una figura pública, a ser tratado con dignidad. La transparencia, la equidad y el respeto no deben ser simples palabras en un manual, sino los pilares de una verdadera administración pública comprometida con todos los ciudadanos.