El cuestionado legado de Lizeth Plazas: ineficiencia para Popayán, pero máxima efectividad para el negocio de Quipux
Mientras la ciudad padece el colapso en la movilidad y graves escándalos por la anulación de comparendos, la administración de Juan Carlos Muñoz Bravo incumple su promesa de "Recuperar a Popayán", consolidando la privatización del recaudo vial.
La salida de Lizeth Vanessa Plazas Quibano de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Popayán ha dejado un balance crítico para la institucionalidad, pero un saldo operativo sumamente favorable para la empresa privada Quipux S.A.S. A pesar de haber abandonado su cargo en medio de severos cuestionamientos por presunta corrupción, falta de resultados y el colapso en la movilidad, la exfuncionaria demostró una notable diligencia para habilitar la expansión del negocio de las fotomultas en la capital caucana.
El último acto de su cuestionada gestión fue la expedición de las Resoluciones 002 y 141 de 2026, mediante las cuales se oficializó el inicio de la fase de socialización de dos (2) nuevos Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros Medios Tecnológicos para la Detección de Infracciones de Tránsito (SAST), ubicados estratégicamente en el sector de Bellavista (Carrera 9 con Calle 60N).
Ineficiencia en lo público, eficacia para el privado
El contraste en la gestión de Plazas Quibano resulta insoslayable. Por un lado, su administración fue incapaz de resolver el caos generado por las intersecciones semafóricas apagadas y se vio envuelta en el escándalo de las 22 resoluciones que, presuntamente de forma irregular, anularon multas a familiares del congresista Jorge Bastidas.
Por otro lado, a la hora de garantizar la operatividad de los equipos de fotodetección que engrosan las arcas del concesionario Quipux, la Secretaría operó con celeridad y máxima efectividad. Estas nuevas cámaras fiscalizarán en ambos sentidos contravenciones clave como:
- C14: Pico y Placa y circulación en horario restringido.
- C24: Conducir motocicleta incumpliendo las normas de tránsito.
- C29: Exceder la velocidad máxima permitida de 50 km/h.
- C35 y D02: No contar con revisión técnico-mecánica vigente o transitar sin SOAT.
- D03 y D05: Transitar en sentido contrario o por zonas prohibidas.
"A los infractores sin padrinos políticos se les persigue con tecnología de punta concesionada, mientras el dinero que debería reinvertirse en las calles termina en cuentas privadas".
La promesa rota: Muñoz Bravo no "recuperó a Popayán"
Desde la línea editorial de periódicovirtual.com hemos sido enfáticos: jamás nos opondremos a que los ciudadanos cumplan la ley. Portar el SOAT, mantener la revisión técnico-mecánica al día y respetar los límites de velocidad son obligaciones innegociables para proteger la vida en las vías.
A lo que sí nos oponemos categóricamente es al modelo de privatización que desangra las finanzas del municipio desde la época de Ramiro Navia, y cuyo negocio redondo con Quipux fue consolidado durante la alcaldía de César Cristian Gómez Castro, hoy investigado judicialmente por las presuntas irregularidades en esta concesión.
Naydú Baquero
La ciudadanía depositó su confianza en el alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo bajo su principal bandera de campaña: "Recuperar a Popayán". Se esperaba que esta administración ejerciera una férrea defensa jurídica para retomar el control del recaudo y lograr que las utilidades de estas infracciones se invirtieran en arreglar las vías y semáforos de todos los payaneses. Lejos de cumplir esta promesa, el actual gobierno municipal mantuvo atornillada a una funcionaria ineficiente para la ciudad, pero perfecta para blindar y expandir los intereses del operador privado.
El legado operativo que deja esta Secretaría de Tránsito evidencia una profunda crisis en la priorización de los recursos de Popayán:
- Desvío del recurso público: Las jugosas utilidades generadas por el control vial continúan fluyendo mayoritariamente hacia un actor privado, en lugar de fortalecer el erario municipal para solucionar la precaria malla vial.
- Desigualdad institucional: Mientras la ciudad padece anarquía por falta de planeación y control físico, la tecnología puntera solo se implementa cuando hay un negocio tercerizado de por medio.
- Pérdida de confianza: El incumplimiento de la promesa de recuperar este servicio público erosiona la credibilidad de la administración de Muñoz Bravo, dejándola expuesta como un gobierno que toleró la ineficiencia pública a cambio de garantizar rentabilidades privadas.
Mientras avanza el periodo de socialización en la Carrera 9 Norte, las veedurías ciudadanas han anunciado que exigirán los soportes técnicos y la certificación de calibración de los nuevos dispositivos. A la par, se espera que los organismos de control aceleren las investigaciones sobre la saliente secretaria, exigiendo respuestas concretas sobre el manejo ético y administrativo que rigió su paso por la entidad.
Nota del editor
Mientras la ciudadanía de Popayán sale a trabajar todos los días para pagar sus impuestos de donde no tiene, las estructuras de poder político del Cauca no descansan, armando desde ya a sus futuros gobernantes para perpetuarse en el poder. A lo largo de los años nos han vendido diferentes ilusiones en campaña; el caso más reciente es el del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo, quien vendió la idea de ser un mandatario «independiente», pero cuyos hechos demuestran lo contrario: terminó siendo esclavo de los políticos de antaño y de los negocios privatizadores, al no tomar acciones claras ni contundentes para recuperar este servicio a favor del municipio. La lección para la ciudadanía debe ser definitiva: es imperativo analizar este panorama y no volver a depositar el voto por quienes han privatizado los servicios públicos de Popayán, ni por aquellos que forman parte de ese andamiaje de poder tradicional. Esas estructuras asfixian el progreso de la ciudad y les impiden a los gobernantes trabajar por la comunidad, obligándolos a operar siempre a favor de intereses particulares.
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