El contraste que incomoda: Tránsito de Popayán omite depurar multas prescritas mientras Timbío cumple la ley
Una denuncia liderada por José Luis Diago y la firma JM Abogados expone un rezago multimillonario en la capital del Cauca.
Fallos judiciales advierten que los ciudadanos están asumiendo la mora institucional de la Alcaldía.
En Popayán, la gestión de las sanciones de tránsito ha escalado de una simple discusión administrativa a una controversia judicial de grandes proporciones.
El defensor de derechos humanos y concejal José Luis Diago Franco, respaldado jurídica y técnicamente por la firma JM Abogados & Asesores, ha puesto en evidencia que la Secretaría de Tránsito municipal acumula un rezago masivo al negarse a declarar de oficio la prescripción de miles de comparendos vencidos.
La situación ha dejado a la administración payanesa sin margen de maniobra argumentativo, especialmente después de que el vecino municipio de Timbío demostrara, con actos administrativos en mano, que sí es posible cumplir la ley y sanear la cartera moratoria.
El peso de las cifras y el regaño del Tribunal
El punto de inflexión de esta denuncia está documentado en la Sentencia Constitucional No. 069 del 7 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca. Tras una solicitud de información de Diago Franco, la propia Secretaría de Tránsito reconoció un atraso administrativo alarmante con corte al año 2023.
Las cifras presentadas en el expediente reflejan una parálisis institucional:
- 1.912 comparendos con más de un año sin resolución sancionatoria.
- 1.531 procesos afectados por caducidad.
- 67.799 resoluciones sancionatorias sin inicio o culminación de cobro coactivo.
- $13.934.157.644 en sanciones ya prescritas.
- Solo 27 comparendos depurados por solicitud expresa de los ciudadanos.
Ante este panorama, el Tribunal Administrativo del Cauca fue tajante y emitió una directriz que hoy fundamenta la exigencia ciudadana: "el ciudadano no debe cargar con su mora institucional". El fallo dejó claro que la autoridad no puede limitarse a dar explicaciones genéricas, sino que tiene el deber legal de expedir los actos que declaren la prescripción de oficio.
Timbío: El ejemplo que expone a Popayán
Mientras la capital del departamento sigue enredada en la inacción, a escasos kilómetros, en Timbío, la realidad es otra. A través de la Sentencia No. 025 del 18 de febrero de 2026, originada por una acción de cumplimiento de JM Abogados & Asesores S.A.S., se obligó a aplicar el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito.
La respuesta de Timbío no fue teórica. Mediante la Resolución 2169 del 2 de diciembre de 2025 (un robusto documento de 286 páginas), la Secretaría de Tránsito de ese municipio declaró expresamente la prescripción de cobro para 1.918 sanciones, depurando de su sistema cerca de $1.323 millones. Este municipio aplicó la norma de manera oficiosa al comprobar que habían transcurrido más de tres años sin actuaciones interruptoras, citando incluso la jurisprudencia que hoy acorrala a Popayán.
Este caso trasciende las cifras y toca directamente el bolsillo y los derechos de los conductores. Mantener deudas prescritas activas en el sistema genera un "cobro fantasma" que impide a los ciudadanos realizar trámites legales, renovar licencias o vender vehículos. Además, refleja un problema de legalidad administrativa: si un municipio pequeño como Timbío cuenta con la capacidad operativa para limpiar su cartera moratoria y proteger el debido proceso, la omisión de Popayán se percibe no como una falta de recursos, sino como una falta de voluntad política para asumir su propia ineficiencia.
El balón en la cancha del Alcalde
El contraste es verificable y contundente: en Timbío hay actos administrativos palpables; en Popayán, excusas y expedientes acumulados. La denuncia estructurada por Diago Franco y sus asesores exige una respuesta estructural, integral y pública por parte de la Alcaldía de Popayán.
¿Por qué la capital caucana se resiste a aplicar una ley que ya es efectiva en su área metropolitana?
Información en desarrollo. A la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Popayán ante los requerimientos de control político.
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