El confinamiento más largo: campaña del CICR en Colombia

Sin embargo, en el caso de Colombia, varias comunidades ya identificaban este concepto mucho antes de la crisis sanitaria global del 2020.

En Colombia, comunidades de todo el país han visto restringidos sus movimientos durante décadas, sin poder salir o moverse con tranquilidad por miedo a dar un mal paso debido a la presencia de artefactos explosivos. Esto no es normal, ni debería serlo.

Las minas antipersonal, los restos explosivos de guerra, los artefactos de detonación controlada y los artefactos lanzados tienen efectos directos sobre la población civil. Entre enero de 2018 y agosto de 2023, el CICR ha registrado 2.312 víctimas de artefactos explosivos, correspondiendo la mayoría de ellas a civiles. Este indicador evidencia de manera clara la tragedia humanitaria que produce esta problemática.

No obstante, también existen efectos indirectos que se derivan del fenómeno, como el confinamiento, el desplazamiento, las afectaciones psicológicas y la zozobra que, aunque son menos visibles, son igualmente graves pues transforman por completo y de manera profunda la vida de las poblaciones.

La reconfiguración de los conflictos armados en el país, las disputas territoriales entre diversos actores armados, así como el control de los cultivos ilícitos han empeorado esta situación, que muchas veces pasa silenciosa en las zonas más afectadas.

Para muchos colombianos que habitan en las zonas afectadas por los conflictos armados y la violencia, el no poder salir de sus hogares significa dormir con hambre y sed, no poder recoger la cosecha y quedarse sin acceso a servicios médicos y educativos. Foto: Juan Duque / CICR

Según la Unidad Para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas, el número de personas confinadas por los conflictos armados en Colombia es de 137.500 si analizamos las cifras desde enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2022, estas evidencian que los departamentos afectados son casi los mismos a través de los años: Chocó lidera con más del 70 % de las personas confinadas en el país, y le siguen Antioquia y Nariño. En este periodo también figura Arauca, Risaralda, Putumayo, Valle del Cauca y Cauca. Algunos, como Norte de Santander, si bien no están en las cifras oficiales, sabemos por nuestro trabajo con las comunidades, que se ha visto perjudicado.

Este fenómeno tiene como consecuencia que comunidades enteras experimenten temor, ansiedad e impotencia, pues han perdido sus medios de subsistencia y el acceso a servicios médicos y educativos al no poder transitar libremente por su territorio, debido la amenaza constante y silenciosa que representan los artefactos explosivos.

Sumado a esto, las personas se han visto en la obligación de dejar de trabajar la tierra y vivir con hambre, no poder acceder a fuentes de agua, alejarse de familiares y amigos por temor a salir, dejar de lado sus prácticas ancestrales y vivir con un miedo constante a morir.

Sin embargo, los conflictos armados no son la única causa de los confinamientos. La violencia armada en entornos urbanos ha dejado a comunidades enteras sin poder salir. Este fenómeno también confina a las personas en los barrios, tal como ocurre en ciudades como Buenaventura, Tumaco, Cali, Medellín o Bogotá.

#ElConfinamientoMásLargo es una campaña del CICR Colombia y tiene como objetivo sensibilizar sobre las múltiples afectaciones y el sufrimiento que genera la presencia de artefactos explosivos en diferentes comunidades a lo largo del país.

El riesgo latente de sufrir un accidente con artefactos explosivos por transitar de un lugar a otro en zonas rurales ha sido determinante para que muchas personas opten por quedarse en casa y no puedan ser atendidas por el personal de salud, además de que no lleguen los insumos necesarios para la atención básica. Foto: Ricardo Monsalve / CICR

Qué dice el DIH sobre el confinamiento y los artefactos explosivos

En términos generales, el derecho internacional humanitario (DIH) prohíbe los métodos y medios de guerra indiscriminados y/o que causan daños superfluos o sufrimientos innecesarios. Esas restricciones se aplican al tipo de armas utilizadas, a la manera en que se las emplea y a la conducta general de todos los que participan en el conflicto armado. Por lo tanto, el uso indiscriminado de artefactos explosivos va en contra de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.

En cuanto al confinamiento, si bien no está expresamente nombrado en la normativa referente a los conflictos armados no internacionales (Art. 3 Común, Protocolo Adicional II y DIH Consuetudinario), el DIH si establece obligaciones a las partes en conflictos de tratar con dignidad a toda persona bajo su control. Se prohíbe especialmente los atentados contra la dignidad personal, los tratos humillantes y/o degradantes.

Asimismo, el confinamiento trae consigo consecuencias humanitarias que vinculan obligaciones como la protección debida de la población civil (Art. 13), la prohibición de hacer padecer hambre (Art. 14 PII) y proveer acciones de socorro, cuando estén padeciendo privaciones extremadas por la falta de abastecimientos indispensables para su supervivencia, tales como víveres y suministros sanitarios, acciones que pueden hacer a través de organizaciones humanitarias imparciales (art. 18 PII).

137.500 personas confinadas en Colombia desde enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2022.