El deporte en Popayán no es un juego de azar

Otro capítulo vergonzoso de improvisación y desprecio por la legalidad en la Secretaría de Deporte.

El deporte en Popayán no es un juego de azar

Una vez más, la Secretaría de Deporte de Popayán protagoniza un episodio que confirma su desprecio sistemático por las normas y su alarmante improvisación. Esta vez, el escándalo tiene nombre propio: un contrato de 5.000 millones de pesos que, tras la expiración de un fondo mixto del Chocó, pretende ser entregado de manera exprés al Cabildo Indígena Kofán, domiciliado en Cali, bajo un convenio interadministrativo que debería firmarse antes del 12 de mayo.

Todo, claro está, sin licitación pública, sin competencia, sin estudio de idoneidad y, como si fuera poco, saltándose de forma descarada los principios de transparencia y selección objetiva establecidos en la Ley 80 de 1993. En la Secretaría de Deporte, pareciera que la ley es opcional, y la transparencia un obstáculo que se debe evitar.

¿Quién es el Cabildo Kofán?

El Cabildo Indígena Kofán de Santiago de Cali es una entidad pública especial, conformada por 159 personas de 73 familias, cuya misión principal es representar legalmente a su comunidad, ejercer autoridad interna y realizar actividades basadas en sus usos, costumbres y reglamentos internos (Decreto 2164 de 1995). Es decir, su razón de ser no es ejecutar contratos multimillonarios de infraestructura deportiva, menos aún en municipios donde no tiene asiento ni conocimiento del territorio.

¿Acaso no existen en el Cauca entidades idóneas para gestionar nuestros escasos recursos públicos? ¿O se busca deliberadamente esquivar los procesos de contratación pública transparente para asignar a dedo contratos de esta magnitud?

Saltándose la legalidad con la excusa del IVA

Uno de los argumentos más endebles esgrimidos para justificar este convenio exprés es el supuesto ahorro del IVA. Sin embargo, de acuerdo con la propia Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), los cabildos indígenas que realizan actividades gravadas, como sería la ejecución de obras, deben asumir las obligaciones tributarias correspondientes, incluido el IVA.

La DIAN, mediante Oficio 905054 de 2021, es clara: salvo excepciones expresas en la ley tributaria, ninguna entidad pública, incluidos los cabildos indígenas, está exenta automáticamente del impuesto sobre las ventas cuando ejecutan actividades comerciales o de prestación de servicios gravados.

Así que, ¿qué se gana realmente? ¿Un eventual ahorro fiscal que ni siquiera tiene sustento jurídico firme, a costa de destruir la confianza en la contratación pública y someter a los recursos municipales a riesgos jurídicos y de ejecución inaceptables?

Una contratación que viola los principios básicos

Recordemos que el principio de selección objetiva busca garantizar que los contratos estatales se celebren con quienes ofrecen las mejores condiciones para el cumplimiento de los fines públicos, no simplemente con quien esté disponible para firmar a la carrera.

Es lamentable constatar que, mientras el estadio Ciro López se deteriora, el complejo acuático agoniza y los polideportivos de Colgate-Palmolive y Santa Catalina claman por intervención urgente, los recursos de los payaneses son asignados mediante prácticas que rayan y tal vez cruzan la ilegalidad.

Popayán merece transparencia, competencia y respeto por sus recursos. No atajos administrativos diseñados para beneficiar a terceros ajenos al territorio.

El alcalde de Popayán Juan Carlos Muñoz Bravo y los entes de control deben actuar de inmediato. No se puede permitir que la Secretaría de Deporte siga siendo la cartera más cuestionada del municipio, ni que los recursos públicos se sigan manejando como si fueran propiedad privada, sujetos a caprichos e improvisaciones sin control.

Invocando los derechos y deberes consagrados en la Constitución Política de Colombia, la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2015 sobre control social, hacemos un llamado urgente a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación para que adopten medidas preventivas y correctivas inmediatas.

Porque administrar un municipio no es un deporte extremo, ni mucho menos un juego de azar.