El concejal más privatizador de la historia de Popayán vuelve a ser elegido presidente del Concejo

En Popayán, algunos dirigentes tienen una extraordinaria habilidad: participan en decisiones controvertidas, sobreviven a los cuestionamientos y reaparecen como los llamados a solucionar los problemas. José Alexander Campo vuelve a la presidencia del Concejo para 2027 y su elección obliga a revisar las promesas incumplidas. La memoria, al parecer, funciona para juzgar a los demás y se suspende cuando comienza el homenaje propio.

El archivo de PeriódicoVirtual.com permite seguir una historia que atraviesa varias administraciones: Ramiro Navia y la entrega de la operación del aseo a Serviaseo; Francisco Fuentes y la prolongación de la concesión de alumbrado; César Cristian Gómez y la participación de Quipux en servicios de tránsito; Juan Carlos López Castrillón y la creación de Ciudad Moderna. Son decisiones diferentes, con contratos y alcances propios, que ampliaron la intervención privada en funciones y servicios de la ciudad.

Los alcaldes tuvieron responsabilidad, y también los concejales que otorgaron facultades. La historia no puede contarse como si el Concejo hubiera sido un espectador sorprendido.

Campo respaldó las facultades para entregar la operación del aseo durante la administración de Navia. También está registrado su apoyo al modelo de empresa mixta de alumbrado.

Por eso su regreso exige revisar qué resultados dejaron esas decisiones. Una quinta elección, según lo que él mismo destacó en la sesión, demuestra capacidad para conservar apoyos. Que esa permanencia le haya servido a Popayán requiere pruebas que todavía deben presentarse.

Imbachí y Manrique: el cambio terminó demasiado cómodo

La contradicción de Diana Imbachí y Pablo Manrique merece una crítica directa. Fueron elegidos por una opción política asociada a la defensa de lo público y a la transformación de las prácticas tradicionales. Sus decisiones deben responder a ese compromiso.

En octubre de 2025, apoyaron al también privatizador Daniel Muñoz para presidir el Concejo en 2026. Ahora, acompañaron la elección de Campo para 2027.

Magnífica manera de enfrentar la continuidad: ayudarla a conseguir otra presidencia.

La contradicción es evidente. Prometer renovación y terminar respaldando a figuras cuestionadas por las decisiones que se ofrecía combatir vacía de contenido la promesa. La bandera del Pacto Histórico no convierte una alianza en transformación por el simple hecho de ondear junto a ella.

Imbachí y Manrique deben explicar qué razones concretas justificaron su voto. La ciudadanía no los eligió para que sustituyeran el control sobre sus aliados por la comodidad de una mayoría.

El G11 no puede vivir de felicitarse

Campo reivindica al G11. La ciudad tiene derecho a conocer qué produjo esa influencia.

Una coalición puede reunir votos, elegir directivas y mantener unidos a sus integrantes. Nada de eso recoge una bolsa de basura, mejora una vía o garantiza un servicio eficiente. Su utilidad pública se demuestra con decisiones y resultados.

Sí existen actuaciones de control político. El propio Concejo ha registrado debates sobre ejecución presupuestal, transporte y retrasos del Plan de Desarrollo. En marzo de 2026 volvió a advertir rezagos y reprogramaciones de metas de 2024 y 2025. Ese antecedente obliga a evaluar qué cambió después de los debates.

Juan Carlos Muñoz Bravo debe responder por la recuperación prometida. A nuestro juicio, los rezagos documentados muestran que esa promesa sigue en deuda. El Concejo debe fiscalizarla con independencia, incluso cuando hacerlo incomode a sus aliados.

Popayán necesita menos ceremonias de satisfacción y más balances de cumplimiento.

El ciudadano debe estar primero

Una empresa debe ganar por prestar bien un servicio, cumplir sus obligaciones y ofrecer condiciones convenientes. La participación privada no garantiza eficiencia, del mismo modo que una operación pública no asegura buena gestión.

Lo inaceptable es pedirle al ciudadano confianza indefinida mientras las decisiones sobre sus servicios quedan protegidas del escrutinio. Cada contrato debe demostrar su conveniencia y cada funcionario debe responder por lo que autorizó.

De cara a 2027, los payaneses debemos exigir una alternativa capaz de romper con esas prácticas, con compromisos verificables y sin deudas políticas que comprometan su independencia.

Al carajo con la pretensión de que conservar el poder equivale a servir a la ciudad. Campo debe responder por sus decisiones; Imbachí y Manrique, por sus alianzas; y el G11, por los resultados de su influencia.

Popayán no necesita que los mismos se presenten otra vez como sus salvadores. Necesita que quienes han decidido sobre su futuro expliquen sus resultados antes de pedir otro aplauso.

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